Aunque es suficientemente sabido, conviene recordar cada vez que la ocasión se preste a ello, que los partidos conservadores son, en la Europa actual, tan sólo el ala moderada de la socialdemocracia devenida régimen político. En el caso español, el Partido Popular es la alternativa al socialismo seudodemocrático (PSOE) o totalitario (IU), pero compartiendo gran parte del ideario socializante que conforma la mercancía electoral común entre las elites políticas. Los ciudadanos que creen en el libre mercado, en la no injerencia del poder político en la sociedad civil, en el carácter innegociable del derecho a la propiedad, en la libertad del individuo para organizar su existencia de según sus posibilidades y deseos, que se oponen a que con su dinero se subvencione a una clase cada vez numerosa de parásitos sociales o que comparten un cierto apego hacia los valores de nuestra tradición judeocristiana, sencillamente no tienen un partido político que les represente. Otra cosa es que a la hora de depositar el voto se decanten hacia el partido sedicentemente liberal-conservador, pero esto, hasta Arriola lo sabe, no es más que seguir la tendencia práctica del mal menor.
Viene todo esto a cuento de la convención que el PP celebrará el próximo mes de marzo, cuya “hoja de ruta” ejemplifica, a mi juicio perfectamente, el nivel de compromiso ideológico del partido de la derecha de España. De entre las muchas materias que se van a tratar en la convención (por cierto, siniestra denominación de reminiscencias más bien sangrientas), destaco solamente dos, respetando íntegramente el texto con que el PP acompaña cada propuesta.
La educación española ante el reto europeo. El PP quiere abrir el debate sobre la adaptación de los títulos a las exigencias de un mercado laboral propio de una economía competitiva.
La dependencia en el modelo europeo. El acento se pone en si es sostenible el modelo vigente (sic), cuáles son los servicios a los que deberían tener derecho las personas dependientes y sus familias, cómo debe ser la cooperación entre administraciones o cómo se puede garantizar la igualdad de los españoles que necesiten apoyo y ayudas, con independencia de dónde residan.
La educación española tiene desde el punto de vista de la libertad legítima de los padres a la elección, retos mucho más importantes que la homologación europea de las titulaciones. Por cierto, el término homologación, de indudable aroma colectivista, es la última etapa en la demolición de la libertad. Todos iguales, homologados por el estado.
En cuanto a la “dependencia”, vocablo impuesto en el medio ambiente cultural gracias a la nonata ley del gobierno socialista, el Partido Popular hace suyo el discurso, sin tener en cuenta la evidencia elemental de que a mayor dependencia estatal de los ciudadanos, menores cotas de responsabilidad, y por tanto, de libertad individual. Las apelaciones a este respecto de su encargada de asuntos sociales, ya comentadas en su día en otro lugar, hubieran sido incluidas con sumo gusto por el viejo Marx como anexo a su manifiesto comunista.
Con un régimen electoral que hace inviable la existencia de un partido liberal de carácter nacional, hay que perder las esperanzas (si es que alguien todavía las conserva) de que estas ideas se vean representadas algún día en el parlamento. La batalla se libra por tanto en otro terreno, mucho más agreste pero también más importante: el campo de las ideas. Cambiar el paradigma socialista dominante es el reto de aquellos que defendemos la libertad del individuo, no por satisfacción intelectual, sino con el convencimiento contrastado empíricamente de que es lo mejor para todos.
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