La sanidad no se vende pero los servicios sanitarios sí; un médico, una enfermera, un auxiliar o un celador cobran dinero por sus servicios. Y no precisamente lo justo para vivir.
El hospital universitario La Princesa aparece estos días con docenas de sábanas, cuyo fin debería ser el uso por parte de los pacientes, colgadas de las puertas y ventanas con garabatos pintados sobre ellas. Es el mejor ejemplo del respeto de algunos empleados públicos por el uso del dinero que el Estado extrae de los bolsillos de sus conciudadanos.
Al parecer para algunos las subidas de impuestos son legítimas y se tienen que acatar, pero la decisión sobre el cambio de modelo de gestión de unos hospitales no, y por tanto se pueden contestar cortando calles, encerrándose en edificios públicos y molestando a los usuarios de una sanidad cuyo coste están obligados a sufragar. En otras palabras, una parte de la sociedad cree sinceramente que la otra parte está obligada a mantenerla digan lo que digan las urnas… y la realidad.
La única forma de hacer accesible la sanidad a todos los ciudadanos es abaratando su coste. Y la única forma de abaratar el coste de algo es dejar actuar libremente a las personas para que, de la competencia y la especialización, surjan nuevas técnicas que aumenten la productividad.
Los argumentos más utilizados por los defensores de la sanidad pública es que las enfermedades crónicas son muy difíciles o imposibles de costear por un ciudadano medio. O que las Urgencias sólo aceptarían a pacientes después de revisar su cuenta corriente. Dejando a un lado la validez de estos argumentos, la primera pregunta que habría que hacerles es por qué defienden la sanidad pública, cuando solo tienen argumentos para defender la gratuidad de urgencias y tratamientos a enfermos crónicos.
Ocho de cada diez funcionarios que pueden elegir entre Muface y la seguridad social, escogen a la mutualidad, que le permite contratar un seguro médico privado. Solo con este dato cualquier manifestación de funcionarios en defensa de la sanidad pública queda totalmente desacreditada.
Nadie en la extrema izquierda va a entender este tipo de argumentos. Para ellos utilizar la lógica del mundo real no tiene sentido, porque el mundo al que aspiran es ajeno a la realidad. La sanidad debe ser gratuita y todos los que trabajan en ella deben ser los mejor preparados. Que eso sea posible o no les da bastante igual. Por supuesto, hasta en los experimentos más cutres como el que tuvo lugar en Sol hace año y medio se pudo ver que su mundo paralelo implosiona en cuestión de días, por lo que no hay que preocuparse mucho por intentar convencerles de nada.
La gestión privada de hospitales es solo un parche de urgencia ante la escasez de dinero. Sería mucho más lógico implantar la desgravación del 100% del coste de un seguro privado para todos los ciudadanos. De este modo serían los propios ciudadanos los que premiarían la buena gestión de las aseguradoras, y los socialistas y aprovechados de las batas blancas tendría más difícil inventarse conspiraciones, al ser los propios ciudadanos los que les dieran la espalda.
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