Energía incierta

El gran problema al que nos enfrentamos es que llevamos años y años decantándonos por todo menos por el libre mercado.

Una de las grandes aportaciones de la política al mundo de la economía es el incremento de la incertidumbre. Y donde hay más incertidumbre, hay menos asunción de riesgos, menos financiación y mucha búsqueda de seguridad en el regazo del Estado. Uno de esos momentos donde la incertidumbre se dispara es cuando cambia el Gobierno y, sobre todo, cuando este cambio viene de un proceso convulso como, por ejemplo, una moción de censura.

Miles de millones de euros se quedan en el limbo presupuestario a la espera de que el recién elegido presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Castejón, elija a ministros y ministras para su Ejecutivo. Miles de cargos cesarán y miles de aspirantes contendrán la respiración esperando ser ellos los elegidos. Las empresas que dependen del Estado central esperan cambios en sus presidencias y cargos políticos, lo mismo que sus instituciones públicas. Para que luego digan que estamos en la dictadura de los mercados, que esperan sin aliento que cese este sindiós.

En el sector de la energía ya se ha tomado una decisión: Teresa Ribera será la ministra de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático, y por tanto, la encargada de dirigir un sector que se dice estratégico y que no ha salido bien parado de estos seis años de Gobierno popular. Para situarnos, Teresa Ribera Rodríguez fue secretaria de Estado de Cambio Climático entre 2008 y 2011 durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero; licenciada en Derecho por la Universidad Complutense, ejerció como profesora en la Universidad Autónoma y, antes de llegar a la Secretaría de Estado, también fue consejera técnica en el Gabinete del subsecretario de Medio Ambiente, jefa del Área de Cumplimiento y Desarrollo y coordinadora en la Oficina Española de Cambio Climático y directora de la misma. Estamos ante una negociadora que se ha formado en las cumbres climáticas donde ha participado y cuyo único contacto con la empresa privada ha sido su paso, breve, por la empresa de paneles solares Isofotón. En la actualidad, es directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales.

Qué esperar de la nueva ministra es algo que debería contestar algún adivino o un tertuliano de esos tan informados, pero si miramos algunas reacciones, quizá nos den pistas. Los principales grupos ecologistas, Ecologistas en Acción, WWF y SEO/BirdLife, han recibido el nombramiento con alegría. La consideran sensible a los problemas medioambientales, muy competente, con experiencia en el sector, respetada, idónea, con capacidad de trabajo, de la que se espera un posible giro de 180 grados… En definitiva, una potencial aliada para los intereses verdes.

Del dicho al hecho hay mucho trecho y el optimismo de los medioambientalistas puede estrellarse con la realidad, incluso con una aliada tan preparada. La descarbonización de la economía es una de esas políticas a largo plazo que las propias empresas del sector han aceptado, pero que no es tan fácil de realizar si la única opción que se plantea a la quema de los hidrocarburos es la energía renovable, que es la idea básica de los ecologistas. Pese a que las energías renovables, sobre todo la eólica, han mejorado tecnológicamente y la eficiencia es mayor, todavía estamos lejos de lo que nos proporcionan las energías que se basan en la quema de hidrocarburos y, sobre todo, de la nuclear, que es otro de los demonios a los que se enfrentan los ecologistas. Un “mal” a erradicar.

Podemos entender que la ministra pretenda dar un fuerte empujón a las energías eólica y solar[1], ya que la hidráulica es una fuente muy interesante, limpia, pero demasiado complicada de implementar[2]. Supongo que, en España, la asociación entre pantanos y Franco es todavía demasiado intensa. Buena parte de lo que pagamos en la factura todos los meses no es solo por los costes de la energía en sí, sino por los efectos colaterales de las políticas energéticas de los sucesivos Gobiernos que hemos tenido y que aparecen en forma de tasas, cargas e impuestos. Y sí, la eólica y la solar son dos causas de tal incremento[3].

Pero más cara nos puede salir la descarbonización si el nuevo Ejecutivo al final se decide por cerrar las centrales nucleares. En España, los precios de la energía se nos pueden antojar disparatados, pero a pesar de ello, han sido contenidos a lo largo de estos años por la energía nuclear. Si desapareciese y fuera sustituida por las renovables y el gas como apoyo a éstas cuando las circunstancias meteorológicas fueran adversas, los precios se dispararían[4] por el coste añadido[5].

Para hacernos una idea de lo que puede suceder, podríamos mirar el caso de Alemania, donde se han desconectado de la red todas las centrales nucleares que había por una decisión política. Alemania es el país con la energía más cara y en su territorio están situadas siete de las diez centrales térmicas más contaminantes de Europa. Las otras tres están dos en Polonia y una en Italia. Al no usarse energía nuclear y al ser las alternativas tan dependientes de una meteorología adecuada, hay que seguir dependiendo de las ligadas a los hidrocarburos y eso genera todo tipo de paradojas. En España, por ejemplo, tenemos a Unidos Podemos, que defiende por una parte que sigan las minas de carbón (IU) y, por otra, las energías alternativas (Podemos). También podemos referirnos a los Gobiernos de Aragón (PSOE), Asturias (PSOE) y Castilla y León (PP), que defienden la continuidad de las centrales térmicas de carbón en sus territorios: Velilla, Lada, Compostilla y Andorra. Todos contendrán el aliento ante futuras decisiones.

Desmantelar las centrales nucleares en España no es una labor fácil ni agradable. Es más, será muy complicada tal como están las cosas cuando el momento llegue; y llegará tarde o temprano. Si la ministra tomara esta decisión, no tenemos una infraestructura adecuada para llevar los residuos, precisamente por la inactividad administrativa y política[6]. Se calcula que se necesitan unos 6.000 millones de euros y no está claro quién los debe poner. Las empresas dicen que ellos no, que seguirían usándolas y que ya se había creado un fondo para cuando llegase el caso (aunque mal gestionado), y está la Administración como para sacar 6.000 millones de euros de alguna parte sin subir más los impuestos.

Hay otra razón más técnica y determinante: se necesitan muchas centrales alternativas para sustituir una central nuclear y, además, ocupan mucha superficie. Para que nos hagamos una idea, Ascó tiene una potencia instalada de aproximadamente 1.000 MW. Un parque eólico como el Shepherds Flat, en el estado de Oregón, en Estados Unidos, que tiene 845 MW, ocupa una superficie de 77 kilómetros cuadrados, algo así como la mitad de lo que ocupa una ciudad como Sevilla.

En Estados Unidos hay más espacio para instalar este tipo de infraestructura, pero en España, no es tan fácil conseguir superficie. Los parques ocupan mucho menos y tienen una potencia instalada mucho menor, por lo que tendríamos que tener varios para hacer frente a la potencia desinstalada, además de que tendrían que tener el apoyo adecuado por si el tiempo no acompañase[7]. Los parques españoles no suelen superar los 50 MW de potencia instalada y el mayor es el de El Andévalo, de Iberdrola, con 232 MW de potencia.

Otra opción desarrollada por otros países han sido los parques offshore (eólica marina), pero pese a ser España uno de los países europeos con más kilómetros de costa, no existe ni uno solo construido, ni siquiera planeado. Un conjunto de problemas como las trabas administrativas, el temor a espantar el turismo, las protestas ecologistas y la inseguridad jurídica han hecho a las empresas españolas desistir de estos proyectos, pese a liderarlos en otros países.

El gran problema al que nos enfrentamos es que llevamos años y años, y legislaturas y legislaturas, mareando la perdiz, decantándonos por mercados regulados, por políticos ideologizados, por ideas locas y mal gestionadas, por empresas nacionalizadas o privatizadas de cualquier manera, por oligopolios artificiales…, por todo menos por el libre mercado. La nueva ministra no invita a la esperanza, y generará incertidumbre, al menos en los primeros meses hasta que deje claro qué quiere hacer y cómo. Pero al igual que su antecesor, y su sucesor cuando llegue, a lo que no dejará de enfrentarse es a la realidad que reacciona como suele hacerlo cuando se la intenta forzar. Y lo peor es que, desgraciadamente, eso lo pagamos los clientes y los contribuyentes.