«Entonces la cuestión es saber qué odian más los conservadores: bien un gran gobierno o bien los trabajadores indocumentados. Si es lo primero deberían cesar de beber el veneno restriccionista. Y si es lo segundo, deberían dejar de fingir que son partidarios de un gobierno limitado». Shikha Dalmia.
«El comportamiento humano ha desafiado casi siempre los planes mejor intencionados». Daniel Tichenor.
«Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo». Albert Einstein.
«De aquí a 20 años será obvio que los ‘baby boomers’ necesitarán a los jóvenes inmigrantes. No sólo California tiene escasez de trabajadores sino el país entero.» Dowell Myers.
Los norteamericanos suelen celebrar con orgullo su pasado como nación de inmigrantes, pero temen su inmigración actual. Es uno de los asuntos más controvertidos en dicho país. Los políticos republicanos son partidarios de mayores restricciones y controles de la misma. Quieren a toda costa que el asentamiento de personas extranjeras que vengan a trabajar a su país sea un proceso largo, selectivo y excluyente. Asimismo apoyan, como buenos nativistas, las detenciones y expulsiones compulsivas para aquellos que se salten ese proceso.
Como ya hemos visto, construir un muro en la frontera sur del país no detiene realmente el flujo migratorio, simplemente lo hace invisible (clandestino). Las personas que arriesgan su propia vida para llegar a los EE UU no son fácilmente disuadidas con reglamentos o patrullas fronterizas. Millones de personas quieren llegar y otros tantos empleadores quieren contratarlos. En vez de procurar más canales legales y promover la inmigración legal, se opta por erigir mayores barreras e impedimentos. De la misma forma en que altos niveles de tributación alientan la evasión fiscal o elevados aranceles incitan el contrabando, draconianas restricciones a la inmigración fomentan el traspaso ilegal de las fronteras.
Incomprensiblemente los conservadores abdican de sus convicciones (tal vez porque no son demasiado profundas) en torno a las bondades y la ética del mercado. Perciben al inmigrante llegado a los EE UU como un abusador que utiliza la economía americana como si fuera una simple vaca lechera y no como una tierra de oportunidades para que pueda realizar su contribución y progresar por sí mismo trabajando duramente en beneficio de toda la sociedad.
La esperada reforma migratoria
Las leyes de inmigración llevan sin revisarse en los EE UU más de veinte años. Las masivas deportaciones de inmigrantes clandestinos empiezan a ser ya socialmente inasumibles. El argumento económico a favor de la inmigración hace tiempo que es abrumador en el gremio de los economistas. La reforma del sistema se hizo ya patente en tiempos de Bush. No obstante, el advenimiento del 11-S sirvió de coartada para sabotearla y, so pretexto de salvaguardar la «seguridad nacional», seguir con el régimen restriccionista a la inmigración.
Desde que Reagan «amnistió» a tres millones de inmigrantes indocumentados, las leyes de inmigración americanas y los controles sobre la población inmigrante se han incrementado progresivamente. Bush intentó en 2007 introducir una reforma migratoria así como un programa de trabajadores huéspedes pero su falta de convicciones claras al respecto y su propio partido impidieron que se llevaran a efecto. El Congreso americano no afrontó la necesaria reforma del sistema migratorio. Es un tema complejo que levanta ampollas.
Actualmente se estima que hay más de once millones de inmigrantes clandestinos. Ocho son mexicanos, casi dos millones son del resto de Centroamérica y del Caribe, otro millón más son asiáticos y unos 300.000 son de origen europeo. El 65% de ellos lleva viviendo más de 10 años de forma continuada en suelo americano. No se les ocurre ni en sueños traspasar la frontera por temor a no poder regresar a sus trabajos o junto a sus familias o allegados en los EE UU.
Obama prometió antes de ser presidente llevar a cabo la tan ansiada reforma y dar una salida digna a los trabajadores indocumentados. Su reforma avanza demasiado lentamente. Esto no ha sido óbice para que durante su mandato las fuerzas y cuerpos de seguridad americanos hayan aumentado significativamente las deportaciones de inmigrantes clandestinos; el número total de expulsiones alcanza los 400.000 deportados por año (en época de Bush eran unos 250.000). Para que nos hagamos una idea, es como si se expulsara el total de la población de la ciudad de Bilbao y Portugalete juntas, o la de Las Palmas de Gran Canaria o la de Palma de Mallorca anualmente de forma ininterrumpida. El que diga que no es necesario reformar en serio el desquiciado sistema migratorio de los EE UU es que no quiere afrontar la realidad.
Pese a que se anda cocinando desde hace más de dos años una nueva reforma sobre la inmigración en los EE UU, los procelosos trámites legislativos americanos y la cabezonería republicana impiden que por el momento salga para adelante.
Mientras, leyes contra inmigrantes en Arizona y Alabama
A la espera de que se apruebe la reforma migratoria, los legisladores conservadores, deseosos de «hacer algo» al respecto y jaleados por organizaciones antiinmigración (como la hiperactiva FAIR), han ido aprobando sus propias leyes -por llamarlas de algún modo- en los Estados donde gobiernan.
Así, en abril de 2010 la gobernadora de Arizona promulgó una ley (la SB 1070) que convierte en delincuentes a los inmigrantes indocumentados. Esta ley permite a la policía detener e interrogar (stop and ask) a cualquiera si se tienen «sospechas razonables» de que es indocumentado. Da también derecho a los ciudadanos a instar a los agentes del orden a realizar controles sobre los inmigrantes. La aplicación de esta ley tiene un tufo de discriminación racial y animosidad étnica innegables por mucho que los políticos representantes de dicho Estado lo nieguen. Se tensa la costura de los derechos civiles de sus ciudadanos. Esto sin contar con la aplicación obligatoria en dicho Estado del sistema de verificación del status del futuro trabajador (mediante el programa E-verify) y de la conocida sanción como Business death penalty (cierre del negocio) para aquellas empresas que sean reincidentes en la contratación de trabajadores indocumentados (illegals).
Por su parte, el gobernador de Alabama, a pesar de contar dicho Estado con un bajo porcentaje de inmigrantes, aprobó a mediados de 2011 su propia ley de inmigración (la HB 56). Es una de las más restrictivas de los EE UU. Obliga a todo ciudadano a llevar encima en todo momento su documento de identidad (es algo bastante inusual en los EE UU), tipifica como delito el transportar o el rentar una vivienda a un inmigrante indocumentado y anula cualquier contrato firmado con el mismo. Además, requiere a las escuelas públicas llevar censos de sus alumnos para saber quiénes tienen o no documentos (comunicándolo al Estado) e incrementa muchas de las sanciones propuestas en su día por la legislación de Arizona de 2010.
Con legislaciones estatales en la mano como las de Arizona o Alabama es una felonía hacer negocios, establecer relaciones laborales, arrendaticias o contractuales de cualquier tipo con extranjeros «ilegales», es decir, indocumentados. Es profundamente irónico que Estados que en el pasado violaron –mediante la ley- los derechos humanos para mantener dentro una fuerza laboral negra, barata y esclavizada estén haciendo de nuevo ahora algo parecido pero en sentido inverso: expulsar a una fuerza laboral mestiza, barata… y deseosa de trabajar.
Las consecuencias previsibles de estos dislates no se han dejado esperar: éxodo de inmigrantes (legales y clandestinos) a otros Estados menos opresivos y un poco más hospitalarios, pérdida de miles de puestos de trabajo y economías resentidas en Arizona y Alabama, obviamente.
Pese a esto y a que algunas de las más disparatadas medidas de estas dos leyes hayan sido bloqueadas por el Tribunal Supremo a instancias del Departamento de Justicia estadounidense por interferencia constitucional con la política federal, lo fundamental permanece intacto. Otros Estados (Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah) han seguido el ejemplo de Arizona y Alabama. La demonización continua por parte de los políticos conservadores hacia los latinos (el sector del electorado estadounidense de más rápido crecimiento) evidencia la voluntad de sacrificar poder electoral a largo plazo para la auto-preservación del mismo a corto.
Como criminales, pero con menores derechos
A los conservadores les encanta decir de manera hipócrita que no están en contra de la inmigración sino sólo contra aquélla que es clandestina, pero reduciendo al mismo tiempo todo lo posible las opciones a los extranjeros para trabajar y vivir legalmente en su país. Cualquiera que haya tenido que vérselas con el aparato burocrático de inmigración de los EE UU sabe que uno acaba perdiendo su status de legal antes o después. La intrincada y severa regulación de la inmigración penaliza al que quiere cumplir con las reglas y es casi imposible no terminar violando alguna de ellas (es lo que suele ocurrir con las malas y prolijas regulaciones).
La ICE (Inmmigration and Customs Enforcement) y demás cuerpos y fuerzas de seguridad americanas (incluidas las locales) tienen encomendada, bajo la denominada Sección 287(g), la aplicación implacable de las normas de inmigración. Han de cumplir todos con dicho mandato, especialmente tras los sucesos del 11-S, hayan sido o no capacitados para ello. Las detenciones de inmigrantes, por ende, han aumentado de forma muy acusada en la última década.
Es preocupante la situación legal de los inmigrantes indocumentados. A pesar de cometer una ofensa civil (haber traspasado la frontera ilegalmente), se les trata como si hubieran cometido una ofensa penal; peor aún, porque no tienen los mismos derechos que los criminales encarcelados: se les detiene sin plazo definido (puede ser más de un año al no aplicárseles el habeas corpus), carecen de abogado de oficio (aunque pueden contratar uno privadamente) y se les obliga a costear su estancia en prisión hasta que llegue el juicio para su deportación. Los juzgados que tratan los asuntos de inmigración no están sometidos a las mismas reglas de procedimiento que las cortes penales. Según la American Bar Association, los jueces de inmigración aplican la ley de forma inconsistente y sesgada a favor de las directrices federales.
Oficialmente, los esfuerzos de la ICE y demás fuerzas de seguridad deberían enfocarse en deportar a aquellos inmigrantes que hayan cometido un delito. Sus actuaciones y redadas lo desmienten. Según el think tank Migration Policy Institution, entre 2003 y 2008 sólo el 27% de los inmigrantes arrestados tenían antecedentes criminales de cualquier tipo. Igualmente, los informes del Departamento de Homeland Security (DHS), controlador del ICE, indican que dos tercios de los inmigrantes encerrados por el ICE no tienen historial criminal alguno y muchos pueden llevar varios años trabajando sin papeles en los EE UU. El abuso de autoridad es serio.
Está claro que desde hace tiempo la aplicación efectiva de las leyes de inmigración en los EE UU no trata a los inmigrantes en general como cumplidores de las leyes sustanciales que tan sólo mantienen disputas civiles o administrativas con el gobierno federal, sino que se les trata peor que a los criminales, con todo lo peyorativo y deshumanizante que eso significa.
«Que hagan la fila como los demás» (republicanos)
Uno de los mantras más repetidos en contra de la inmigración clandestina es que supone un agravio comparativo para aquéllos que están haciendo los trámites legales y esperando pacientemente a que les den respuesta a su solicitud. Se arguye que es parecido al que se salta la fila delante de una ventanilla. La realidad es diferente: los que logran visado de entrada para trabajar o residir en los EE UU son sólo personas cualificadas o con características especiales.
Si exceptuamos a los trabajadores agrícolas, para el resto de trabajadores no cualificados no hay apenas posibilidades de que obtengan visado. Para ellos no existe ventanilla alguna en donde poder hacer la cola. Cuando se recurre al símil de la fila es una forma cínica de echar bolones fuera y de no afrontar el problema de forma honesta.
Lo sorprendente es que los EE UU no tiene una tasa especialmente elevada de inmigrantes si se le compara con otras naciones prósperas. El reconocimiento de una gran fuerza laboral venida de fuera con deseos de ponerse en acción podría ser muy beneficioso para la economía estadounidense.
«Que se les reconozca la nacionalidad» (demócratas)
Los demócratas saben jugar bien sus cartas en torno al tema de la inmigración. Reclaman, con razón, que es un sinsentido mantener en el país durante tanto tiempo una bolsa tan grande de trabajadores clandestinos (muchos llevan viviendo más de 10 años en suelo americano).
Sin embargo, en vez de proponer lo más efectivo, a saber, la flexibilización de todo el sistema restrictivo de inmigración actual para favorecer y extender la entrega del permisos o visados de trabajo (la codiciada green card) para los futuros trabajadores inmigrantes, se enfocan en la amnistía de los actuales indocumentados y en la concesión de la nacionalidad a los mismos, a sabiendas que los republicanos entrarán al trapo, torpedearán dicha medida o será negociada a cambio de mayores recursos para los controles y fiscalizaciones federales de todo tipo. Al final los demócratas serán los buenos de la película y los republicanos, los malos, como de costumbre cuando se aborda este asunto, pero los problemas seguirán sin solucionarse ni enfocarse como es debido.
Al no proponer una liberalización propiamente dicha, lo que demuestran los demócratas es no querer arreglar realmente el problema de la inmigración en los EE UU, sino tan sólo les interesa ganar votantes mediante la «legalización» de los inmigrantes presentes ya en suelo americano. Los que consigan la nacionalidad quedarán muy contentos pero las cosas se les pondrán aún más difíciles todavía a los futuros inmigrantes y a los empresarios o ciudadanos americanos que deseen o necesiten contratar con ellos en el porvenir.
La aspiración del inmigrante que arriba a los EE UU generalmente no es la nacionalidad, ni las prestaciones sociales, ni el poder participar en las votaciones o ser miembro de un jurado; lo que quiere de verdad es salir de una situación desesperada, trabajar duro y ganarse la vida.
La Banda de los Ocho propone más de lo mismo
El año pasado un comité bipartito del Senado, conocido por el nombre de la Banda de los Ocho, lanzó un proyecto de ley en el que se puede atisbar ya por dónde irán los tiros caso de que se lleve adelante: dar prioridad a los controles en vez de a la liberalización de las leyes migratorias.
Esta reforma va a arreglar verdaderamente pocas cosas (amnistía de los indocumentados) y va a complicar muchas otras más (mayores partidas presupuestarias para las agencias estatales como la DHS, gastos compulsivos para la seguridad fronteriza, mayores poderes federales a expensas de los Estados y, lo peor, la introducción a nivel federal del programa E-verify).
Los republicanos –incluido el Tea Party- caen en flagrante contradicción cuando denuncian que el gobierno federal es demasiado ineficiente e incompetente para gestionar el servicio de correos o el cuidado de la salud (Obamacare) pero piensan que está cualificado para controlar el paso de la gente a lo largo de sus miles de kilómetros de frontera o para llevar a cabo el chequeo laboral de unos doscientos millones de trabajadores en el interior del país. Hasta ahora las medidas restriccionistas de la inmigración no han tenido éxito pues no ha impedido una inmensa inmigración clandestina. La Banda de los Ocho propone las mismas medidas de siempre… y espera un resultado diferente.
Ni siquiera los gobiernos totalitarios pueden controlar las fuerzas subyacentes que mueven los flujos migratorios de las personas. Pueden influir en hacerlos o no visibles (legales o clandestinos), crear mayor o menor sufrimiento en ello, pero nunca impedirlos.
Extender el E-verify a todo el país
Uno de los asuntos estrella del proyecto de reforma de la ley de inmigración americana será la extensión a nivel federal de la verificación del status legal de los futuros trabajadores antes de ser contratados en cualquier empleo. La novedad es que afectará a todos (inmigrantes y propios americanos). A día de hoy sólo es obligatorio en unos pocos Estados.
Con la reforma se requerirá a todas las compañías norteamericanas, so pena de fuertes sanciones, el gastarse unos 150 USD por cada verificación vía Internet contra una gigantesca base de datos federal acerca del status legal de cualquier candidato potencial a ser contratado. Esto es una tasa en toda regla que grava el empleo. Esto sin contar con los numerosos problemas que puedan ocurrir por la aparición de falsos positivos que impidan o retrasen la contratación de personas «idóneas» (según criterios de los burócratas) pero que, a resultas de errores o bases de datos no actualizadas, aparezcan como indocumentados.
Un país luchando aún por salir de una prolongada recesión, con un desempleo todavía elevado, lo último que necesita es otro requerimiento federal que haga más dificultosa la contratación. Es justo lo que el programa E-verify va a suponer cuando se instaure en todo el país. El gobierno cuando pretende resolver un problema, suele crear otro aún peor.
En un mercado libre, las necesidades del empleador determinarán quién y cuántos inmigrantes son necesarios y no los criterios de los burócratas federales en cada momento que, cuando se trate de la inmigración, deberían limitarse a controles de seguridad.
Los EE UU, a pesar de contar con una sociedad civil extraordinaria e innovadora, va camino de convertirse desgraciadamente en un gran supervisor de los comportamientos e interacciones de sus contribuyentes. Una gran maquinaria escudriñadora tendente al Estado panóptico.
Lo peor no es que este obsesivo control de los inmigrantes cree innecesario sufrimiento o que se esté incurriendo en un coste de oportunidad inmenso, sino que incrementales restricciones a la facultad de los empleadores por contratar a trabajadores, de los arrendadores por arrendar sus propiedades o de cualquier americano por pactar o intercambiar con extranjeros venidos de fuera se da de bruces con el libre mercado y aparta un poco más a los EE UU de sus orígenes como tierra de oportunidades y de fecunda libertad.
Este comentario es parte de una serie acerca de los beneficios de la libertad de inmigración. Para una lectura completa de la serie, ver también I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII.
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