Hipocresía, éste es el término que mejor define la actitud del Estado respecto al ámbito del tabaco. Por un lado, la nueva reforma legislativa persigue a los fumadores con mayor ahínco mientras que, por otro, amplía los puntos autorizados para la venta de cigarrillos. De ahí, precisamente que, más que Ley Antitabaco, ésta deba ser calificada como Ley Antifumadores. Y es que, al contrario de lo que se piensa, al Gobierno le interesa, y mucho, que la gente siga fumando, ya que dicho hábito le genera pingües beneficios.
Los políticos son conscientes de que este particular producto, debido a la adicción que provoca, se caracteriza por tener una demanda muy inelástica, de modo que su consumo apenas varía en función de la subida o bajada de precios. El Estado aprovecha esta circunstancia para aumentar los impuestos que gravan el tabaco, incrementando así sus ingresos, si bien luego, de cara a la opinión pública, trata de ocultar este hecho alzándose como el gran defensor de la salud de los ciudadanos. Nada más lejos de la verdad. Los datos así lo demuestran.
La recaudación fiscal vinculada a esta actividad no ha dejado de crecer ni un solo año. Así, el Estado ingresó 9.842,3 millones de euros en 2010 mediante los impuestos especiales y el IVA del tabaco. En concreto, 7.966,1 millones correspondieron al Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco y los 1.876,2 millones restantes al IVA. Esta cifra supone un 4,19% más que lo recaudado en 2009 y un nuevo récord histórico. No es de extrañar si se tiene en cuenta que los impuestos representan casi el 84% del precio de una cajetilla, de modo que el Estado se fuma 16 pitillos por paquete.
Desde 1990, los ingresos derivados del tabaco se han multiplicado por seis gracias a las constantes subidas tributarias que ha experimentado este producto. Desde entonces, los fumadores han desembolsado a las arcas públicas más de 115.000 millones de euros en total, lo cual no está nada mal. Para poner esta cifra en perspectiva, los fumadores pagan cada año en impuestos el equivalente al 25% del Impuesto de Sociedades y al 15% del IRPF. De este modo, cada fumador paga de media algo más de 1.000 euros al año en el pago de impuestos asociados al tabaco.
En teoría, las leyes antifumadores se promulgan con la intención de reducir el consumo de cigarrillos y el número de fumadores, pero la realidad, una vez más, es bien distinta. El porcentaje de fumadores en España apenas ha variado en los últimos años. De hecho, ha aumentado ligeramente desde 2006, año en el que se aprobó la Ley que acaba de ser reformada y endurecida: desde el 34% de los mayores de 15 años en 2006 hasta el 35% en 2009, frente al 29% de media en la UE-27. En concreto, 9,23 millones de personas fumaban cigarrillos a diario en 2009, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Así pues, es evidente que la ley ha obtenido un rotundo fracaso en la consecución de los objetivos perseguidos a no ser, claro está, que el fin último del Ejecutivo sea realmente otro. Y es que, efectivamente, aunque el número de fumadores apenas varía (un 1% más), la recaudación fiscal que origina el tabaco se ha elevado en 1.700 millones desde 2006, un 20,8% más. Sin duda, un negocio muy rentable para el Estado.
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