La justicia islandesa está juzgando a su ex primer ministro, Geir H. Haarde, acusado de gestionar con "negligencia grave" la crisis económica que en 2008 llevó a la quiebra el sistema financiero de Islandia. Mientras tanto, los políticos europeos intentan evitar el colapso del hermano pobre griego cuando en España nos encontramos envueltos en un proceso electoral en el que muchos vuelcan sus esperanzas para que un nuevo gobierno les saque de la crisis.
Para que una sociedad sea justa debe cumplirse la máxima dictada por el Barón de Montesquieu según la cual "la ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie". No obstante, cabe preguntarse si esos tipos delictivos ya son imputables, como por ejemplo la falsificación de las cuentas griegas por parte de sus gobiernos para engañar a la Unión Europea y así poder entrar en el euro. Si esto es así, las leyes en estos asuntos no tendrían que reformarse pues la Justicia ya puede actuar en caso de robos, prevaricaciones o falsificación de documentos públicos. Lo que muchos de los nuevos arquitectos sociales indignados exigen es una cosa bien diferente: un juicio político.
Los políticos llevados por su sectarismo ideológico pueden equivocarse y perjudicar a sus propios ciudadanos. Encerrados en su propio esquema político, algunas medidas que tomaran, o dejaran de tomar, podrían ser consideradas como "negligencia grave" en procesos judiciales contra su gestión. Seguir esta senda podría despeñarnos por un precipicio en el que, por poner un ejemplo, los políticos que aplicasen medidas socialistas, en cuanto a errorintelectual, podrían terminar entre rejas.
Este razonamiento conlleva además una derivada, los políticos están legitimados democráticamente por los ciudadanos y, por tanto, sus decisiones son el fruto maduro de la voluntad popular expresada en las urnas. Conducir a un abismo a toda una comunidad política podría ser el resultado de una mala decisión de un pueblo soberano en un momento de su historia. No se pretende juzgar la gestión concreta pues al fin y al cabo el político prometió lo imposible pero fuimos nosotros quienes irresponsablemente lo elegimos ¿Por qué tendría que pagar el representante de la voluntad general por un suicidio colectivo? El hombre que aparecía como todo un hombre de Estado en nuestra papeleta al depositarla en la urna pasaría a convertirse en nuestro chivo expiatorio eludiendo la responsabilidad última; nosotros le elegimos porque nos regaló los oídos con lo que nosotros queríamos escuchar.
No hay que buscar por tanto una cabeza de turco para salvar la trampa democrática sin atajar el problema de fondo. Cuantos menos sean los ámbitos en los que los burócratas tengan competencias, menores serán las probabilidades que tendrán de equivocarse al planificar nuestras vidas. La verdadera irresponsabilidad, el delito impune, es el de mantener un sistema apuntalado en la irresponsabilidad de todos, no sólo de los políticos.
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