El juicio a Juan de Mariana

Mariana fue rehabilitado, pero todo el proceso tuvo efectos sobre su vida: nunca más volvió a escribir sobre cuestiones políticas y se centró en la obra puramente religiosa.

Ante las apremiantes necesidades de la Corona y la crónica falta de medios para pagarlas, el corruptísimo Duque de Lerma, valido de Felipe III, arbitra rebajar la moneda para llevar a cabo lo que Juan de Mariana considerará un “latrocinio” a la república. En particular, lo que propone es eliminar la plata del vellón y dejar sólo el cobre. El jesuita reacciona contra los planes de la corona escribiendo un libro, el Tratado y discurso sobre la moneda de vellón (1609), que será determinante en su vida.

El libro es un tratado monetario de urgencia, en el que parte de la necesidad de dar una respuesta a una situación del momento, pero para darla tiene que retrotraerse a los fundamentos del origen y del valor de la moneda. Mariana recurre a un análisis teórico, histórico, ético y político, lo que confiere a su obra una importancia muy superior a la respuesta que da a la situación de la España de El Quijote. Mariana señala que el valor de la moneda depende de su contenido metálico. Muestra que ese es el valor “intrínseco” de la moneda, y que hay otro “extrínseco”, legal, fijado por la Corona. Lo natural es que ambos coincidan, pero señala cómo a lo largo de la historia los reyes han rebajado la moneda, manteniendo su valor legal, para financiarse.

Desde el punto de vista moral, dice que esto equivale a un robo, al cobro de impuestos sin consentimiento del pueblo. Lo que convierte al rey en un tirano. Desde el punto de vista teórico, Mariana señala que esto causa inflación, y si se añaden leyes de precios máximos, escasez. El análisis histórico resulta espectacular por lo comprensivo y prolijo del mismo. Y el análisis político es también muy interesante: el caos económico que causa el rey se torna en desafección del pueblo hacia él, cuando no odio.

El libro es mucho más rico que el apresurado resumen que acabo de hacer. Se prohibió nada más salir, y fue denunciado por Fernando de Acevedo, quien al año siguiente de la denuncia fue nombrado Obispo de Osma y más tarde sería presidente del Consejo de Castilla. Juan de Mariana fue sometido al proceso de la Inquisición. Esta institución, contra lo que suele creerse, era jurisdicción del Estado, y no de la Iglesia. El fiscal, Baltasar Gil Ymon, somete a Mariana a un interrogatorio en la cárcel, donde ya ha enviado el juez al jesuita, que no se retracta y defiende su posición. Ymon saca como conclusión que “dolosa y maliciosamente, y de propósito, y con gran ofensa y escándalo de la república, ha hecho libelos difamatorios y hécholos imprimir con atrevimiento y osadía nunca en estos tiempos usada”.

Entonces, le acusa de una serie de delitos, muchos de los cuales merece la pena que se resalten: poner en entredicho el derecho soberano de acuñar moneda y disponer de su valor, haber escamoteado la necesidad de la reforma monetaria, difamar a los procuradores en Cortes al asegurar de que eran “vendibles”, calificar de tirano a quien impone tributos sin el consentimiento de la república y considerarlo excomulgado, no advertir del peligro de la impaciencia del reino cuando la pronostica e incita, acusar de ineptos a los ministros, acusar de prevaricación a los titulares de oficios públicos y de corrupción a los empleados públicos, decir que “hay gastos superfluos en la casa Real” y, por último, asentar “la mala y atrevida doctrina de que en cosa que toca a todos cada uno tiene libertad de decir lo que quisiera, ahora sea diciendo la verdad, ahora engañándose”. Para el fiscal, ni la verdad es eximente de culpa en un delito de opinión.

A esta ristra de acusaciones responde Mariana con un escrito en el que alega, en resumen, que la publicación se atuvo a las leyes y que “los abusos y cohechos que traté eran públicos”. El juicio continúa con el paso de varios testigos de la defensa y de la acusación, a los que siguen unas alegaciones del fiscal Ymon. Resulta llamativo que Ymon demuestra frente al juez que la Corona extraía numerosos impuestos sin el consentimiento del pueblo. Lo cual alegaba para desmentir las razones de Mariana. Pero confunde el ser y el deber ser, y a ojos de Mariana imagino que no serían sino nuevas pruebas de las denuncias que él mismo había hecho en su obra.

Termina la instrucción, y el 9 de enero de 1610 el juez dicta para sentencia. Entonces es el rey, Felipe III, quien interviene, escribiéndole al Papa Pablo V que mande sentenciar “con asistencia de ministros que yo nombraré” la ejecución del jesuita “sin apelación”. Y le ordena al embajador ante la Santa Sede que compre todos los ejemplares del libro, y los queme.

El embajador, entonces, consulta al auditor del Tribunal de la Rota, en el Vaticano. Éste tuerce los planes del rey y de su venal valido. Le señala que no debe quemar los libros del jesuita, para añadir a continuación la falta de garantías de esa instrucción, pues se le envió a la cárcel antes de que se escuchasen los testigos de la defensa. Hace ver que el Tribunal de la Rota tendrá una mala impresión del desarrollo del juicio, y que verán la captura del reo como “nula e injusta”. Además, todo el proceso es nulo, ya que el juez apostólico aceptó un fiscal secular, siento esto “tan prohibido por los sacros cánones”. Además, señala que no hay pruebas suficientes que atestigüen que Juan de Mariana ha cometido un delito de lesa majestad. En consecuencia, señala el auditor que “no conviene dar el dicho proceso a Su Santidad”, decisión que supuso el sobreseimiento del caso y la puesta en libertad de Juan de Mariana.

Mariana fue rehabilitado, pero todo el proceso tuvo efectos sobre la vida del religioso, ya que nunca más volvió a escribir sobre cuestiones políticas y se centró en la obra puramente religiosa. Felipe III, por su parte, tras comprobar el desastre económico causado por su política inflacionaria, destituye a Lerma y promete volver a la moneda de vellón, la aleación de cobre con plata. Mariana vivirá lo suficiente como para ser testigo de todo ello.