Enganchados

Las situaciones en las que realmente hay un problema de pobreza podrían arreglarse sin necesidad de demagogia y sin socializarlo.

Durante los últimos años se ha producido un fenómeno social que choca frontalmente con el derecho de propiedad y que, desde las instituciones públicas, se ha tratado de tal manera que los infractores han sido blanqueados, mostrando a algunos de ellos casi como a héroes sociales, luchadores contra el capitalismo o el Ibex 35, mientras que a otros se les han ocultado las consecuencias de sus actos, algunas de ellas muy trágicas. Los enganches a las redes de luz, gas y agua, ligados generalmente a delitos como la okupación de inmuebles o el cultivo de marihuana, han dejado de ser anecdóticos para afectar a barrios enteros en pueblos y ciudades.

Hace unas semanas, en la localidad catalana de Badalona, sobrevino un incendio en una casa okupada, con origen en un enganche ilegal, que afectó a otras viviendas. En este caso, las consecuencias fueron muy trágicas, ya que murieron tres personas que nada tenían que ver con ese delito y que sólo tuvieron la mala suerte de vivir al lado de los delincuentes. Estos inmigrantes rumanos se engancharon ilegalmente a la red sin las debidas medidas de precaución, usando además mucha más potencia de la que la infraestructura les permitía, lo que, en último término, provocó un sobrecalentamiento que terminó provocando el incendio. Según la investigación, los delincuentes no solo provocaron el fuego, sino que huyeron al no poder controlarlo, dejando la puerta abierta, lo que provocó que el fuego se extendiera a otros pisos donde se produjeron las muertes. Tras esta investigación, los Mossos detuvieron a 6 personas y les acusaron de homicidio, entre otros delitos y faltas.

Tan triste suceso es una punta trágica de un iceberg que tiene su origen en las políticas sociales que diferentes partidos, asociaciones, instituciones públicas y privadas, e incluso empresas han propiciado a lo largo de los últimos años, justificándose sobre todo en la pobreza, que se hizo más visible en el periodo de la crisis económica y que ha sido y sigue siendo instrumentalizada por ellos para obtener réditos políticos.

La crisis económica fue aprovechada por la izquierda para reivindicar[1] a ciertos grupos que hacían de la okupación[2] su particular negociado. Con excusas, primero sociales y culturales y, tras la crisis, también económicas, los grupos okupas se multiplicaron y los ayuntamientos[3] relajaron las actuaciones en contra de sus actividades. Primero solían ser grandes edificios en desuso de las instituciones públicas o de grandes empresas, con excusas de carácter social o cultural, pero con el tiempo cundió el ejemplo y los okupantes se dedicaron hacia labores mucho más oscuras y hacia viviendas que poco o nada tenían que ver con los “explotadores capitalistas”. Así, con el tiempo, las segundas viviendas o incluso las primeras cuando se dejaban vacías por periodos cortos de tiempo (vacaciones, estancias por trabajo en otra ciudad, incluso hospitalarias) eran y son okupadas por individuos o grupos, que han llegado hasta organizarse en mafias y “cobrar” un alquiler al alquilado okupante.

Para más inri, la Justicia ha actuado de manera lenta y contemplativa, quizá debido a la indefinición de la ley o al barullo normativo que hay que aplicar, dadas las muchas instituciones con capacidad legislativa que se mezclan; o quizá por la ideología imperante, a la que no son inmunes los jueces, algunos de los cuales no disimulan un sesgo social.

Paralelo al fenómeno okupa, surge otro de distinto origen, pero que tiende a solaparse con el primero y, algunas veces, a confundirse: se trata del impago de clientes con dificultades económicas. El poder político ha propiciado que las propias empresas se avengan a negociar soluciones con aquellas familias que no pueden hacer frente a sus gastos energéticos. Así, se han dado dos vías: una es de carácter comercial, el bono social, que permite al usuario, una vez demostrada su condición económica, acceder a unos precios mucho más asequibles[4]; la otra es de carácter político y se trata de la definición de la “pobreza energética”. Cuando se produce un impago, la empresa está obligada, antes de cortar la luz, a investigar el origen de este impago y comprobar si los afectados estuviesen en una situación económica precaria, por lo que el corte no se produciría debido a una obligación legal. Tal ha sido el éxito de esta medida política que se ha llegado a acuerdos entre empresas e instituciones locales y regionales para agilizar el protocolo a aplicar.

Los verdaderos problemas que experimenta el sistema eléctrico no provienen de personas con precariedad económica, sino de mafias y grupos delictivos[5] que, con sus actuaciones, sobrecargan el sistema y pueden provocar frecuentes cortes de suministro o, como ha ocurrido en Badalona, incendiar la casa allá donde estén, llegando a producir víctimas mortales. A principios de mes, Endesa, que es una de las principales energéticas del país, publicaba un informe donde cuantificaba este fraude eléctrico. En España, lo “robado” solo a esta empresa llegaba a 601 millones de kilovatios hora, en casi 65.000 fraudes detectados. Eso supone el consumo de seis meses de una ciudad como Palma de Mallorca.

Un fenómeno que cada vez está tomando más importancia es el del cultivador de marihuana en viviendas y locales cerrados. Para que la planta pueda crecer necesita luz y calor, y esto se lo ofrecen a través de luz artificial dentro de viviendas y locales, evitando así que las fuerzas de seguridad vean dónde tienen sus plantaciones ilegales. Evidentemente, los cultivadores no tienen intención de pagar el precio de la luz y lo que hacen es pinchar el sistema de alumbrado público o de dónde les resulte más fácil[6].

Este sobreconsumo tiene dos efectos especialmente negativos para los ciudadanos. En primer lugar, cuando se reúnen muchos en una zona concreta de la ciudad, la energía gastada es tanta que se producen frecuentes apagones ligados al fraude eléctrico, lo que hace que los ciudadanos que pagan la luz se quejen de estos cortes y pidan, generalmente a la empresa, que les solucionen este mal servicio. La eléctrica se ve abocada a dos posibilidades: o colabora con las autoridades en la lucha contra el delito, indicando a estas dónde hay consumos más elevados, a la vez que colabora en la rehabilitación social de las zonas afectadas (bonos sociales, colaboraciones con ayuntamientos, etc.), o bien realiza una adaptación de la red a las nuevas necesidades de la zona, lo que terminaría siendo una solución antieconómica y fuera de toda lógica, ya que daría alas a otros cultivadores y enganchados habituales; por otra parte, también es cierto que las empresas podrían acometer una mejora de las infraestructuras que, en ciertos barrios están efectivamente desfasadas. Estamos ante el segundo efecto negativo para todos los ciudadanos. Este coste no es baladí, como ya he indicado más arriba, y se incluye en la factura de todos los que pagamos religiosamente el fluido eléctrico. Ciudades como Gerona, Figueras o Granada, por poner tres ejemplos, experimentan cortes frecuentes de fluido generado por el fraude eléctrico.

Estamos ante un problema complejo que se puede arreglar respetando los contratos firmados y el derecho de propiedad. Las situaciones en las que realmente hay un problema de pobreza podrían arreglarse sin necesidad de demagogia y sin socializarlo, sin plantearlo como algo general cuando es un caso particular. Sin embargo, las políticas sociales de los partidos y la ideología colectivista que padecemos han ayudado a enquistar problemas que, de otra manera, serían más fáciles de solucionar, sin necesidad de reivindicar la pobreza, que es lo que hacen las fuerzas de izquierda o que se apoyan en el estado de bienestar.