Hay dos tradiciones centrales en la historia política de los Estados Unidos. La de Jefferson, liberal y defensora de los derechos de los Estados, y la de Hamilton-Henry Clay-Lincoln, intervencionista y mercantilista, partidaria de un poder federal (central) fuerte. Esta última se tuvo que construir sobre mitos históricos, ya que no representaba la intención de los padres fundadores: los poderes implícitos y la "mentira espectacular" de que primero fue el poder federal y luego los Estados.
La primera dice que el Gobierno Federal tiene no sólo los poderes expresamente citados en la Constitución, sino aquellos que implícitamente son necesarios para conseguir los objetivos reconocidos por ésta. La segunda se cae con sólo leer cualquier historia de ese país, incluso las hamiltonianas. Fue creada por Daniel Webster con el objetivo de justificar la unión frente a la teoría de la anulación (nullification).
Esta última fue formulada expresamente por John Calhoun, pero está basada en sólidos precedentes históricos. La teoría constitucional de la anulación dice que cualquier Estado tiene el derecho de declarar nula cualquier ley creada por el Congreso, si la considera inaceptable e inconstitucional. Su origen no está en Carolina del Sur, sino en Massachussets, que ha alegado al derecho de los Estados a la secesión en cuatro ocasiones: al comienzo de la República cuando se discutían los ajustes de las deudas de guerra, con la compra de Luisiana por Jefferson, durante la guerra de 1812 y tras la anexión de Tejas. En la Convención de Hartford, en 1814, se planteó la secesión por la guerra contra Inglaterra. Plantearon una reforma de la Constitución que daría más poder a los Estados. Por otro lado, Madison y Jefferson habían reconocido el derecho de los Estados a la secesión en las resoluciones de Virginia y Kentucky, en 1798.
La cuestión volvió a revivir cuando se aprobó el arancel de las abominaciones de 1828. En su contra, el entonces vicepresidente John Calhoun escribió su South Carolina Exposition and Protest, un documento liberal que recogía la tradición jeffersoniana y lockeana de la primacía de los derechos individuales frente al poder central, y la del Estado de Derecho y la Constitución frente a cualquiera otra consideración. Los aranceles, junto con la venta de tierras, eran los principales ingresos del gobierno federal. Pero el de 1828 no tenía afán recaudatorio, sino proteccionista. Limitaría la competencia de las manufacturas foráneas, lo que beneficiaba al industrial norte y perjudicaba gravemente al sur, que necesitaba hacer esas compras para desarrollarse.
Calhoun expuso claramente este hecho, al destacar que con el arancel de las abominaciones se había abusado del poder de imponer aranceles con fines recaudatorios para "convertirlo en un instrumento para favorecer la industria de una sección del país y arruinar a otra". Más adelante recalca que "el gobierno constitucional y el gobierno de la mayoría son mutuamente incompatibles, si el único propósito de una Constitución es imponer las limitaciones y contrapesos sobre la mayoría". Calhoun apela a "restituir la Constitución en su original puridad" para llamar a "su sagrado deber de imponer su veto" al arancel.
En 1932, la legislatura de Carolina del Sur declaró la anulación (nullification) de las aduanas de 1828 y 1832 y acordó negarse a recoger los pagos del arancel a partir del primero de febrero de 1833. El presidente Andrew Jackson, del que se ha dicho que fue un defensor de los derechos de los Estados, declaró que la anulación es incompatible con la unión, y que no era sino un acto de traición. Destacó a varias fuerzas en Charleston bajo el mando del general Scott e hizo aprobar la Ley de la Fuerza (Force Act) en enero de ese año. Esta ley permitía al Gobierno Federal enviar fuerzas federales para recoger los pagos en la aduana.
La Unión se había salvado, pero lo hizo por una combinación de fuerza y buen sentido. Una generación más tarde, el conflicto entre norte y sur llevó a una guerra civil que sería la más sangrienta de la historia hasta entonces. Ahora nos podemos plantear qué hubiera sido de los Estados Unidos de haber triunfado la teoría de la anulación. Resulta muy difícil, pero numerosas leyes que atentan directamente contra la Constitución hubieran resultado impracticables.
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