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Estado omnipresente

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Son muchos los muros mentales que los individuos derriban cuando cambian su concepción del mundo (cosmovisión). Algo parecido recuerdo que me sucedió a mí cuando allá por 1996, en un curso de verano de la entonces Cánovas del Castillo, apareció Jesús Huerta de Soto blandiendo loas al anarcocapitalismo. Aquello no me convirtió políticamente en nada, pero fue tal el shock que recibí que me hizo ver que el «sistema» en que vivimos es un marco político, o sea, humano, que normalmente asumimos por defecto, pero que, por el contrario, hay que poner en cuestión y observar con el máximo recelo. Ya llegaba con la idea de que el liberalismo era un buen camino, máxime para una persona solitaria, poco gregaria y nada «igualitarista» –en tanto observadora de la variedad de personalidades y fines en los seres humanos–, pero el problema, descubrí allí, es el Estado: el Estado omnipresente.

Ese Estado que recibimos por defecto penetra por todos los poros de nuestra piel y no somos conscientes de ello hasta que algún shock derriba nuestro muro mental. Por supuesto que sabemos que está ahí, pero lo creemos imprescindible y, sobre todo y peor aún, totalmente neutro. Lo asumimos, en suma, como una institución en el sentido de Menger. Como el lenguaje, las buenas (o malas) maneras, el Derecho, el folclore, el mercado, etcétera. Muchas discusiones hay, por cierto, respecto de si una institución que se deriva de hechos violentos se puede concebir como tal según la visión mengeriana. A mí se me antoja que separar lo «violento» de lo «no violento» en el origen de una institución cuya evolución está influida por interacciones de miles de personas a lo largo de mucho tiempo es más que difícil, pero los amigos del sólo vale lo «blanco» o lo «negro» seguramente lo tengan más claro. Tan sólo pensemos en los idiomas. Mucha tela que cortar…

Así que, como norma «particular», reflexiono sobre esto como cuando los hijos, al alcanzar su pubertad, se rebelan contra los padres (o los mayores), a quienes precisamente increpan por educarles en el uso de unas instituciones que ellos no han creado. Este espíritu de derrumbar muros es ideal, en especial, si se trata de «instituciones» perversas que contribuyen a la desintegración de los lazos pacíficos que estrecharían los seres humanos caso de serles permitido. Hablamos de enfrentarse al poder: a aquellos que ejerzan coacción sistemática, institucional.

Los incentivos perversos que genera el Estado son innumerables a múltiples niveles. Que haya un 25% de desempleo en España no se debe sólo a la crisis. Italia acaba de alcanzar su cifra récord de casi el 11%. En Irlanda, se mueve en cerca de un 15%, y en Portugal es de un 15,4%. Así no hay manera de que el Estado español recaude ni de que se aligere de gastos sociales, como las prestaciones por desempleo. Recordemos que España está en el puesto 36 del Índice de Libertad Económica (Heritage Foundation), por detrás de Jordania, Botswana, Georgia o Emiratos Árabes Unidos. Creamos o no en estos índices, éste tiene la virtud de destacar elementos clave que apuntalan la libertad económica, como son el «rule of law» (derechos de propiedad y baja corrupción), gobierno limitado (gasto público y libertad fiscal), eficiencia regulatoria (libertad empresarial, laboral y monetaria) y apertura de mercados (libertad comercial, de capitales y financiera). No nos extraña, viendo estas categorías, estar donde estamos en España. Pensemos, por otro lado, que el sistema productivo en España –y en cualquier otro lugar– no crea sólo dos facciones enfrentadas: personas productivas y clase política. Podríamos identificar al menos hasta cinco: productivos, adormecidos, clase política, lobbies (incluyendo sindicatos, funcionarios, etc.), parásitos. Quiénes están soportando el peso de las reformas fiscales de «a una subida de impuestos por mes», los dos primeros grupos. Los primeros lo harán… hasta que aguanten. Los capitales (no sólo de ellos, sino de políticos y lobbies) ya están huyendo. Y las personas acabarán yendo detrás de su dinero buscando mejores destinos para crear riqueza, encontrar oportunidades y no ser expoliados. Los adormecidos empiezan a espabilar porque la presión derivada de su endeudamiento, los despidos y la dictadura fiscal es ya insoportable. Sobre qué acaben haciendo, dependerá en buena medida de qué discurso abracen en su despertar. Y en ésas estamos.

Este es un país que nunca ha querido trabajar. Y en este país en plena liquidación, aún menos. Estamos ante un juego de suma negativa, porque la tarta mengua a marchas forzadas. Cada día es más pequeña. Cada día, la deuda se come más producción presente y futura. Y la producción presente y futura, a fecha de hoy, no deja de encogerse. Estamos ante un sálvese quien pueda, un esquilmar a propios y extraños (a los dos primeros grupos, principalmente) a sabiendas de que el pastel se está consumiendo. No es de extrañar. Quien nunca ha sabido ni querido producir, siempre ha buscado esto. Pero antaño la tarta aún parecía crecer. El statu quo estaba servido entre fuerza productiva, parásitos, lobbies y Estado, que tenía sus arcas a rebosar. Y ahora qué pasa, los que sólo consumen y nada producen siguen haciendo aquello en que se especializaron tiempo atrás, pero ahora los nervios, el ansia por trincar y las malas expectativas futuras les llevan a blandir derechos sociales y luchar entre ellos como fieras para repartirse lo que quede del pastel. Y los demás, a verlas venir. A buscar planes B, economías sumergidas o lo que sea.

El Estado, históricamente, se ha movido en varios niveles. Obviamente, no hemos llegado hasta aquí, hasta este colapso del Estado de Bienestar, de un día para otro. En su refundación, se trató de un estado gendarme (o «estado mínimo»), guardián del orden público. La Revolución Americana de finales del XVIII es un buen ejemplo de ello. Otra Revolución de la misma época, la Revolución Francesa, sentaría los posos del segundo estado, el estado democrático o social, que se desarrollaría enormemente ya en el XX.

En 1913, Leon Duguit, líder de la Escuela de Derecho Público de Burdeos, definió los servicios públicos como: «toda actividad cuyo cumplimiento debe ser regulado, asegurado y controlado por los gobernantes, porque es indispensable para la realización y desarrollo de la interdependencia social y porque es de tal naturaleza que no puede ser asegurada completamente más que por la intervención de la fuerza gobernante». Esta definición es pertinente en tanto da cabida a casi cualquier cosa, como ha acabado por suceder.

Se ha puesto en bandeja la legitimidad de la tiranía a que estamos sometidos. Mientras dé el presupuesto, mientras no se destruya absolutamente el tejido productivo y unos puedan seguir viviendo de los otros, los tentáculos del poder lo asumirán todo.

De esta forma, llegamos al último paso que el Estado acabó por dar impulsado por la anterior Gran Depresión: el «estado planificador o regulador». Controlar la moneda, intensificar y optimizar (a ojos de la Hacienda Pública) el sistema fiscal y dirigir la economía eran el último reducto que les permitiría penetrar aún con más fuerza en el sistema productivo nacional y ganar tiempo para que unos sigan viviendo de los otros, con el soporte teórico y científico de aquello que en realidad sólo sale de las vísceras: institucionalizar la rapiña, el colectivismo y el resentimiento ante el éxito de nuestro vecino. De este tercer estado, surge el servicio público de carácter económico: eléctricas, transporte, telefonía, espacio radioeléctrico, etc. Servicios públicos, pues, son todos: sanidad, justicia, policía, educación, pero se sumaron a los anteriores los de carácter económico, principalmente, desde mediados del XIX, alternando desde entonces fases de privatización, pero por medio de sistemas concesionales, y nacionalizaciones.

A partir de aquí, el engaño, a saber, los muros que han esculpido en nuestro cerebro en piedra, ha sido apoteósico. Muchos se han llegado a creer que porque una empresa deje de ser de titularidad pública ya no es servicio público, o, como los llaman ahora para suavizar el impacto y confundir aún más, servicio de interés general. Incluso muchos piensan que siendo ciertos servicios de titularidad privada, pero no recibiendo transferencias públicas, entonces ya no se puede hablar propiamente de que son monopolio legal. La clave no es, aun siendo importante, sólo lo anterior: titularidad y transferencias públicas. La clave para determinar que un servicio de carácter económico está siendo ofrecido en régimen de monopolio estatal legal es el tercer factor: la regulación. No nos olvidemos de la tercera clase de estado: el «Estado planificador, regulador y redistribuidor».

Esto es fundamental debido a que la propia legislación, que en muchos casos se enmascara como leyes de competencia, procura promover dos resultados: redistribución de la riqueza y de la propiedad. De nuevo, limitaciones a nuestras libertades como individuos productivos o consumidores. Piénsese en la regulación de horarios comerciales para favorecer a los pequeños comercios. Los hipermercados o los comercios son a priori privados (no titularidad pública); además, no se transfiere dinero público a los pequeños comerciantes para compensarles porque el «pez grande se come al chico». Lo que se hace es regular en favor de los pequeños. Qué coste para el consumidor: mucho porque no puede probar alternativas que pudieran serle de mayor utilidad (y a menor coste). Pero qué coste para el contribuyente: aparentemente, ninguno. Cuál es el problema entonces. Riqueza y propiedad. Cómo se articula la distribución de la riqueza a gran escala: se encamina de hipermercados y consumidor al pequeño comercio. Cómo lo hace la distribución de la propiedad: los comercios –sea el que sea– no pueden explotar su equipo capital tanto como desearan. ¿A quién pertenece ese local en realidad?

Lo mismo si hablamos de urbanismo y los límites a las alturas de viviendas, por ejemplo, en Madrid. O la catalogación de suelo urbano frente a rústico. O la legislación laboral. O la prohibición de fumar en la hostelería… O tantas y tantas cosas. La arbitrariedad es brutal.

Y de esta arbitrariedad regulatoria que fagocita y anquilosa todo el sistema productivo (recuérdese el Índice de Libertad Económica) tampoco querrá la clase política desprenderse en estas épocas de vacas exiguas. Porque sólo devolviendo propiedad y dejando que la riqueza se encamine a sus legítimos dueños en tanto los consumidores rubrican con sus compras una propuesta de valor exitosa del productor, se podrá volver a la «senda del crecimiento» (según jerga política al uso). Crecimiento que ayudaría a recaudar más y gastar menos a la propia Administración, vaya por delante. Pero no, seguirá exprimiendo limones (agentes productivos y despistados) hasta que no haya una gota que extraer para mantener este cambalache de parásitos y jetas (hasta la próxima devaluación previa salida del euro). Estado omnipresente.

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