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La banca y el oligopolio de la gestión de activos en España

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Los libros de Economía explican los problemas que generan en un mercado la existencia de monopolios y oligopolios. Todos, aplicando el sentido común y de forma más o menos intuitiva podemos ver que no es bueno para el consumidor un mercado monopolístico u oligopolístico. Los economistas de la Escuela Austríaca han reiterado por activa y por pasiva que los monopolios y oligopolios no surgen de manera natural en una economía de libre mercado sino que es el Estado el que privilegia a unos e impide el acceso al resto.

No debería de sorprendernos, por tanto, que la banca española ostente –desde hace décadas– un oligopolio sobre la lucrativa industria de la gestión de activos. Conviene recordar que la banca es, en cualquier economía occidental, la industria más regulada y privilegiada de todas por parte del Estado. Esos privilegios en forma de regulación se extienden también a la industria de gestión de activos. Si se hace un análisis a grandes rasgos de esta industria en nuestro país sólo cabe un veredicto posible: nos encontramos ante un oligopolio creado por el Estado. En España, según datos de INVERCO (la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva), el 7,45% de las gestoras por volumen de activos tienen menos de 1.000 millones de euros de activos bajo gestión. El resto de gestoras con un volumen superior son gestoras controladas por la banca y las compañías de seguros (véase Popular Allianz o Mutuactivos). Es decir, que más del 90% de las gestoras en España son de la banca y las aseguradoras. Los datos son aún peores si se matizan. Bestinver, un rara avis dentro de la industria se ha hecho con una cuota muy significativa gracias a apostar por una gestión activa y de calidad, es una excepción dentro de las gestoras independientes.

La fuerte concentración de esta industria se ha agravado en los últimos años y es que el número de gestoras se ha reducido todavía más por dos factores recientes. En primer lugar, el proceso de concentración bancario fruto de las fusiones de las antiguas Cajas de Ahorro ha hecho que muchas de ellas desaparezcan. En segundo lugar, la crisis se ha llevado por delante a cerca de 24 gestoras con lo que el número total ha pasado de 120 a 96 durante la crisis. El negocio de la banca es doble: la gestión de cobros y pagos y la intermediación financiera. Ninguna de estas actividades guarda relación con la gestión de activos y pese a ellos, la banca controla dicha industria.

Las consecuencias de que exista un oligopolio en esta industria tienen un claro ganador, la banca, y un inmerecido perdedor, los consumidores-ahorradores. Gracias a esta regulación, la banca se reparte sin mucho esfuerzo un jugoso pastel en forma de comisiones que supera los 2.000 millones de euros anuales. Beneficios inmerecidos, ya que no se producen en un mercado libre en donde no deben existir barreras de entrada como las actuales. Las elevadas cifras de capital social mínimo de 2.400.000 Euros para las SICAV y 3.000.000 Euros para los Fondos de Inversión son una enorme barrera que excluye a muchos gestores con talento en nuestro país, para la congratulación de la banca. Los fuertes costes en los que deben incurrir las instituciones de inversión colectiva para cumplir con toda la regulación existente también son otra insalvable barrera de entrada para muchos profesionales independientes ávidos de gestionar vehículos de inversión colectiva. Pero sobre todo, la posición dominante de la banca en dicho sector es muy difícil de combatir por parte de pequeñas gestoras con menos recursos económicos.

La posición de dominio de la banca ha hecho, como hemos podido comprobar recientemente, que abusen y maltraten a los clientes. Estafas masivas como la de las preferentes o escándalos como la salida a Bolsa de Bankia o los contratos de derivados tipo swaps son algunos de los ejemplos que evidencian la mala praxis generalizada en el sector. Cuando una empresa no tiene ningún tipo de privilegio, su supervivencia empresarial depende exclusivamente de su capacidad para saber satisfacer las necesidades de sus consumidores y hacerlo mejor que su competencia. Cuando una empresa, como le sucede a la banca en nuestro país, goza de un privilegio especial que le otorga una posición oligopolística, ese incentivo desaparece por completo.

Otro factor que contribuye a la existencia de estos abusos es la escasísima cultura financiera de los españoles. Nuevamente, el Estado tiene una parte de culpa en este asunto. Dado que el Estado controla el currículum académico que los niños reciben en las escuelas, la no inclusión (pese a excepciones recientes) de la materia de educación financiera en las últimas décadas ha generado una población sin unos mínimos conocimientos financieros que les permita tomar decisiones financieras adecuadas y evitar productos financieros complejos y arriesgados cuyo único beneficiario es su vendedor.

Martin Huete, un histórico del sector y antiguo director general adjunto de Caja España Fondos, hizo públicas sus críticas hacia INVERCO por considerar que dicha asociación estaba prestando atención sólo a los intereses de la banca y no a los de todos los miembros de la asociación. De nuevo, unos incentivos perversos condicionan el comportamiento de las personas. Pese a ser una asociación que debería defender y representar los intereses de todos sus miembros, INVERCO defiende tan sólo los intereses de la gran banca. Es perfectamente comprensible si atendemos a su funcionamiento: las tres principales instituciones bancarias de nuestro país son las que deciden la composición de sus órganos de gobierno. Eso puede explicar entre otras cosas que su actual presidente, Mariano Ramadán, lleve más de veinte años en el cargo.

La solución a esta indeseable situación es liberalizar esta industria, eliminando toda posible barrera de entrada existente, simplificando la poca regulación que tengan para lograr abaratar los costes en los que incurran los profesionales para asesorar y gestionar patrimonios en nuestro país. Los beneficios de dicha liberalización tendrían un claro ganador: los consumidores-ahorradores. El perdedor inicial sería la banca, pero a largo plazo no necesariamente debería de serlo. La banca tiene la capacidad para adaptarse y satisfacer mucho mejor las necesidades de los consumidores-ahorradores de lo que lo hace en la actualidad, con una baja competencia en el sector. Lo único que le falta a la gran banca es tener el incentivo que le empuje a hacerlo y, liberalizar el sector y abrirlo por completo a la libre competencia, sería el catalizador necesario para conseguirlo. Con la aparición de mucha y muy variada competencia en la industria de gestión de activos mejoraría mucho la calidad de los productos ofertados, se produciría una significativa rebaja de los costes de las comisiones cobradas y, en definitiva, la calidad de los productos ofertados sería notablemente mejor. Con el horizonte en el largo plazo, claramente ganaría toda la sociedad en su conjunto. No olvidemos que el sistema público de pensiones está abocado al colapso y que una buena administración del ahorro privado de los ciudadanos para planificar su jubilación es un aspecto clave para que nuestro país no se enfrente a un drama en el futuro.

Veamos el lado positivo de todo esto: revertir este problema es sólo cuestión de voluntad política. Los ahorros de millones de personas en nuestro país están a un simple cambio normativo de verse enormemente beneficiados de lo que la banca lleva décadas presionando (como lobby que es) para que no se produzca: que surja la muy deseable competencia. Ojalá escuchen nuestros deseos y, pese a ser políticos, actúen con coherencia y sentido común.

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