El relato oficial es un cúmulo de responsabilidades ocultas. Díaz Ferrán adeuda a Banesto, Novagalicia y otras entidades bancarias, especialmente cajas de ahorro, una cifra de euros cercana a los 419 millones. Los perjudicados son, directamente los accionistas de esas entidades y los impositores de las mismas. El ex presidente de la CEOE no puede responder ante los acreedores porque no quiere, simplemente, al haber establecido una trama de evasión de sus obligaciones contractuales ante los propietarios privados. Debe y no paga. La espectacularidad del caso viene exacerbada por la situación de crisis que levanta clamores justos que apelan a la conculcación de los derechos de propiedad. Pero especialmente se escucha otro tipo de apelaciones menos claras en cuanto a la defensa de esos derechos fundamentales y sí más claras en la condena al capitalismo que permite hechos similares. Nada más lejos de la realidad esta última interpretación, ya que es justamente el capitalismo el que asienta por delante de muchos otros derechos los de propiedad y su defensa jurídica y penal.
De esta manera, la condena del capitalismo y no la de un simple sospechoso de robo a propietarios particulares, como debería considerarse a Ferrán, es lo que prima, de forma que se oculta el hecho de que el supuesto ladrón solo pudo perpetrar su delito con la aquiescencia, precisamente, del sector no privado y no capitalista, es decir, del estado corporativista. Sin la manipulación política de bancos y, especialmente, de cajas de ahorro es muy posible que Ferrán no hubiera llegado a endeudarse hasta tales niveles. Es, justamente, por esa intromisión política que el crédito se ofreció muy por debajo de los límites que la prudencia y la tasa natural de interés presente en la economía aconsejaban. La expansión crediticia y los asientos políticos en los consejos de administración de las entidades financieras hicieron posible el «caso Ferrán» y Ferrán, simple y supuestamente, robó.
Pues bien, a pesar de el sustrato real del todo lo ocurrido con el propietario de Viajes Marsans, sucede que el relato vulgarizado y falso permite comparar a su lamentable protagonista con el suceso de las empresas transnacionales que planifican la evasión de sus impuestos. Starbucks, Apple, Amazon y otras están siendo acusadas e investigadas parlamentariamente en el Reino Unido, es decir, por los representantes de «lo público», y con escenografía rayana en lo obsceno. Parece ser que estas firmas han planificado la reducción de sus costes tributarios de manera legal (por más que dichos costes sean esencialmente ilegítimos) y que eso, en momentos en los que la envidia social es demagógicamente excitada por políticos y movimientos de revival post-marxista, es considerado tan insolidario como lo supuestamente perpetrado por Ferrán.
De manera que el epílogo oficial de todo esto es que, cuando un desaprensivo roba, es decir, viola los derechos de propiedad que el capitalismo de libre empresa consagra, la culpa no es del sistema politizado que propicia esa transgresión ni simple y penalmente del ladrón, sino del capitalismo. Cuando ciertas empresas reducen costes evitando que el fisco conculque los derechos legítimos de propiedad por vía tributaria con el consiguiente beneficio para los consumidores que disfrutan de productos abaratados, eso se considera un delito de lesa solidaridad también. Lo que se exacerba aquí es la codicia de quienes se benefician del estado gigante, llamado del bienestar, que siguen queriendo parte de la tarta a costa de la competitividad de las empresas.
Lo que subyace a unos y a otros casos es que cuando un paradigma explicativo es el dominante en la sociedad, cualquier caso es referido a él, sea cual sea su etiología y sean cuales sea las consecuencias perversas de esa explicación.
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