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Hacienda vela por nosotros

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Se han vuelto a ver las fauces del colectivismo totalitario, que condena a la picota al defraudador de impuestos al mediodía, pero justifica al terrorista con “motivos políticos”.

A raíz del escándalo de la (presunta) infracción fiscal de los actores Imanol Arias y Ana Duato[1], se han vuelto a ver las fauces del colectivismo totalitario, que condena a la picota al defraudador de impuestos al mediodía -aunque sean queridos y reconocidos actores- pero justifica al terrorista con “motivos políticos” a la hora de la cena mientras ven a un señor bajito con barba que charla amistosamente con asesinos mientras pasean por el monte. No vamos a entrar a juzgar la hipocresía vital que demostrarían los intérpretes, que -en caso de que se demuestre su evasión fiscal- con una mano marcaban la X solidaria en la declaración de la renta, mientras con la otra sacaban de España grandes cantidades de dinero por las que esperaban no tributar. A diferencia de la mayoría de medios generalistas y todólogos de bar, no podemos afirmar que Arias y Duato cometieran fraude -no sólo porque dudemos de la legitimidad del sistema impositivo, que también- porque a pesar de la tónica habitual, tratamos de no llamar ladrón al que un juez aún no ha condenado.

Al hilo de lo expuesto, las recientes informaciones[2] publicadas no dejan de sorprender, al confirmar el toque de atención por parte de Hacienda al ente público de televisión por mantener en antena una serie en la que dos de sus actores principales son investigados por evadir impuestos. Alegan que supone un “grave problema ético”. Resulta curioso que el Ministerio de Cristóbal Montoro tenga tanta celeridad a la hora de teledirigir a una de las empresas públicas que depende del SEPI -donde ellos tienen participación- sin existir aún condena. O bien conocen de información propia de la causa que incrimina irresolublemente a los actores y están adelantándose al futurible fallo judicial o sanción administrativa, o bien quieren romper la presunción de inocencia, expulsando de la parrilla televisiva a dos personas que, por ahora, son inocentes. Sea uno u otro el caso, se demuestra -una vez más- que la función de las cadenas públicas, más allá de ser ejemplarizante o de difusión cultural, se mueve en los parámetros del adoctrinamiento. En el que ya es el país con la mentalidad más anticapitalista de Europa[3], alguien a quien se señale en la Fiscalía como defraudador no es un simple delincuente; es un enemigo del Pueblo, un peligroso criminal que debe ser apartado de la sociedad y a quien se debe expulsar de su puesto de trabajo. Del mismo modo, para las corrientes que demonizan al rico -quien suele, en la mayoría de casos ser el generador de prosperidad para el resto- y creen que debería tributar aún más, estas noticias son acicate perfecto. Un actor famoso, que además de en el mundo artístico diversifica sus inversiones y obtiene rentas de diversos negocios, se atreve -presuntamente- a desobedecer a Hacienda y pretender que el fruto de su esfuerzo no acabe gastándose en construir estaciones sin trenes o pagando sueldos de asesores. Como si de un litigio laboral o una acusación de violencia de género se tratase, el investigado pasa a ser automáticamente culpable, invirtiéndose la carga de la prueba, y viéndose este obligado a demostrar su inocencia. Todo presunto defraudador es malo, y no tiene sitio en la cultura, sobre todo en la subvencionada. Parece que entre las funciones del Estado no estuviera ya tan sólo la de emitir noticias de interés general -e incluso en estas encontramos manipulación- sino que, además, está la de formar en “valores democráticos” a los adultos que eligen ver las series de sus cadenas.

Mientras que en los entes privados pueden emitirse desde entrevistas a terroristas o violadores a programas en los que la bajeza moral del ser humano llega a límites insospechados, como en aquellos en que se insulta a los monasterios comparándolos con falansterios, parece que las cadenas públicas tengan que mantenerse inmaculadas y puras, emitiendo sólo aquello que “sea bueno para todos” y “sirva al interés general”. Por supuesto, el interés general lo determina quien gana las elecciones, teniendo así un altavoz pagado por todos, que responde a los deseos del 51%. Una cadena privada asume las pérdidas de emitir burdos programas y recibe ganancias con los que lleguen a la audiencia, pero las dos cadenas públicas -y más aún desde la eliminación de los anuncios- son netamente deficitaria. A lo largo de los quince años de emisión de la serie “Cuéntame cómo pasó” se han cometido diversas vilezas históricas, manipulando las versiones según convenía al Gobierno de turno, no siendo este el primer ni el último caso de modificación partidista de la información. Habrá quien pueda aducir que el Consejo de Administración de RTVE es independiente del Gobierno porque sus miembros son elegidos por las Cámaras. Este extremo es tan absurdo que no merece ni la pena un comentario en profundidad. Remitimos a anteriores artículos sobre democracia, Estado de Derecho y legislación para entender el poder desmedido de un Presidente con mayoría absoluta.

Si no nos gustan los programas que emiten las cadenas privadas, podemos cambiar de canal y condenar al ostracismo -y por consiguiente, a la pérdida económica- al ente en cuestión. Pero si pensamos que Arias y Duato son unos ladrones, o a sensu contrario creemos que no merecen esta persecución pública poco importa; porque serán los políticos, los representantes de “el pueblo”, los que decidirán si la serie sigue o no en antena. Siempre buscando para nosotros lo mejor, sabiendo que necesitamos ver en pantalla a gente que paga sus impuestos y son buenos ciudadanos, todo aderezado con buenas sesiones de revisionismo histórico y dictadura de la igualdad en prime time.

Acabemos con los medios de comunicación públicos. Terminemos con la programación dirigida desde un Consejo de Ministros y dejemos que cada espectador decida a quién ve y cuándo. Y así Antonio y Merche seguirán en antena si los televidentes lo desean; igual que tuvimos que sufrir a Rekarte en la Sexta, o vibrar con Soprano en HBO, porque la audiencia así lo quiso. Mientras tanto no nos den lecciones de ética y moral, y menos aún con nuestro dinero.


[3] CEREZAL, P. «España, el país más anticapitalista de Europa », en Expansión.

 

2 Comentarios

  1. Quien se indigne al ver
    Quien se indigne al ver presuntos defraudadores debiera preguntarse si paga a Hacienda voluntariamente y descubrirá que Hacienda no le pregunta si quiere o no pagar, tan solo le amenaza con embargarle, multarle, encarcelarle… si no paga lo que Hacienda estima. Si su particular relación con Hacienda no le indigna, quizá le indigne la propuesta de muerte civil a los sospechosos de fraude por parte de Hacienda. Si no le indignan estos abusos y sí ver a presuntos defraudadores, entonces actúan como lacayos con antorchas dispuestos a quemar a quienes digan sus amos que son brujas.

  2. Me quedo con estas líneas:
    Me quedo con estas líneas:

    «… se han vuelto a ver las fauces del colectivismo totalitario, que condena a la picota al defraudador de impuestos al mediodía -aunque sean queridos y reconocidos actores- pero justifica al terrorista con “motivos políticos” a la hora de la cena mientras ven a un señor bajito con barba que charla amistosamente con asesinos mientras pasean por el monte».

    Definitivamente, este país está enfermo. Enfermo y batasunizado. O batasunizado y bolivarianizado, qué más da.
    De verdadero asco a lo que ha llegado España en solo tres lustros. Me lo vaticinan por aquel entonces y tomo a mi interlocutor por esquizofrénico.


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