La prosperidad de las naciones, tal y como la entendemos algunos, depende de unas instituciones respetuosas con la propiedad privada y la libertad económica. De esto se derivan muchas cosas: la necesidad de contar con un sistema que haga cumplir los contratos, sancione las violaciones de derechos a la vida y la propiedad (justicia) y proteja de los abusos hacia éstas por parte de terceros (seguridad y defensa). También es importante mantener una moneda sana no sujeta a grandes oscilaciones en su valor y poder disfrutar de un régimen de libre comercio internacional en el que competir.
Podemos observar cómo los países que carecen de estas instituciones son los que tienen un nivel de desarrollo económico relativamente bajo. También podemos observar cómo diversos países han entrado en el camino de la creación de riqueza sostenida gracias a reformas en esta dirección (Irlanda o España podrían ser dos buenos ejemplos, a pesar de la que lleva cayéndonos desde hace un tiempo).
La mayoría, incluso quizá entre los liberales, consideraría que las instituciones señaladas en el primer párrafo deberían ser garantizadas por un gobierno sólido, aunque pequeño. De hecho, mantener un marco institucional estable que proteja el derecho a la vida y la propiedad es la función esencial que se otorga al gobierno.
Pero en ocasiones vemos cómo los gobiernos son incapaces de cumplir con esta función, y se dedican a otros menesteres como robar a mano armada a la población o redistribuir la renta en beneficio de sus acólitos y amigos. Éste es uno de los problemas más graves que sufren buena parte de los países subdesarrollados, especialmente en África.
De este fracaso de los gobiernos podrían existir dos interpretaciones: la primera es que estos “gobiernos fallidos” no son lo suficientemente fuertes para llevar a cabo sus funciones, y por ello necesitan más recursos o ayuda exterior. La segunda sostiene que en ausencia de ciertas características institucionales (por ejemplo, un sistema de checks and balances que controle la actuación del gobierno o un sistema de prensa libre que denuncie los abusos y corrupción del poder) es poco probable que surja un gobierno adecuado.
En esta cuestión nos podemos enfrentar a un trade-off, al menos aparente. Podríamos dividir la violación sobre la propiedad privada según qué tipo de agente la cometa: el gobierno mediante expropiaciones, impuestos confiscatorios (predación pública) o particulares fuera de él como ladrones (predación privada). La existencia del estado, como hemos visto, se suele justificar como algo imprescindible para proteger los derechos de propiedad privada. Así, cuanto más poder y recursos le das al gobierno, en principio estaría mejor preparado para realizar esa función, con lo que pondría límite al robo privado. Pero al mismo tiempo, cuanto más poder le das al gobierno, mayores incentivos puede tener para cometer predación estatal.
La cuestión clave es: ¿qué tipo de predación es más importante?, ¿nos centramos en restringir al gobierno o a los ciudadanos en sus actividades de violación de la propiedad privada?
Afortunadamente, estas preguntas han sido contestadas en la literatura reciente sobre desarrollo económico e instituciones, en un trabajo de Daron Acemoglu y Simon Johnson, titulado “Unbundling Institutions” (2005, Journal of Political Economy). Su conclusión fue la siguiente, tal y como ellos mismos la exponen:
“La expropiación del estado es más dañina para el progreso económico que el robo por parte de los individuos privados, y por tanto la primera es más importante de prevenir. En cambio, las restricciones institucionales que impiden al gobierno violar los derechos de propiedad privada de sus ciudadanos son el determinante fundamental en el desarrollo económico”.
Es en este contexto donde se enmarcan los estudios recientes sobre el colapso del estado en Somalia de Leeson y Powell, donde muestran que este país lo ha hecho mejor en situación de ausencia de gobierno que en su presencia. También aquí se tiene que enmarcar la propuesta de dejar caer por su propio peso a estados fallidos y artificiales africanos, en lugar de mantenerlos con vida mediante ayuda externa e intervenciones militares desde Occidente.
Probablemente sería más deseable que estos países contaran con un gobierno limitado, responsable, democrático, que se ocupara del interés general proveyendo bienes públicos (infraestructuras, educación y sanidad mínimas…) y que se encargara de sus funciones mínimas. Pero, ¿qué probabilidades hay de que algo así exista en países con instituciones tan débiles como en los países pobres africanos, que precisamente son pobres por estas anomalías institucionales? Lo anterior sería más bien caer en el error de la falacia del Nirvana aplicada al gobierno.
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