El periplo de la propuesta constitucional chilena

El debate sobre la viabilidad de una nueva Constitución en Chile sigue abierto. Después de que en 2019 se encendiera la mecha de lo que entonces se denominó como ‘estallido social’ para posicionar mensajes que, aunque no fueron nuevos en su momento, pretendían mostrar un Chile sumido en una crisis existencial que se extendía desde la ausencia de un sistema de pensiones justo y al alcance de todos los ciudadanos, hasta el aumento de los precios en el transporte público, que fue, precisamente, el motivo de impulso determinante de los convocantes de las protestas en aquel año.

Tres años más tarde, después de la victoria de Gabriel Boric en las elecciones generales de diciembre de 2021 y unas elecciones que dieron pie a la Convención Constituyente en que la derecha chilena quedó reducida a una minoría sin alcance suficiente para constituirse en un punto de quiebre en las negociaciones del nuevo texto constitucional, el próximo 4 de septiembre los chilenos volverán a las urnas para votar en favor o en contra de la Constitución propuesta por los asambleístas elegidos.  

Se trata de una propuesta que pretende dar un giro radical a la carta magna vigente hasta hoy desde hace más de cuarenta años. Se entiende por ello la lógica bajo la cual se ampara el furtivo motivo de impulso de una nueva constitución como si ello fuera una solución a los problemas estructurales de Chile que, con sus falencias incluidas y la falta de eficacia social en diferentes ámbitos, el país se presentó durante las últimas décadas como un ejemplo de crecimiento y fortalecimiento institucional sin parangón en la región latinoamericana.

Una parte importante para entender el fenómeno social, aupado por diferentes demandas que se aglutinaron en un eje de quiebre contra el Gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera, es la maniobra de los grupos de izquierda más radicales que buscan posicionar su modelo frente al éxito demostrado por Chile en los ámbitos social, económico e institucional todos estos años.

Se trata, en síntesis, de promover un Estado asistencial, alejado del principio de subsidiariedad que atiende, en esencia, a la preminencia de la iniciativa individual y colectiva, la defensa de su libertad y la garantía de sus derechos frente a las estructuras inamovibles e inabarcables de un Estado burocrático que responde a los intereses de su propia oligarquía y busca –siempre– el cumplimiento de los objetivos de quien ostenta el poder público.

La tradición constitucional occidental, la que impera en Chile y en el resto de los Estados democráticos que tienen vigentes los principios que soportan su sistema establece que el Estado es, precisamente, un actor accesorio a la estructura de la sociedad y dentro de los procesos de relación entre los ciudadanos con el propio poder público. Es decir, el Estado como actor limitado cuya función no es otra que la de vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos y, aun así, en este campo la responsabilidad individual prima sobre el papel que deberá tener el Estado en los diferentes campos de acción de los individuos.

Contrario a ello, la idea establecida en el artículo 1 del texto propuesto por la Convención y de su comunicado publicado el 12 de abril de este año, determina lo siguiente: se abandona el concepto de Estado subsidiario, implícito en la actual Constitución, que entrega principalmente a los privados el cumplimiento de los derechos sociales.

En ese sentido, se apela a la suplantación del modelo practicado en Chile como sistema de pesos y contrapesos que ha demostrado ser el más próximo al éxito evidenciado las últimas décadas, tanto a nivel económico como institucional, no el modelo de Estado ‘Leviatán’ pretende prevalecer en Chile con la nueva constitución.

Probablemente, este sea el episodio mas importante de la vida política de Chile desde la Transición iniciada a finales de los años ochenta. Como en todo proceso eleccionario con dos alternativas únicas y opuestas donde se no caben los términos medios, los chilenos elegirán entre la alternativa propuesta por la Convención que busca el predominio del Estado proteccionista y protagonista en la vida de los individuos y en los propios procesos sociales o su rechazo.

La polarización y la ausencia de un acuerdo general de acuerdo con los trabajos iniciados en la Convención se exponen en las últimas encuestas que indican que el rechazo a la nueva Constitución en Chile supera por ocho o más puntos a la aprobación al texto propuesto por los convencionales. De acuerdo con la encuesta de ACTIVA (10-12 de agosto) un 44,4% de los encuestados votaría en contra del proyecto, frente al 33,9% que le daría su respaldo en las urnas.