La ex ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, está siendo investigada por la entrada, presuntamente ilegal, del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en España para, supuestamente, ser sometido a un tratamiento por una enfermedad que padece. Esta entrada fue detectada por Marruecos y degeneró en un conflicto internacional y un proceso judicial que ha terminado con la imputación de ella. A las preguntas del magistrado Rafael Lasala y en calidad de investigada, ambos tuvieron el siguiente diálogo:
R.L.: “¿Se lo dijo usted a alguien o se tramitó directamente a través del Ministerio de Exteriores?”.
A. G. L. “Esto sigue los cauces propios en nuestro país de una decisión que es, recordemos, política; una decisión de ejercicio de soberanía de nuestro país. Es una decisión política, que pertenece al ámbito político y, como tal, sigue el cauce que se sigue en las cuestiones políticas”.
Sin ánimo, por mi parte, de entrar en el asunto judicial, ya que no tengo suficientes conocimientos para para dar una opinión significativa, me llama mucho la atención la forma de defenderse de la exministra, al invocar que la decisión tomada es una “decisión política” que, nada más y nada menos, forma parte del ejercicio de la soberanía de nuestro país. Las decisiones políticas deberían estar dentro del marco de la Ley, como las de cualquier otro ciudadano. Es decir que, independientemente de quién haya tomado esta decisión -González Laya o los que estén por encima de ella- debe ser conforme a derecho. La entrada de Ghali en España podría hacerse, siempre y cuando cumpliera con la legislación.
Uno de los pilares del sistema democrático occidental es el pomposamente llamado Imperio de la Ley, que viene a decir que todos los ciudadanos están obligados a cumplirla, independientemente del cargo que ostenten o su papel dentro de la sociedad. Es más, hay otra máxima por ahí que dice que su desconocimiento no exime de su cumplimiento. Tampoco quiero entrar, aunque sí mencionar, en que este principio creo que tiene un límite, que es el que marca ciertos derechos básicos que se consideran inalienables (1).
Lo cierto es que hay una tendencia de acción política de hacer y tomar decisiones cercanas a esas zonas difusas, algunas veces muy amplias, que distinguen lo legal de lo ilegal y que tanto juego dan en los medios de comunicación y tanto tiempo quitan a los ueces, que podrían estar más centrados en casos importantes para la ciudadanía.
La razón política es esgrimida con mucha frecuencia para justificar una acción sospechosa de ser ilegal, una especie de comodín que da invulnerabilidad. Al final, no deja de ser sino una versión de la ley del más fuerte, solo que esta vez el más fuerte es el que tiene votos, propios o en coalición, que lo “legitiman” para saltarse la Ley. En aquellas ideologías que huyen de los valores liberales que pretenden impregnar los sistemas políticos occidentales, es parte de su estrategia política habitual.
Así, una fuerza comunista como Unidas Podemos usa muchas veces como fuente de legitimidad la condición de cargo electo para dar validez a normas que se saltan la legalidad. Los ataques a decisiones judiciales que han condenado a varios de sus líderes (Pablo Echenique, Isabel Serra o Alberto Rodríguez) estarían en esta línea, pero van más allá cuando legitiman opiniones frente a las de otros que no han sido sometidos a cargos electos, como empresarios o ciudadanos poco relevantes a los que desprecian. Sus ataques a la Monarquía también van por estos derroteros, aunque esta institución sea tan constitucional y legal como lo son los congresistas. No son los únicos y el “usted no sabe con quién está hablando” es más habitual de lo deseable en personas que se sienten investidas con poder (real o ficticio) y se comportan de manera despótica.
Desgraciadamente, hay mucha gente (no sólo los seguidores acérrimos de comunistas, socialistas, nacionalistas y otros “istas” totalitarios), para la que un cargo electo tiene un poder superior sobre el resto de la ciudadanía. Se le suele otorgar a los que son de su cuerda ideológica y se les niega o limita a los que no lo son o se consideran enemigos. Es como si, de alguna manera, la visión autoritaria del poder estuviera emergiendo en el contexto actual, a costa de cargarse lentamente ciertos principios básicos que han estado en las democracias occidentales casi desde el principio.
No es la primera vez que pasa esto, ya que, en el periodo de entreguerras, el fascismo, el nazismo y el comunismo, entre otros movimientos ideológicos, triunfaron entre la ciudadanía de los países que luego los sufrieron, con apoyo mayoritario.
Esta visión política del que ejerce el poder caminando hacia la tiranía aparece en tres ocasiones. La primera es cuando unas circunstancias externas obligan al régimen a ejercer medidas que limitan los derechos de sus ciudadanos. Las grandes catástrofes, las pandemias o las guerras nos limitan de forma circunstancial, pero también preocupante. Tal situación no implica que el político pueda hacer lo que le venga en gana, más bien que el ciudadano se vea obligado a limitar el ejercicio de su libertad. La segunda ocasión es cuando el régimen se convierte en una tiranía por la acción represora del que se impone. Los dictadores pueden llegar al poder de muchas maneras, algunas veces de manera democrática, otras por la fuerza de las armas y, las menos, por vacíos de poder que se generan, aunque también suelen ser acompañados de actos violentos.
La tercera es la más preocupante: cuando los ciudadanos así lo quieren, es decir, cuando una mayoría o una minoría significativa e influyente apoya este tipo de medidas contrarias a las ideas de la libertad. En España, no solo son los partidos más extremistas los que empiezan a actuar de esta manera, sino también los que se supone que están en posiciones más moderadas.
Tengo la sensación de que nos estamos abandonando a esta peligrosa deriva, no sólo en España, sino también en el ámbito más internacional. El próximo artículo lo dedicaré a la Unión Europea y su preocupante deriva autoritaria.
1 Principios básicos que, de nuevo, varían. Desde un punto de vista liberal, el derecho a la propiedad privada es indiscutible, pero numerosas leyes o constituciones le ponen límites, ya sea en forma de impuestos o de expropiaciones. En países occidentales, existe la pena de muerte como medida punitiva extrema y el derecho a la vida es también otro que se considera básico. Por rizar el rizo, hay una fuerte polémica en si un feto es una persona o no y, por tanto, si el aborto es un crimen o un derecho que puede ejercer la mujer.
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