En plena cuesta de enero, los comercios compiten entre si por atraer a los consumidores con precios más bajos y productos muy rebajados, lo que confirma que los empresarios, buscando su beneficio, promueven el interés común. Aunque mucha gente lo desconoce, hasta los periodos de rebajas están regulados por el Estado. A pesar de ello, los precios disminuyen y no crecen como parece que va a suceder en muchos de los sectores donde el Gobierno decide lo que pagarán los ciudadanos por los servicios que reciben.
Y es que si algo debe de estar claro a estas alturas es que cuando el poder político trata de jugar a alumno aventajado al fijar los precios a que se ofertan bienes o servicios, tiene tan poco talento que yerra siempre.
Tomemos como ejemplo las empresas eléctricas. No sólo tienen que dedicar ingentes recursos a comprar derechos de emisión de CO2 para cumplir con el nefasto Protocolo de Kyoto sino que además, cuando sus clientes les pagan, deben poner a disposición de un pool, de la CNE, todo lo que han obtenido para que este organismo lo reparta entre las empresas que han intervenido con criterios ajenos al del mercado. Por si no fuera poca la intervención que padecen, los precios a tarifa también los establece el ministro del ramo.
¿Cómo es posible que estas empresas no puedan fijar los precios según la ley de la oferta y la demanda? ¿Por qué se necesita que el Estado intervenga en este sector? La razón es previsible para los que promueven la razón de establo, como llamó a la razón de Estado el gran Baltasar Gracián: por nuestro bien.
Como accionistas de esas empresas, perdemos. Como consumidores, padecemos más apagones y probablemente escasez de suministro o de potencia ya que las compañías se ven obligadas a diversificar para obtener beneficios al estar atadas de pies y manos en el mercado en el que participan. Desde el apagón de California de hace unos años al más reciente acaecido en Canarias, las pruebas de que algo falla con el intervencionismo estatal se hacen cada vez más evidentes.
Aun así, hay a quien le parece que el Estado hace demasiado poco. Este es el caso de Greenpeace que, como se imaginarán, odia todo lo que signifique libre mercado y, por eso pide que, en lugar de que el agua se privatice y se pague por ella como si de cualquier bien se tratara, se prohíban los campos de golf y el agua sea más cara. Es decir, que sea tan cara que mantener la casa limpia, la ropa impecable y asegurarse el aseo diario, nos obligue a tener que hacer más sacrificios para llegar a fin de mes.
Quizá el agua sea demasiado barata pero no lo podemos saber muy bien ya que donde no hay un mercado, no hay precios. Esta es la cruda realidad. No sabemos si algo es caro o barato cuando el Estado se ocupa de que no haya empresarios que compitan entre si. Por eso, no podemos alegrarnos de las rebajas al hablar del agua. Como tampoco, podemos quedarnos encantados de que en este nuevo año, vaya a reducirse la intromisión del Estado en nuestras vidas. Tendremos que dejar de fumar y hasta de beber por lo que anticipa la ministra con ínfulas de Führer y andarnos con ojito ante los nuevos aires policíacos con que va a operar Hacienda a partir de ahora.
Leyendo V de Vendetta, el cómic en que se basa la película homónima y que trata de la degradación que padece el género humano bajo un Estado fascista, me percato de que cada día se hace más cierto aquél lema francés: dejar hacer, dejar pasar, el mundo funciona sólo. De lo contrario, la evolución será, como los impuestos, regresivos porque matarán el espíritu creador del ser humano.
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