El Gobierno, que prometió antes de las elecciones que, como por ensalmo, el aumento generalizado de los precios remitiría justo después de las elecciones, se enfrenta a un verdadero problema con la inflación. Con la inflación tal como se entiende, como subida de los precios, porque el problema asociado a su verdadero significado, el aumento de medios fiduciarios de pago, es aún mayor. En verdad el problema no es suyo, sino nuestro, de la sociedad, pero dicen que se dice que la mala situación económica es perjudicial para la imagen del Gobierno, y debe de ser verdad, a fuer de los esfuerzos de éste por convertirnos al panglossianismo.
El caso es que los precios suben, y cada vez más rápido: un 4,4 por ciento en febrero y en marzo, de confirmarse el dato preliminar, un 4,6 por ciento. Pero como los precios no se someten a las leyes de la armonía, y suben o bajan en función de las circunstancias de cada bien, loa hay que crecen a un mayor ritmo que los demás. Es el caso de los bienes que compramos más habitualmente, los que entran físicamente, y no sólo de forma figurada, en la cesta de la compra: la leche un 27 por ciento, el pan un 11,6 por ciento, y el pollo, los productos lácteos o las legumbres y hortalizas más de un 10 por ciento. Y eso duele en el bolsillo, especialmente de las personas con menor renta. Y la credibilidad del Gobierno cae a medida que se acorta el salario real por la subida de precios. Este es el momento de hacer algo al respecto, y el Gobierno, este como todos, recurre a su arma más eficaz y más antigua: mentir.
Para ello ha utilizado una de sus agencias: la Comisión Nacional de la Competencia es su nombre, tan orwelliano como aquellos ministerios de la Paz o del Amor. Y le ha ordenado que acuse a los productores de ser ellos responsables de las subidas de precios. Dicho y hecho. El pequeño detalle de que, según la propia Comisión de la risa, no tengan prueba alguna contra el conjunto de patronales agrupadas en la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) no tiene la menor importancia. Las sutilezas propias de la sociedad abierta, como reunir las pruebas antes de formarse una opinión y hacer más tarde una acusación fundada no son propias de este Gobierno ni en general de sus pares.
Acusar a los productores de ser los responsables de la subida de precios es una de esas tonterías que resiste el paso de los siglos. Pero está claro que si estuviera en su mano subir los precios a voluntad, lo harían sin límite. Mas, como explicó Carl Menger en sus Principios de Economía, los oferentes pueden decidir ora el precio ora la cantidad lanzada al mercado, pero no ambas a la vez.
Pero entonces la acusación se hace más compleja, y va por que acaso un solo oferente no sea capaz de subir los precios de un sector. La competencia haría que los consumidores huyesen de él hacia opciones menos onerosas. No, la acusación del Ejecutivo apunta a la colusión entre los oferentes para acordar una estrategia común para subir los precios. Dejemos de lado que esta acusación es contraria al mensaje del propio Gobierno de que la razón del aumento de los precios es por los costes internacionales. Un acuerdo de este tipo es siempre inestable, pues cualquiera de los productores, especialmente si ve amenazado su negocio, tiene la tentación de llevarse una mayor proporción de los beneficios potenciales asociados a unos mayores precios saliendo del acuerdo y rebajando lo que pide por sus productos.
La subida generalizada de los precios, lo que habitualmente se llama inflación, tiene un origen eminentemente monetario y el principal instrumento no está en sus manos, sino en las del BCE. Pero sí hay cosas que puede hacer, como limitar el gasto público, entre otras medidas. Echarle la culpa a los productores no servirá de nada.
Aún no hay comentarios, ¡añada su voz abajo!