Falsas coartadas

Después de su investidura, el 12 de enero de este año el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, designó a los ministros de su nuevo gabinete de coalición PSOE/Podemos. Entre los agraciados continuó como vicepresidenta primera Carmen Calvo Poyato, a quién se encomendó las carteras de Presidencia, Relaciones con las Cortes y la coletilla premonitoria de “Memoria Democrática“[1].

No cabe duda, tras tantos años intermitentes en el candelero, cooptada por quien fuera presidente del PSOE y de la Junta andaluza, Manuel Chaves González, que Carmen Calvo Poyato forma parte de la camarilla que forjó nuevos constructos ideológicos después de la caída del caudillo Felipe González Márquez[2] en las elecciones generales de 1996. No olvidemos, empero, que sus sucesivos Gobiernos habían dejado su impronta desde el año 1982. La escatológica soflama del orate Alfonso Guerra González -“Vamos a dejar a España que no la va a conocer ni la madre que la parió”- anticipaba un inquietante proyecto de ingeniería social, cuyo contenido siempre quedaría al albur de esos ungidos. La habilidad para lanzar retruécanos y el carisma de González tardaron en sustituirse. Recuérdese que su renuncia a la secretaria general del PSOE en 1997 dio paso a un fiel escudero, Joaquín Almunia Amann. Al año siguiente las disputas internas forzaron un proceso de elecciones entre sus militantes para elegir un candidato a futuros comicios electorales. En ellas se alzó con la victoria Josep Borrell Fontelles[3]. Sin embargo, la oportuna aparición de sus relaciones inconfesables con dos colaboradores de la Oficina Nacional de Inspección de la Delegación de Hacienda en Barcelona en el diario El País en 1999 precipitó su dimisión. Retomado el control del partido, Almunia cosechó un estrepitoso fracaso frente al PP de Jose María Aznar López en las elecciones generales de 2000, en las que ensayó una coalición preelectoral “progresista y plural” con la Izquierda Unida dirigida por Francisco Frutos. La subsiguiente dimisión llevó al interregno de la presidencia de Manuel Chaves González y al 35 Congreso de julio de 2000 donde un diputado joven y casi desconocido, José Luís Rodríguez Zapatero, venció al segundo más votado entre los delegados, José Bono Martínez, como candidato a la secretaría general. No es un secreto que tal victoria se apoyó en el apoyo que garantizaron las delegaciones del PSC, dirigido a la sazón por Pascual Maragall y la andaluza por el ya mencionado. Un accidentado ascenso a la dirección en ese partido lo protagonizó también el actual presidente del Gobierno, quién dimitió como secretario general tras un intento de fraude en las votaciones de su comité federal en octubre de 2016 y regresó al puesto, aupado por los militantes del PSOE, en mayo del año siguiente.

Conviene repasar los anteriores hitos para comprobar hasta qué punto las querellas entre facciones de un partido que ha elaborado una épica mesiánica de su papel en la historia de España de los últimos ciento cuarenta años, a pesar de sus conocidos desafueros y sus evidentes carencias, pusieron en peligro su continuidad como maquinaria para conseguir y mantenerse en el poder.

Con la llegada de Rodríguez Zapatero se produjo un curioso malentendido, alentado por él. En un primer momento pareció que los socialistas españoles optaban por un dirigente ajeno a la corrupción que había caracterizado a los gobiernos de Felipe González Márquez y que importaba los compromisos del héroe socialdemócrata del momento: Anthony (Tony) Blair. En otros comentarios he aludido a que, en realidad, fue el visionario que adoptó una estrategia posmoderna para su partido, enarbolando una serie de señuelos (1, 2, 3) para cautivar a grupos de presión existentes o que empezaron a construirse entonces[4], y el cultivo de una política de alianzas en los extremos para asegurarse la hegemonía.

Sea como fuere, los socialistas presentaron ya una proposición de ley en el Congreso de los diputados, el 14 de diciembre de 2017 durante la última legislatura de gobierno del PP para reformar la Ley de Memoria histórica. Desde su ascenso al poder mediante la moción de censura contra Mariano Rajoy Brey y las sucesivas elecciones celebradas en España, los Gobiernos minoritarios de Pedro Sánchez Pérez-Castejón han profundizado en la estrategia definida por Rodríguez Zapatero[5]. A principios de este año volvieron a presentar como grupo parlamentario un texto articulado que, no obstante, retiraron pocos días antes de la aprobación del anteproyecto de “Ley de Memoria Democrática”, que presentó la vicepresidenta.

Documento

Solo está publicado un resumen del anteproyecto, que debe ser informado por el CGPJ y la Fiscalía General de Estado, pero los antecedentes y las propias palabras de la vicepresidenta permiten observar que el Gobierno pretende sustentar en el Derecho Internacional Humanitario la creación de víctimas históricas (desde la guerra civil hasta la aprobación de la Constitución de 1978) responsabilizando a una persona fallecida hace cuarenta y cinco años. La insostenibilidad de tal disparate, se intenta suplir con menciones a declaraciones de la Asamblea del Consejo de Europa o el Informe de 22 de julio de 2014 de Pablo de Greiff, Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, cuya intervención fue consecuencia de las acciones derivadas de la Ley de memoria histórica de 2007.

Ya en esta Ley se mencionaba el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París el 17 de marzo de 2006 que denunció las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España entre los años 1939 y 1975. Omite a este respecto dos cuestiones fundamentales, que se pueden observar si se consulta la página web del Consejo de Europa: 1) El texto fue adoptado por un Comité permanente en nombre de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, como recomendación nº 1736 al Comité de ministros 2) Dicho comité de ministros, a quién se dirigió la recomendación, formuló una réplica, aprobada el 10 de mayo, en cuyo apartado 3 se concluía:

“En relación a las recomendaciones específicas abordadas por la Asamblea, el Comité de Ministros considera que todos los regímenes totalitarios sin distinción, incluido el de Franco, deberían ser el objeto de una declaración o día oficial del tipo que sugiere la Asamblea. Señalar un único régimen antes que otro podría provocar la impresión equivocada de que algunos regímenes totalitarios merecen una condena antes que otros, aunque todos ellos colectivamente sean dignos de nuestra reprobación/censura”.

Los propulsores de esta legislación totalizadora en España ocultan también que ese mismo año la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa aprobó la Resolución 1481 (2006) de 25 de enero, sobre la necesidad de condenar los crímenes de los regímenes comunistas totalitarios.  Tras una serie de consideraciones, la Asamblea condenó las violaciones masivas de derechos humanos cometidos por dichos regímenes e hizo un llamamiento a todos los partidos comunistas o poscomunistas de los países miembros que todavía no lo hubieran hecho para reevaluar la historia del comunismo y su propio pasado, así como distanciarse de los crímenes y condenarlos sin ningún tipo de ambigüedad.

Pues bien, llama la atención que la política egabrense (una veterana que ha disfrutado de cargos influyentes desde los años noventa) recuerde ahora que es urgente aprobar una legislación para que el Estado sufrague el desenterramiento de personas que murieron hace más de 80 años del Valle de los Caídos; imponer una versión histórica proscribiendo otras; crear una fiscalía para investigar supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos durante tan largo periodo de tiempo, obviando la Ley de amnistía de 1977, aprobada por las Cortes constituyentes para extinguir la responsabilidad penal por crímenes cometidos por ambos bandos en la guerra civil; crear bancos de ADN de víctimas; cerrar la abadía del Valle de los Caídos y convertir en civil el cementerio: o reconocer los delitos cometidos en ese mismo periodo contra los gitanos, las mujeres o las personas de diversas orientaciones sexuales.

En definitiva, el Gobierno español recurre a falsas coartadas para profundizar en la destrucción de la reconciliación nacional avalada por la transición política y la Constitución de 1978. Promueve la transgresión de los derechos a un proceso justo con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva y presunción de inocencia, la libertad de expresión y cátedra, asociación, religión y principios constitucionales, como la legalidad penal, la competencia exclusiva de los jueces para revisar sentencias o reconocer a víctimas de delitos. Y, por último, llama la atención el atroz olvido de víctimas muy recientes de auténticos delitos de lesa humanidad cuyos autores, cooperadores y cómplices deben de seguir vivos y, por lo tanto, con la posibilidad de ser juzgados: las víctimas de la ETA y los 191 asesinados en los atentados del 11-M.

[1] Ejemplo de la selección negativa desaforada que se ha producido en el estamento político y pseudoacadémico español durante los últimos treinta años, comenzó su carrera profesional en la Universidad de Córdoba, como profesora de Derecho Constitucional. Previo paso por el Consejo Económico Social autonómico, en 1996 fue nombrada consejera de la Junta de Andalucía dirigida por Manuel Chaves González. En el año 2004 llegó al primer gobierno de Jose Luís Rodríguez Zapatero como Ministra de Cultura. Pocos días después de su estreno, a la pregunta de un periodista sobre las “ayudas automáticas a la producción” de cine, dejaba claro el concepto que tiene de la gestión pública: “Estamos manejando dinero público, y el dinero público no es de nadie”. Más recientemente, sus arengas, cual sacerdotisa de un nuevo culto, para lanzar a las masas de acólitos a peregrinar por las calles en medio de la pandemia del coronavirus y la hospitalización privilegiada de la que gozó ante los primeros síntomas de la enfermedad, demuestran que un charlatán puede disparatar con éxito durante años si la refutación de sus desatinos no le perjudica personalmente. Ni siquiera hemos visto su dimisión. Un caso más de las abismales “asimetrías” que permite la política, en palabras de Nassim Taleb.

[2] Su muy relativo distanciamiento respecto a los dirigentes actuales, no puede ocultar su grave responsabilidad por haber creado estructuras de poder análogas a los regímenes del PRI mexicano y la Argentina peronista.

[3] El incombustible político catalán ocupa en la actualidad nada menos que la vicepresidencia de la Comisión Europea encargado de coordinar la acción exterior.

[4] Las leyes de memoria histórica, de Igualdad y de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género no pueden entenderse sin la creación inducida de grupos para los que se anuncian subvenciones de las administraciones públicas.

[5] Durante los años 2018 y 2019 se observa una concentración en la planificación de los espectáculos de exhumación e inhumación forzosa de los restos del general Francisco Franco Baamonde, a las que se quiso dar cobertura con la promulgación de un Real Decreto-Ley que vulnera derechos fundamentales.