Cuenta Avner Greiff en su artículo «Contract Enforceability and Economic Institutions in Early Trade: the Maghribi Traders Coalition» que, en el siglo XI, algunas comunidades de mercaderes mediterráneos magrebíes encontraron una manera de evitar el engaño por parte de los agentes de comercio: la coalición de los mercaderes que contrataban a dichos agentes. Un factor muy importante en el éxito de esta vía era la confianza, el flujo de información y, en especial, la reputación.
Un agente comercial era aquella persona contratada por un comerciante (inversor) para gestionar las operaciones comerciales en las ferias y mercados internacionales. El riesgo de ser engañado era muy alto. El mercader no podía saber qué hacía realmente el agente en las ferias, si gestionaba adecuadamente su dinero y sus mercancías o si le robaba o se ponía de acuerdo con la otra parte del trato comercial a sus espaldas y a su costa. Por ello, los mercaderes se unieron en una asociación surgida espontáneamente comprometiéndose a contratar los mismos agentes y en aplicar un sistema de castigos común. De esta forma, nadie contrataría a un agente mentiroso, nadie penalizaría a quien robara a un agente que hubiese engañado y, el agente cargaría con una mancha que sería tanto más pesada, cuanto más extensa y numerosa fuera esa coalición de mercaderes. Desde el punto de vista del agente, la ganancia de comportarse honestamente, por tentadora que fuera la posibilidad de engañar al mercader una vez en tierra extraña, incluso si el beneficio inmediato del engaño fuera mayor, era mucho más que suficiente, sin ninguna duda, merecía la pena ser honesto. ¿El secreto? La pérdida de reputación, el castigo de no ser confiable en su comunidad de base, el compromiso de todos los mercaderes asociados en esa coalición de no contratarle y de repudiarle, implicaba la ruina futura. El coste de emigrar a un lugar donde esa coalición no actuara y donde pudiera escapar de su mala reputación era prohibitivo. Sin embargo, la perspectiva de beneficios que, a corto plazo eran menores, pero le permitían desarrollar su trabajo a largo plazo, y si mejoraba, ganarse una buena reputación y sacar provecho de la red internacional de mercaderes, era preferible.
La pequeña historia de los comerciantes del Magreb en un siglo en el que no existían acuerdos internacionales o reglas de Derecho Internacional tan sofisticadas como las de hoy en día, nos enseñan, como poco, una lección. Y es ésta: los posibles sujetos de engaño tienen la responsabilidad moral de tomar medidas para evitar ser engañados. Y esas medidas están asociadas a los incentivos para los «agentes». ¿Hacemos eso con nuestros políticos? Me temo que no.
La corrupción no es un fenómeno moderno. Es un mal asociado a la naturaleza humana. La detección del engaño es uno de los avances de nuestros ancestros. El aprendizaje en este ámbito explica el aumento de confianza cuando reconocemos rasgos familiares en el otro, el miedo al diferente, etc. Siempre ha habido personas que han abusado cuando la situación les era propicia. Pero, lo normal es desarrollar estructuras legales y sociales para evitarlo: la ley, la reputación, el desahucio social, por ejemplo. Y así sucede en otras sociedades. Pero en la española, las cosas son diferentes.
Los auto engaños, ya encastrados en nuestra idiosincrasia, nos pierden. Como la identificación con una tendencia política ocultando la responsabilidad individual del delincuente, o directamente la disculpa del hecho si el beneficio obtenido con el engaño no es mucho, o el olvido al cabo de poco tiempo, porque nos dejamos impresionar por lo ruidoso y brillante, por más que no sea oro, sino baratijas, son comportamientos que están a la orden del día.
¿Qué mecanismos hemos desarrollado en este país para evitar que nuestros «agentes» políticos no nos engañen cuando gestionan nuestros «bienes» o nuestro dinero, en ámbitos tan alejados del ciudadano de a pie como la defensa nacional, la gestión hospitalaria o los acuerdos internacionales? ¿Están asociados al futuro laboral del posible defraudador?
El pasado otoño, el periodista de El Mundo, John Müller, ofreció una conferencia en CUNEF y mostró casi cincuenta portadas de dicho periódico denunciando casos de corrupción durante los últimos 25 años. Las mismas personas, mayores cantidades. Algo debemos estar haciendo mal cuando nuestro sistema judicial no evita que empresarios privilegiados se aprovechen de la ventaja, políticos beneficien a hermanos, amigos y socios políticos, etc. Pero es notable que tampoco la sociedad, el pueblo engañado, hace nada.
Obviamente, siguiendo la lógica de Greiff, dado que no hay pérdida de reputación a largo plazo, no lo paga con su trabajo, ni hay rendición de cuentas, el «agente» político tiene muchos incentivos para seguir engañándonos. Nosotros, en lugar de responsabilizarnos de la situación, esperamos una solución mágica. Tal vez, como los mercaderes magrebíes del siglo XI, deberíamos quitarnos la venda de los ojos y mostrar el repudio a ese comportamiento, de forma que dañe la reputación del político que engaña y también del que ampara el robo por parte de los gobernantes. Tal vez, entonces, acabe el expolio aplaudido y votado por la mayoría.
Aún no hay comentarios, ¡añada su voz abajo!