Muface es el sistema mediante el cual el Estado gestiona las prestaciones sociales para determinados funcionarios. Entre estas prestaciones se encuentra la sanidad, que es la que nos atañe. Esta prestación del servicio sanitario, en el caso de 1,6 millones de funcionarios, se otorga a través de la sanidad privada y de una serie de aseguradoras.
Este último año se ha generado un conflicto entre el gobierno y las aseguradoras, ya que estas últimas solicitaban un aumento del 40% en los pagos del gobierno en el concurso público que se realiza para decidir qué empresas prestan el servicio sanitario. El gobierno se niega a aumentar este presupuesto en los términos solicitados por las aseguradoras y ha aprobado un aumento del 17%, a pesar de que las aseguradoras indicaron que un 25% sería «insuficiente». Tras la postura del gobierno, las empresas amenazaron con no presentarse al concurso, y por lo tanto, dejarían de dar el servicio. Esta amenaza surge después de años en los que han otorgado el servicio con pérdidas millonarias y ante la oposición del gobierno a aumentar la oferta en la licitación.
En estos días hemos sabido que ni Adeslas, ni Asisa, ni DKV se han presentado al concurso abierto por Muface. Esto provoca que el concurso quede desierto y, por tanto, existen altas probabilidades de que el servicio deje de ser otorgado por Muface. Esta situación llevaría a que los funcionarios que reciben el servicio sanitario a través de aseguradoras privadas (asociadas a Muface) dejen de recibirlo y deban acudir a la sanidad pública.
No voy a analizar la situación que se produciría si los funcionarios empezaran a recurrir a la sanidad pública «de golpe»; en cambio, plantearé la posible jugada política que el gobierno podría estar desarrollando con esta maniobra.
El juego
Si en algo destaca Pedro Sánchez y su gobierno, es en establecer relatos rápidamente. Nada me hace pensar que esta acción, que no es solo económica, no esté destinada a reforzar y crear nuevos relatos. El primer paso que podría seguir el gobierno es afirmar que ha aumentado el presupuesto de Muface y, por tanto, que ha intentado contentar a las aseguradoras, «protegiendo» los intereses de los funcionarios y, al mismo tiempo, sin ceder a los intereses de las aseguradoras.
El segundo paso, tras el rechazo de ese aumento por parte de las aseguradoras, sería decir que lo único que buscan las empresas es obtener mayores beneficios a través de este servicio para los funcionarios. Desde un punto de vista liberal, esto no es algo negativo, ya que los funcionarios acceden voluntariamente a este servicio, que no es más que un beneficio adicional otorgado por su condición. Sin embargo, este segundo paso es perfecto para consolidar aún más el relato anti empresarial promovido desde buena parte de la clase política española.
Tercer paso: se permite que las aseguradoras abandonen el concurso y se fuerza a Muface a dejar de otorgar el servicio, de modo que los funcionarios tendrán que integrarse en la sanidad pública. Este paso podría incrementar la presión sobre el sistema sanitario, al sumar prácticamente un millón y medio de pacientes. La sanidad es competencia de las autonomías y, en la mayoría de España, está en manos del Partido Popular.
Caos en el sistema público
Este sistema sanitario público muestra, en muchos casos, problemas con las listas de espera, un asunto por el que tanto el gobierno como buena parte de sus seguidores claman más recursos destinados a la sanidad. Si los funcionarios dejan de recibir el privilegio, que el estado se ha comprometido a concederles, estos se añadirán a estas listas de espera en los casos que sean necesarios. Pero no solo eso, sino que la demanda por médico aumentará más aún, además de todo el equipamiento necesario, y, por tanto, un posible aumento del caos en los centros sanitarios públicos.
Este paso del gobierno, crearía el caldo de cultivo perfecto para acusar a las autonomías (y, por tanto, al PP) de no invertir lo suficiente en sanidad, tener a los funcionarios descontentos con el sistema sanitario y empeorar aún más la opinión de la población en general en cuanto a la gestión de este. Por supuesto, en ningún caso el relato implicaría al gobierno, sino que sería del PP por “no invertir en la sanidad pública”.
Cuarto y quinto paso
Cuarto paso: una vez han aumentado la presión y comienzan a aumentar las listas de espera y desperfectos del sistema, se comienzan a utilizar organizaciones y sindicatos afines al gobierno para reclamar más inversión en la sanidad pública. De forma más que posible, regresarían las manifestaciones por la sanidad, quizá con más afluencia aún, pues sería mayor el número de damnificados. Estas manifestaciones podrían ser perfectamente utilizadas para hacer olvidar el recorte del servicio a los funcionarios que otorgaba Muface (recordemos que la memoria democrática suele ser a corto plazo), y de esta manera poder utilizar las manifestaciones para ocultar otros escándalos que surgieran.
Quinto paso: podría resumirlo en, de nuevo, la ‘heroicidad’ del gobierno de la nación. Visto que el Partido Popular no podría hacer frente a tal impacto en tan poco tiempo, el gobierno renegocia con las aseguradoras la vuelta de la sanidad privada a Muface. Bastante alta sería la posibilidad de que esta negociación se realizaría de forma que el gobierno saliera beneficiado y no se supieran grandes detalles de esta. Una vez negociado, el gobierno argumenta que ellos han hecho todo lo posible por los funcionarios, mientras que si fuera por el Partido Popular, seguirían esperando por sus consultas y operaciones. En este último paso, por supuesto, la maquinaria social y comunicativa del gobierno haría olvidar que el origen del problema es del propio gobierno.
Conclusión
Quiero terminar haciendo hincapié en que esto es solo una teoría, que son posibilidades y que nada de esto tiene por qué ocurrir tal como lo cuento. Sin embargo, creo que estaría fundamentado viendo las acciones que realiza este gobierno y como se va desarrollando todo este asunto.
Así mismo, esta situación no perjudica a las grandes empresas sanitarias. Los grandes damnificados de esto, son las pequeñas clínicas y autónomos a las que las aseguradoras derivan su servicio, haciendo función de intermediarias con estos pacientes que acuden desde Muface. Además, los ciudadanos, usuarios de Muface o no, sufrirán de nuevo las consecuencias de una batalla política al más puro estilo maquiavélico, donde se juega con su salud y su dinero.
Ver también
Ideas sueltas sobre la ‘marea blanca’. (Fernando Parrilla).
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