Hace un año comenté la iniciativa legislativa del PSOE por la que se puso fin en nuestro ordenamiento jurídico a los arraigados blindajes estatutarios de empresas cotizadas por los que se impedía a legítimos accionistas ejercer sus derechos de voto en justa proporción a su número de acciones cuando éstas superaban cierto límite. Fue una verdadera sorpresa que una medida contraria al proteccionismo anti opas, respetuosa con los derechos de propiedad y alineada con los mecanismos del mercado proviniera precisamente del grupo socialista, generalmente propenso a aprobar normas en sentido contrario.
La forma en que se llevó a cabo dicho cambio legislativo en el ámbito mercantil fue una auténtica chapuza jurídica en la que se coló de tapadillo una enmienda en una ley que trataba de otra cosa (ley de auditoría de cuentas). Durante la burbuja crediticia de la década del 2000 ACS y Sacyr adquirieron con gran apalancamiento numerosas acciones de empresas del sector energético (Iberdrola y Repsol respectivamente) y necesitaron derribar aquellos blindajes existentes para poder introducirse en sus consejos de administración. Aquella "Enmienda del ladrillo" -también conocida por "Enmienda Florentino"- no la presentó el PSOE por convicción ni principios propios sino por maniobras de presión del lobby constructor. Pero, a fin de cuentas, sus efectos iban a ser positivos al vislumbrarse un mayor control de los accionistas sobre las empresas del Ibex en detrimento de sus equipos directivos y una mejor formación de precios de las acciones en nuestra bolsa de valores. Esta convulsión en el panorama del gobierno corporativo de buena parte de las empresas de nuestro país entró en vigor el pasado 1 de julio de 2011.
Pues bien, para algo que había hecho bien sin querer ZP, el Partido Popular se ha propuesto recientemente desactivarlo. Con la misma falta de rigor legislativo que demostró en este mismo asunto la formación política socialista, acaba de aprobar el PP, con el apoyo del PNV, un proyecto de ley en el que por la puerta de atrás –en la Disposición Adicional de una norma que regula obligaciones de información en fusiones o escisiones de sociedades de capital- se anula la prohibición de las restricciones del derecho de voto introducida por el PSOE y sus amigos del ladrillo (hoy ya no tan poderosos) y se recuperan los blindajes estatutarios que permiten limitar al 10% los derechos de voto de un accionista independientemente de su porcentaje de participación como propietario.
La excusa alegada por el PP para dicha marcha atrás ha sido el deseo de proteger a la debilitada petrolera Repsol tras el expolio de YPF y a los accionistas minoritarios, señuelo este último al que se suele recurrir para desviar la atención; pero la verdadera intención de fondo es proteger a equipos gerenciales -esos sí que son minoritarios- de Iberdrola, la misma Repsol, el B. Popular o Telefónica, por ejemplo, acorralados por una ley demasiado liberal de la Administración anterior. Su lobby ha hecho valer su posición y ha logrado que el PP mediante el BOE permita un bodrio jurídico y retome esos blindajes apolillados en nuestras cotizadas, pese a que se establezca una excepción cuando se produzca una opa por el 70% del capital que confiera derechos de voto. Con ello se regulariza la situación de varias empresas que –a modo numantino- no habían aún eliminado esos blindajes de sus respectivos estatutos sociales contraviniendo lo decretado por la reforma zapateril.
Ante la deteriorada cotización bursátil de la mayoría de las acciones debido a la actual crisis, quedan nuevamente protegidos los gestores (insiders) y los grupos familiares de control de las compañías de nuestro Ibex frente a ofertas hostiles, frente a grupos de accionistas no mayoritarios o frente a "ataques especulativos" –léase nuevos propietarios- que pudieran ser incómodos. Como se ve, todo va a quedar en casa.
Además de esta intromisión en las empresas cotizadas que supone un rebrote del nacionalismo económico, lo que más grima da es comprobar que sigue siendo usual entre nuestros legisladores el vaivén o bandazo normativo, el desprecio por la buena técnica legislativa y el atropello de pilares básicos del Estado de Derecho como son la certeza jurídica o la existencia de normas generales no concebidas para destinatarios concretos. Todo ello perpetrado sin ningún complejo y sin que sus conculcadores públicos pasen, al menos, un poco de vergüenza. Todavía habrá representantes electos del grupo popular que piensen que han actuado correcta y patrióticamente.
Esta contrarreforma ha sido aprobada hace poco en el Congreso, lo que supone certificar el sabotaje a la promoción de la eficiencia en la gestión de empresas cotizadas con sede en España. Algunas personas próximas al actual gobierno han cobrado ya por adelantado por sus servicios prestados (1 y 2) que no hace sino engordar la abultada lista de antiguos cargos públicos (y sus familiares) que han acabado en puestos bien remunerados del sector privado. Es descorazonador ver que se vuelve de esta forma a la situación de antes para que nada cambie en nuestro corralito corporativo patrio.
Queda claro que una menor defensa de los intereses de los inversores externos por parte de nuestro parcheado sistema legal no va a animar a que acuda mucho capital foráneo dentro de nuestras fronteras. Aparte de la apresurada e infeliz subida de impuestos del pasado mes de diciembre que se nos vendió como medida temporal y que se llevó a cabo sin antes ajustar el gasto del elefantiásico sector público, me temo que lo de liberalizar con determinación y rigor nuestra estructura productiva para disfrutar de una economía dinámica, abierta a la competencia y a los cambios no va a ser para esta legislatura, por muchos hombres de negro que vengan desde Bruselas.
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