Ineficacia eléctrica

REE trata de comportarse como una empresa privada, pero frenada por su carácter público.

El pasado 29 de septiembre de 2019, en Tenerife se produjo un apagón que afectó a toda la isla canaria, generando lo que se ha venido a llamar  de una manera muy gráfica y acertada un cero energético. A eso de las 13.10 hora local, la ausencia de energía eléctrica generó un caos en toda la isla. Gente atrapada en ascensores, ausencia de semáforos que provocó un caos circulatorio, innumerables servicios que, necesitados de electricidad, no se podían ofrecer… Comercios que terminaron cerrando, hospitales, organismos públicos que estuvieron a punto de arruinar costosos y largos experimentos científicos, aeropuertos y otras infraestructuras básicas que pusieron a prueba sus sistemas alternativos para seguir disponiendo de electricidad y muchas personas, muchas, los 920.000 habitantes y los que estuvieran de visita, enfadadas por una situación que tardó 9 horas, en los casos más extremos, en resolverse.

Si bien las airadas protestas se dirigieron en principio contra Endesa, la eléctrica que abastece a la isla negó su culpabilidad y las sospechas (que no el enfado) se volvieron contra Red Eléctrica de España (REE). Las autoridades locales proclamaron desde el principio no saber a quién culpar (a ellas mismas, desde luego, no), llegando a afirmar que ninguna de las dos grandes empresas encargadas del servicio eléctrico sabía decir qué había pasado. Los primeros datos sobre las causas apuntaron a la subestación eléctrica de REE en Granadilla-Abona y, días después, ésta reconoció toda la culpa en el incidente. La investigación preliminar llevada a cabo por la compañía, y que se hizo pública a mediados de octubre, aseguraba que se produjo algo inusual, un doble fallo en la subestación que llevó al sistema al cero energético y paralizó las dos centrales eléctricas de la isla, Caletillas y Abona, de Endesa, que desde el principio había asegurado que sus instalaciones estaban funcionando perfectamente.

Obviamente, una cosa es reconocer que el incidente se debía a un fallo en sus instalaciones y otra muy distinta, reconocer incompetencia a la hora de dar el servicio. En esta misma investigación destacaban que el incidente fue inevitable, pues la compañía cumplió estrictamente con las exigencias que establecen las resoluciones de la Secretaría de Estado de Energía. Es decir, que más de 920.000 personas se quedaron a oscuras porque Red Eléctrica de España, empresa de capital mayoritariamente público y presidida por el exministro Jordi Sevilla, que no sé qué conocimiento tiene sobre los sistemas eléctricos, ha cumplido escrupulosamente con las normas y la burocracia. No sé, se me antoja que, si esto es así, a lo mejor se debería cambiar el protocolo a seguir o, al menos, hacerlo algo menos rígido, algo menos burocrático.

Sin embargo, no podemos dejar esto aquí. En un sistema con menos peso de la política, una compañía, después de pedir disculpas y ponerse a disposición de las autoridades y reguladores mientras se investiga si el incidente tiene algún tipo de sanción, intentaría dos cosas: una investigación interna que determine las causas y ponga soluciones para que no se repita y, por otra parte, y a través de su departamento de comunicación, atemperar el asunto, reducir su exposición mediática. Sin embargo, REE no hizo nada parecido y esto se debió principalmente a que tiene como presidente a un político de alto nivel, que sigue ejerciendo como tal. Dos días después del corte, y a través de Twitter, después de pedir disculpas por las molestias y destacar la calidad de los profesionales y del servicio (?), se refirió al recorte en las retribuciones a las redes de transporte: “Pero como todo servicio público, necesita cuidarlo, mantenerlo, mejorarlo y no recortes, ni hachazos que acaban deteriorando el servicio prestado. Ojo”. Aprovechar un incidente como este corte para entrar a criticar a la CNMC, que es la que ha propuesto el recorte, poco o nada tiene que ver con su labor empresarial y sí con agradar al Ministerio, también en contra de estos recortes. Es una afirmación gratuita que solo buscaba hacer daño y no solucionar una situación complicada, victimizar a REE y buscar culpables, aunque no lo sean. Se nota a la legua que estamos ante un político y no ante un empresario, que, por lo general, habría sido mucho más prudente. Es evidente que los recortes no provocaron el doble fallo en la subestación de Granadilla-Abona, sino un fallo técnico y seguir una rutina burocrática que, a lo mejor, se tenía que haber alterado[1].

La presidencia de Jordi Sevilla es polémica. El exministro llegó a la empresa de manos de Pedro Sánchez, en sustitución de José Folgado[2], y su labor está llena de controversias. Una de las primeras decisiones de Jordi Sevilla al llegar a REE fue desmantelar la cúpula de la eléctrica, destituyendo al consejero delegado Juan Lasala, nombrado por el anterior presidente, y sustituyéndolo por Roberto García Merino, que venía del área de diversificación de la empresa. Si estos frecuentes vaivenes en la estructura de una empresa ya son perjudiciales, lo más problemático vino del objetivo del nuevo CEO. La razón para el nombramiento de García Merino era potenciar el área de telecomunicaciones y la diversificación de la empresa. Si la justificación para que REE sea una empresa semipública es garantizar el servicio eléctrico nacional, poco o nada deberían pesar las telecomunicaciones, la diversificación o la internacionalización de la empresa. Sin embargo, estos han sido los grandes objetivos de REE en su nueva etapa, aunque como veremos con varios ejemplos, es hasta cierto punto continuista.

En el camino de la diversificación ha dejado de lado lo que debía ser su principal atención, dar un servicio eléctrico de calidad, y se ha embarcado en operaciones de amplio calado como la compra de Hispasat por 933 millones de euros, con beneficios a la baja, mientras apenas invertía 325 millones en las islas Canarias desde 2011, es decir, apenas 36 millones al año, en un sistema muy frágil como son los sistemas insulares, en los que no se puede recurrir a sistemas de apoyo u otras líneas como se hace en la Península.

Esta situación viene de largo. Cuando Folgado presidía la empresa, la diversificación también interfería con su objetivo inicial. Las costosas interconexiones con Francia y Marruecos, quizá presupuestariamente excesivas para el tamaño de la empresa, se potenciaron (actualmente hay varias previstas), ya que cada una de ellas obtiene ayudas de la UE, además de dar beneficios (cuando los dan) propios por el servicio que prestan.

También hace unos años, se optó por proyectos de generación como la hidroeléctrica de Chira-Soria, ésta en Gran Canaria, que le fue arrebatada por el ministro Soria (PP) a Endesa para encargársela a REE, con nula experiencia en proyectos de generación eléctrica y que provocó mucha polémica en esos años.

Volviendo a la etapa de Jordi Sevilla, el cero energético de Tenerife no es un caso aislado de praxis dudosa. La isla de Menorca, esta vez en las Baleares, contaba para su suministro eléctrico con una central de Endesa en Mahón y un cable de REE que la conectaba con Mallorca. En octubre de 2017, ese cable se rompió y los ciudadanos menorquines se quedaron sin esta fuente de energía. Un año más tarde, la mitad de la isla se quedó sin luz durante 24 horas, hecho que no habría ocurrido de haber funcionado la infraestructura. Pues, pese a tal disparate, los menorquines aún lo están esperando y parece que su sustituto entrará en funcionamiento el primer semestre de 2020.

Al final, esta estrategia de diversificación territorial y de negocio ha situado a REE en una posición en la que trata de comportarse como una empresa privada, pero frenada por su carácter público, descuidando su tarea principal, invirtiendo en negocios que no son la razón de ser de la empresa, para supuestamente lograr más beneficio y no depender de su principal negocio, ahora amenazado por los recortes anunciados por la CNMC.