El Reglamento de Protección de Datos: enterrando recursos de los europeos en la economía improductiva

Si los clientes demandáramos lo que dice el RGPD que necesitamos, las empresas no tendrían más remedio que proporcionárnoslo.

El lector avisado habrá detectado seguramente un incremento de actividad en su correo electrónico en los últimos tiempos: multitud de páginas webs en las que, por unos motivos u otros, se había registrado, retoman el contacto tras quizá un largo periodo de silencio con objeto de solicitarle permiso para seguir mandándole correos y, en general, mantenerle en su base de datos. Esta pequeña molestia para nosotros, algo mayor para los dueños de las páginas webs, es cortesía de la Comisión Europea (CE) y del reglamento que da título a este artículo: el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, o, con sus siglas en inglés, GDPR), que está a punto de entrar en vigor.

Con dicha regulación, la CE pretende crear un espacio seguro en el que se respete la privacidad de los ciudadanos, en cuanto al uso de datos personales por los agentes de Internet se refiere. Como consecuencia de la misma, se clarifican los usos que dichos agentes pueden dar a los datos, o las formas de consentimiento a este uso por los ciudadanos, entre otras cosas. También se nos otorgan “derechos” como el del olvido (que se borren nuestros datos de Internet) o el de la portabilidad de datos (si cambiamos de proveedor). No es el momento aquí de describir el contenido de esta regulación, hay numerosas fuentes en Internet que cumplen esta función con más solvencia de la que un servidor podría hacerlo.

¿Se acaban aquí las ventajas del RGPD para los ciudadanos? Por supuesto que no. Según numerosos expertos, gracias al RGPD se crearán miles de puestos de trabajo en el sector[1]. Y no es para menos: las empresas se enfrentan a una normativa de 88 páginas de longitud y la friolera de 99 artículos, conformando una legislación creada prácticamente de la nada y, por tanto, desconocida completamente para los afectados. Y, eso sí, con cuantiosas multas si la incumples, hasta el 4% de la facturación de la empresa. Difícil imaginar mejor paraíso para los bufetes de abogados y la burocracia. Sin olvidar que la legislación impone la creación de una figura en el esquema organizativo de las empresas, el Delegado de Protección de Datos, una nueva fuente de empleo.

Así que tenemos la regulación ideal, que empareja derechos de los ciudadanos con creación de puestos de trabajo. Me pregunto a qué esperan nuestros políticos para iniciar la promulgación de algún otro Reglamento que pueda mantener esta racha creadora.

Desgraciadamente, los que hemos leído a Bastiat y a Hazzlitt, sabemos que una cosa es lo que se ve, y que otra, normalmente más importante, es lo que no se ve. Y Bastiat y Hazzlitt nos invitan a sospechar que detrás de tan abundante creación de puestos de trabajo algo huele a chamusquina.

No hay que investigar mucho para encontrarlo: esos recién creados puestos de trabajo para abogados y burócratas lo serán a costa de puestos de trabajo para publicistas, ingenieros, creativos, analistas, informáticos… gente que tal vez hubiera podido vivir de los datos (“el nuevo petróleo del siglo XXI”[2]), pero que no lo hará a corto plazo, porque las empresas que los iban a contratar han tenido que hacer lo propio con abogados para evitar las sanciones con que les amenaza el RGPD.

Claro que el asunto va más allá del mero corporativismo. En el mercado libre, las empresas no tienen más remedio que atender a las preferencias de sus clientes si quieren sobrevivir. Si los clientes demandáramos las cosas que dice el RGPD que necesitamos, entonces las empresas no tendrían más remedio que proporcionárnoslas, y no se requerirían las sanciones que a bombo y platillo se anuncian.

Pero, claro, no es así. Estas son cosas que los políticos han decidido que los ciudadanos necesitamos. No conozco a nadie a quién le preocupe lo que Facebook o Whatsapp pueda hacer con sus datos. Y es lógico: si estas empresas hacen algo con nuestros datos que no nos guste, nos borraremos de ellas y perderán un cliente, algo que no se pueden permitir. Las únicas preocupaciones vienen, como siempre, de lo que el Gobierno pueda hacer con nuestros datos, porque el Gobierno sí puede usarlos en nuestra contra. Pero son precisamente los Estados los que promulgan esta norma para defendernos de los abusos de las empresas.

Más grave aún: la llamada “economía de los datos” es algo incipiente, que está en pleno proceso de descubrimiento hayekiano. No sabemos qué valor tienen los datos, no sabemos si realmente serán el nuevo petróleo, y solo lo sabremos si se deja a los emprendedores experimentar con su uso. Pues bien, los emprendedores europeos en esta actividad no van a poder dedicar todos sus recursos a explorar alternativas, van a tener que dedicar una parte más o menos importante de ellos, más importante cuanto más startup sea la empresa, a pagar los caprichos de los políticos. Luego se extrañarán de que en Europa no haya innovación, pese a todos los planes quinquenales de la Comisión.

Esta es, en resumen, la realidad que se nos impone en la Unión Europea con el RGPD: un desvío de considerables recursos hacia usos improductivos, precisamente en el ámbito económico que los propios políticos consideran fundamental para nuestro futuro. Afortunadamente para los ciudadanos sufridores, seguirá habiendo innovación en datos allende nuestras fronteras, y algo de beneficio nos llegará, aunque sea mucho menos que a los ciudadanos de países cuyos Gobiernos no se preocupan tanto por su privacidad.