En España aún quedan algunos empresarios dignos de ese nombre. Amancio Ortega y Juan Roig son los más conocidos por la opinión pública, pero a mí me gusta resaltar a Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties, por el sacrificio que asume cada vez que concede largas entrevistas donde baja al barro del debate social, cuando lo cómodo sería imitar al resto de sus homólogos del IBEX.
Entre toda la sabiduría que transmite Clemente, siempre me he quedado con su decisión de evitar el mercado de viviendas para alejarse del brazo demagogo del regulador. En oficinas, logística y centros comerciales hay que cumplir con muchas leyes y reglamentos, pero al menos sabes que no te van a cambiar las reglas del juego de la noche a la mañana, y que, si tu contraparte tiene un CIF, en vez de un DNI, el campo de juego está equilibrado.
Y es que en España cuando se habla de nuestro exceso de regulación no se consigue transmitir la verdadera entidad del problema. No es que haya muchas leyes, que las hay, es que en muchos ámbitos mutan a voluntad de la política. Y eso en el mejor de los casos, porque en el peor directamente la ley es la voluntad del político.
El ejemplo del Ayuntamiento de Madrid
Seguramente la mejor forma de explicarlo es por medio de un ejemplo: hace pocos días el pleno del ayuntamiento de Madrid aprobó que, en un edificio privado, una parte del mismo cambiara su uso de terciario a residencial. La historia la explicó muy bien un concejal del PSOE en su cuenta de X. Para resumirlo, un edificio singular de la capital fue dotado, por esas ocurrencias de los arquitectos de prestigio, de un espacio comunal en la última planta. Como esas ideas nunca funcionan, el espacio fue aprovechado para montar un restaurante y, una vez que este dejó de ser viable, no ha tenido uso durante años.
Lo lógico en cualquier país donde los ciudadanos sean dueños de su propiedad, es que una vez constatado que los usos comercial y comunal no eran viables, se hubiera reconvertido esos metros cuadrados en viviendas. El edificio está en una buena zona y sus viviendas son muy cotizadas, así que no existe problema económico a la realización de esta idea. ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora?
Cambiar el uso de un inmueble es algo costoso a nivel regulatorio. Pese al problema de acceso a la vivienda que existe en las grandes ciudades, los ayuntamientos tienden a no facilitar la gestión, más bien a entorpecer. Pero es que en este caso cumplir con la regulación no era suficiente. Al ser un edificio singular, cualquier cambio tiene que pasar por un pleno del ayuntamiento que dé su visto bueno. O, dicho de otra forma, necesitan del visto bueno de la política, no de la ley.
Lobbies y regulación
Los propietarios han tenido suerte, o contactos, y el cambio ha salido adelante. Pero, como se constata por el hilo del concejal socialista, la cosa podría haber sido distinta. Con el cambio, la propiedad gana, la comunidad de vecinos gana y el ayuntamiento gana, pero para el PSOE tocar el patrimonio de todos no era aceptable ni reconociendo que el proyecto era bueno para todos. Admitiendo así que la política tiene sus propios intereses, que no son los de todos.
Y este es el problema que está sacudiendo al sector primario español. La regulación es un impedimento para todos los sectores productivos. Pero el primario tiene la desgracia de ser un foco de la política. Especialmente de aquella que más alejada está de incentivos sanos: la política que se cuece en Bruselas. Nuestro campo es como un edificio singular. Formalmente, es propiedad privada. Pero en realidad la política es la que decide sobre su explotación.
Juan Ramón Rallo hizo tres vídeos donde se analiza el problema de nuestro sector primario. En ellos se dan las claves de la situación que ha llevado a las movilizaciones del sector el pasado mes, pero muchas personas del sector no lo entendieron así. En mi opinión, el principal punto de fricción es entender que cuando Rallo habla de problemas de mercado o externalidades negativas, no se está trasmitiendo que no es algo que a 2024 esté tasado y los profesionales del sector puedan incorporar al cálculo económico de su actividad. Al contrario, va mutando según la voluntad política y la acción de lobbies en Bruselas.
El caso de Pencho
Vamos a verlo con otro ejemplo. En el mundo real, los cultivos sufren un problema de daños por la acción de la fauna silvestre. Los animales que no nos comemos compiten con nosotros por los recursos agrícolas. Para evitar estos daños, los agricultores pueden recurrir a empresas cinegéticas, siempre y cuando cumplan con los requisitos que la consejería de medio ambiente determine. Estas empresas colocan trampas y capturan a los animales, bien para su sacrificio o bien para su reubicación en zonas forestales que precisen de repoblación.
La manipulación de animales silvestres vivos y su traslado es algo que se ha regulado de forma muy severa en las últimas décadas. El trabajo del trampero, que siempre ha sido artesanal, ahora requiere de permisos, licencias, instalaciones y veterinarios. Muchas personas han hecho un esfuerzo bastante importante para adaptarse a esto. Una de estas personas es un youtuber murciano conocido como Pencho. En sus vídeos muestra su día a día poniendo jaulas para capturar conejos y jabalíes en el campo murciano.
El negocio de Pencho es simple, cobra a los agricultores por capturar la fauna que les produce daños, y revende a los animales a cotos de caza u otras parcelas interesadas en repoblar. Por lo que muestra, es un trabajo duro, y él lo encara con un ánimo digno de admiración.
Pero un día Pencho recibió una notificación de la consejería. A los jabalíes capturados ya no los iba a poder trasladar. Le ordenaban sacrificarlos en la misma jaula donde los capturará. ¿Explicación? Órdenes de Bruselas sobre la peste porcina.
Regulación de Bruselas
En España no se ha detectado ningún caso de peste porcina. Y, de hecho, la única forma de detectarlo en fauna silvestre sería analizar a tantos animales como fuera posible, tarea que estas empresas podrían realizar al estar obligadas a analizar a los animales capturados antes de reubicarlos. Por tanto, estamos ante una orden política sin más base que la comodidad de seguir los dictados de Bruselas o, lo que sería peor, un intento de la administración española por evitar que se detecte ningún caso de esta enfermedad en España.
Sea como fuere, el hecho es que un negocio viable recién regulado pasa a estar seriamente dañado por una orden política. Y eso es el pan de todos los días para el sector primario.
La demagogia como guía
A veces son órdenes locales y otras, como la semana pasada, legislaciones enormes como la ley de Restauración de la Naturaleza. Un nombre muy bonito que no sabemos muy bien qué va a suponer en realidad, pero que todo el sector primario asume que va a recaer en sus espaldas. Y ese es el problema. La regulación actual es mala. Pero el daño lo produce la certeza de que esa regulación se substituirá en poco tiempo por otra peor.
Al final, los incentivos para salir de un sector que está sometido a la demagogia política son enormes. Nadie quiere invertir tiempo y dinero en un negocio que mañana puede dejar de ser viable por una de los miles de razones que los políticos tienen para intervenir en el medio ambiente y la alimentación.
Como dice Clemente, lo racional es evitar los sectores donde se mueve la política. Las consecuencias de que los mejores empresarios no hayan querido invertir en viviendas desde 2010 las tenemos delante todos. Ahora toca descubrir qué va a pasar con un sector primario que se abandona en masa por aquellos que saben explotarlo.
Ver también
Agricultura y política. (Francisco Capella).
El drama de la agricultura española. (Domingo Soriano).
Aún no hay comentarios, ¡añada su voz abajo!