Inseguridad alimentaria

Desde luego, el problema de la inseguridad alimentaria es político. Lo ha dicho Jacques Diouf, Director General la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en la apertura de la Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial que se ha celebrado en Roma.

Se trata del reconocimiento de un error y, claro, la demanda de una solución. El problema se complica extraordinariamente cuando, como señaló Josep Borrell en su intervención, recordamos que la Unión Europea y el resto de países participantes persiguen como mínimo un doble objetivo: "alimentar a un 50% más de seres humanos y reducir un 50% las emisiones de CO2 de aquí a 2050". Es decir, el ubicuo cambio climático, la lucha contra un riesgo incierto, será el lastre con el que habrán de diseñarse las soluciones al problema real de la subida de los precios de los alimentos básicos y su desabastecimiento. Y dado que los principales responsables del incremento antropogénico del CO2 son los países desarrollados, en justicia, "la justicia del carbono", serán éstos los que financien mayoritariamente su solución. Pero no es la única falta para la que debieran hacer penitencia, y es que los países desarrollados, con la Unión Europea y Estados Unidos a la cabeza, gracias a la constante presión de grupos ecologistas, han acumulado un despropósito político-agroalimentario tras otro.

Así, en los años 80 del siglo pasado, los gobiernos de la Europa occidental prácticamente prohibieron el suministro de fertilizantes a África, mientras que el Banco Mundial y fundaciones como la Ford abortaron la mayoría de sus proyectos en el continente, frustrando así el desarrollo de una versión africana de la Revolución Verde. Como dice Paul Collier, desgraciadamente, la agricultura comercial de gran escala no es algo romántico, es decir, no es sostenible según los parámetros ecoestéticos de moda en Occidente. Una moda que los países desarrollados se pueden permitir pero que en África ha significado el estancamiento, cuando no el retroceso, de su agricultura comercial en favor de una producción más humana, poco competitiva y con una productividad que se ve aún más amenazada por el incremento de los precios de los fertilizantes. Una moda que ha llevado a los gobiernos africanos a desestimar el cultivo de transgénicos, dado que la Unión Europea, tan progresista para otras cosas, ha prohibido la importación y exportación de productos genéticamente modificados. Proteccionismo con coartada ecologista, la imposición de una "moral" paternalista y retrógrada de la que los países más pobres son las principales víctimas.

Eso por no hablar de los 100 millones de toneladas de cereales, alimento para 450 millones de personas al año, que se transformarán en biocombustible con un coste adicional de hasta 12.000 millones de dólares en subsidios. Y es que el presunto cambio climático, las políticas para paliar sus efectos apocalípticos y otras lindezas ecologetas son una amenaza real a la productividad del sector primario, ya que detraen tiempo e ingentes recursos económicos que podrían destinarse a la investigación productiva o a la mejora de las infraestructuras.

Pero no todo es culpa de los países desarrollados; el proteccionismo de los países más pobres es una causa muy importante de la subida de los precios de productos como el arroz. Tyler Cowen nos cuenta que pese al incremento estimado de la producción, que según la FAO alcanzará este año el 1,8%, se espera que el comercio internacional se reduzca un 3% el año próximo en países productores como India, Indonesia, Vietnam o China.

Eso sí, nada comparable, denuncia Diouf, a la "contradicción básica" que se observa en "que en 2006 los países de la OCDE hayan provocado la distorsión de los mercados mundiales con 372.000 millones de dólares de subvenciones a sus agriculturas".

Tiene razón el director general de la FAO: "Se trata de una cuestión de prioridades ante las necesidades humanas más esenciales." Lástima que la asignación de los recursos en este tablero dependa de las decisiones que adopten los gobiernos.