En estos días hemos visto cómo el estado ha fallado en relación a la seguridad física de las personas. Aumentan los "secuestros express", los robos en los domicilios de los particulares son más violentos –aunque los Mossos d’ Escuadra mantienen que han disminuido–, el nivel de inseguridad diaria es más fuerte que en años anteriores. No es un panorama muy halagüeño.
Si el Estado se hubiese mantenido fuera de la seguridad física de las personas, los detractores de la libertad económica lo habrían calificado como un fallo de mercado. Por el contrario, este fallo ha sido del Estado. Lo sorprendente es ver como los medios de comunicación reclaman soluciones al creador de esta situación, al Estado: más policías, más control. Pero más vigilancia estatal no significa más seguridad sino menos libertad.
Si aplicamos la Teoría de la Imposibilidad del Cálculo Económico Socialista de Ludwig von Mises al mundo de la seguridad rápidamente nos daremos cuenta que el gobierno siempre fallará como productor.
El gobierno no tiene idea alguna de cuál es la cantidad necesaria de efectivos, recursos ni sistemas que pueden garantizar una situación de seguridad estable, por eso mismo, cuando se destapan escándalos como el que nos ocupa la respuesta gubernamental va en dos direcciones que sólo cumplen con las apariencias sin dar soluciones reales al problema: una es por medio del desbordamiento de la producción incurriendo en fuertes gastos económicos que no suelen atajar el problema debido a la propia estructura de la administración pero que parecen serias y son defendidas por los amantes de lo políticamente correcto. El precipitado refuerzo de 200 guardias civiles para vigilar las zonas de Barcelona y Tarragona es una muestra.
En segundo término, la respuesta del gobierno siempre será creando órganos burocráticos y leyes que sólo refuerzan el poder estatal que nada tienen que ver, pese a los grandilocuentes nombres que les dan los burócratas, con la seguridad de las personas. La política de seguridad totalitaria de George W. Bush en Estados Unidos, y la próxima creación en España del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado sólo son, y serán, armas para fiscalizar a las personas, crear chivos expiatorios y el arma arrojadiza de los partidos políticos para criticarse los unos a los otros. Los ciudadanos seguiremos estando indefensos.
Sólo el individuo libre es capaz de calibrar la seguridad que él quiere y cómo la quiere. Estos factores son un cúmulo de variables demasiado complejas y volátiles como para ser abarcadas por las mentes cerradas y cartesianas de los diseñadores sociales del gobierno. En la libre valoración subjetiva cada actor económico destina una parte de sus dotaciones económicas a aquello que más valora, y en respuesta, las empresas satisfacen al cliente para obtener así el mayor beneficio económico.
Para conseguir una auténtica reducción del crimen no sólo tendremos que modificar las leyes penales para basarnos en una justicia inspirada en el derecho natural y de indemnización a la victima en lugar del castigo al criminal, sino también, desregularizar todo el sector privado de la seguridad como la tenencia y uso de armas de fuego. Con las leyes actuales sólo los criminales van armados. Ya es hora que la gente honrada pueda defenderse de los ataques que se cometen cada día contra su vida y propiedad.
Únicamente la incapacidad estatal ha hecho posible que este proceso individual de defensa ya haya empezado. El que de verdad está preocupado por su seguridad acude rápidamente a empresas de defensa instalando habitaciones del pánico, comprando herramientas para su seguridad individual, alarmas cada vez más sofisticadas… Los actos, que son lo único que nos interesa en economía y en el mundo de la praxeología, nos demuestran que sólo el sector privado es capaz de corregir y solucionar las barbaridades antisociales del estado. Si no procuramos por nuestro bienestar nadie más lo va a hacer de forma desinteresada, y menos aún, el Estado.
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