En defensa del legado del padre de Irene Montero

Deberíamos tener derecho a disponer, como última voluntad, lo que nos venga en gana con lo que es nuestro.

Ha salido a luz pública que la número dos de Podemos ha tenido la desgracia de recibir unos bienes de su difunto padre. Digo desgracia porque cuando uno recibe en forma de herencia el patrimonio de un ser querido es porque éste ya no está contigo en este mundo para disponer de él. Y eso, seamos de derechas o de izquierdas, nos duele igual a todos.

Cuando estás en lo alto de la política nacional tienes una gran capacidad de influir en la vida de los demás, y uno de los precios a pagar es que los demás pueden comentar hasta los aspectos más personales de la tuya. De ahí que algo que debería ser normal haya dado para bastante polémica.

Por un lado, tenemos que la obsesión ideológica de la izquierda sobre la eliminación de la bonificación que la Comunidad de Madrid realiza en ciertos casos en el impuesto de sucesiones se olvida cuando les toca declarar a ellos. Al igual que con la casilla de la declaración de la renta que permite renunciar a la devolución, la de renunciar a la bonificación de este impuesto no es muy utilizada por los amigos de lo público.

Por otro lado, según afirma la señora Montero, su padre era un obrero. A diferencia del padre de su excompañero de filas, y ahora enemigo político, Ramón Espinar, al que escribe no le consta que esa descripción esté tan lejos de realidad. Y claro, el patrimonio heredado deja constancia de que se puede prosperar de forma bastante razonable en este país sin ser un rico de cuna o pertenecer a la casta. Lo que entra en contradicción con todo lo que ha manifestado en público los dirigentes de Podemos desde su fundación hasta el presente.

Pero vamos a olvidarnos un momento de la señora Montero. Porque esta polémica lo que demuestra una vez más es que en nuestra sociedad seguimos sin entender lo que subyace en cualquier herencia: el derecho que tenemos todos a dejar nuestro legado a quien consideremos oportuno, y, por tanto, a excluir del mismo al resto (incluido al Estado).

Al fin y al cabo, una persona va acumulando patrimonio a lo largo de su vida con el objetivo de disponer de él. El testamento no es otra cosa que nuestra última disposición sobre ese patrimonio.

Así que lo importante no es que Irene Montero haya recibido esto o lo otro de su padre. Lo importante es que su padre ha podido dejar los bienes que ha considerado oportuno a la persona que ha escogido.

Y todo esto dando por hecho que ha sido su voluntad, ya que suele ser habitual que los padres dejen su herencia a sus hijos. El problema es que el Estado está muy lejos de respetar el derecho de las personas a legar tu patrimonio a quien consideren oportuno.

Hay varios problemas al ejercer este derecho que están totalmente fuera del debate político.

No podemos disponer de una parte de nuestro patrimonio que tiene que ir a parar a nuestros herederos forzosos. En un ejercicio habitual de elevar lo normal a normativo, el Estado obliga a que parte de la herencia vaya a parar a personas no dependientes del difunto, pero que por sus lazos familiares (principalmente hijos) considera que no pueden ser excluidos de una herencia.

Por lo que esta absurda ley consigue crear un descomunal problema a los herederos que sí han sido escogidos libremente por el fallecido en los casos en los que los herederos forzosos hace años que han dejado de tener una relación afectiva con el difunto. Lo que, al margen de injusto, provoca verdaderos dramas familiares en el proceso.

Pero incluso a las personas que no han tenido descendencia, y que están solteros en el momento de la defunción, tampoco se les respeta el derecho a que su patrimonio llegue íntegro a las personas que ellos hayan designado.

Según ciertas noticias, y lo que pregonan los políticos de centro derecha, en las comunidades autónomas gobernadas por ellos no existe el impuesto de sucesiones. Es una mentira muy burda pero que cala en la sociedad. Sería interesante hacer una encuesta entre gestores de oficinas bancarias y notarios (los dos colectivos a los que se dirigen los herederos para tramitar el traspaso de bienes) y preguntar cuántas veces han tenido que informar a sus clientes de la existencia del impuesto, su obligatoriedad para todos los herederos independientemente del parentesco, y la sucesiva cara de sorpresa que han percibido.

El impuesto de sucesiones existe en toda España. Es obligatorio presentarlo en el ridículo plazo de seis meses desde la fecha de fallecimiento. Muchos bancos retienen el capital depositado hasta su presentación y pago, al igual que los registros de la propiedad para proceder a la gestión de traspaso de titularidad de los inmuebles.

Pero este penoso trámite, que hay que hacer al poco de perder a un ser querido, sólo sería una anécdota burocrática más si no fuera porque si la persona a la que legas tu patrimonio no está dentro de lo normal (y lo normal suelen ser hijos, padres y cónyuges), el Estado se queda con buena parte de lo heredado. Con el agravante de que si no estamos hablando de dinero en efectivo, no sólo estás dejando menos de lo que quieres a la persona que designas, sino que lo que estás haciendo es contrayendo por él una deuda indeterminada de pago a seis meses vista con la administración, deuda de la que podrá, o no, resarcirse una vez consiga convertir en liquidez los bienes heredados.

Y esto, que es tan injusto, no lo discute nadie. Por contra, toda la izquierda parece estar de acuerdo en que, aunque estés dentro de lo normal (seas hijo), si el montante a heredar pasa de cierta cantidad el Estado tiene derecho a aplicar la regla de los no normales. Y el centro derecha se conforma con seguir vendiendo la burra de la bonificación del 99% a los normales. Al final y al cabo, deja la puerta abierta a los personajes sin escrúpulos que habitualmente frecuentan la cópula de estos partidos para jugar con esa cláusula cuando vuelva a hacerles falta.

Ojalá llegue el día en el que el consenso con el que el centro derecha ataca a un rival ideológico por recibir una legítima herencia se extienda a la defensa del derecho que tenemos todos de legar nuestra propiedad según nuestros legítimos intereses. O, dicho de otra forma: a disponer, como última voluntad, lo que nos venga en gana con lo que es nuestro. Una idea que uno podría pensar que puede ser compartida por cualquier persona, pero que en España hace mucho que no defiende ni la derecha. Esperemos que no tenga que dividirse políticamente en cuatro para que esto cambie.