La estabilidad de la banca

Algunos críticos de la banca libre argumentan falazmente que el negocio bancario requiere supervisión y garantías estatales para evitar una presunta inestabilidad intrínseca. Según ellos la teoría de juegos muestra que respecto a los depósitos bancarios existen dos equilibrios o soluciones estratégicas posibles: uno en el que todo el mundo mantiene su dinero depositado en el banco, pensando que todos los demás van a hacer lo mismo; y otro en el cual todo el mundo corre a retirar sus depósitos de los bancos porque cada individuo cree que todos los demás van a hacerlo también (corrida bancaria), haciendo quebrar todo el sistema.

Esta última posibilidad sería un ejemplo de fallo de mercado o acción colectiva irracional que habría que evitar mediante el intervencionismo estatal, concretado en un fondo obligatorio de garantía de depósitos que presuntamente calmaría a los depositantes y evitaría el colapso del sistema bancario. Otra herramienta adicional sería un banco central dispuesto a actuar como prestamista de última instancia para bancos con problemas de financiación en el mercado.

Este pésimo argumento asume que la banca necesariamente debe descalzar plazos (recibir prestado a corto plazo y prestar a largo plazo), operar con un fondo de maniobra negativo y ser esencialmente insolvente al no poder pagar a sus acreedores si todos reclaman simultáneamente el cobro de sus deudas. Pero esto es una práctica malsana que está en la raíz de las expansiones insostenibles del crédito y los ciclos económicos, y no conviene mantenerla con presuntas garantías imposibles de cumplir sino eliminarla mediante la libertad y la competencia. En realidad es el intervencionismo estatal en materia monetaria y bancaria lo que genera un sistema financiero altamente inestable. La banca libre puede operar de forma estable con prudencia y sin descalce de plazos.

Un cliente mantiene una cuenta corriente en un banco si valora los servicios que recibe más que sus costes, teniendo en cuenta los riesgos de los posibles impagos que implica cualquier deuda. El cliente que cierra su cuenta en un banco renuncia a sus diversos servicios, fundamentalmente de cobros y pagos, los cuales deberá realizar de otra manera: en efectivo o mediante otro banco.

Un banco puede ser prudente o asumir riesgos excesivos (ser solvente o no serlo), y un cliente puede confiar en un banco o no (de forma justificada o injustificada). Un cliente que confía en un banco solvente simplemente mantiene su relación con el mismo; un cliente que deja de confiar en un banco solvente puede abandonarlo, pero entonces pierde una posibilidad de relación comercial mutuamente beneficiosa; un cliente que confía en un banco insolvente está contribuyendo a mantener un sistema financiero nocivo e inestable y está asumiendo riesgos que probablemente le supondrán alguna pérdida; un cliente que desconfía correctamente de un banco insolvente retira sus depósitos, y si muchos lo hacen así obligan al banco a corregir su conducta o quebrar.

En el extraño caso de que ocurriera un pánico contra un banco solvente, todos los depositantes podrían recuperar su dinero si así lo reclamaran: el banco podría demostrarlo haciendo públicas sus cuentas y balances, mostrando que sus activos respaldan adecuadamente a sus pasivos (con lo cual seguramente frenaría la retirada de depósitos), o simplemente haciendo frente a las reclamaciones de pago de quienes quieran liquidar sus cuentas.

Los pánicos generalizados normalmente sólo se realimentan si hay algo de verdad detrás del miedo: si un banco es insolvente, no todos los acreedores podrán recuperar todos sus préstamos, y es racional que los depositantes intenten retirar su dinero los primeros, ya que si lo consiguen lo recuperarán por completo, pero si se declara la suspensión de pagos o la quiebra seguramente deban asumir alguna espera o pérdida.

La insolvencia de un banco, o de todo un sistema bancario, no es un evento aleatorio del cual sea posible protegerse mediante algún tipo de seguro. Los fondos de garantía de depósitos son engañosos, hacen creer a los depositantes que su dinero está garantizado cuando en realidad no es así: no existen fondos ni activos suficientes en reserva, y si todos los depositantes realmente reclamaran sus deudas de un sistema insolvente, entonces los bancos quebrarían o las autoridades aplicarían diversos mecanismos de represión financiera (impagos, limitaciones de retirada de efectivo, corralitos).

Las crisis bancarias han sido más graves desde la implantación obligatoria de los fondos de garantías de depósitos: los depositantes se desentienden de su obligación de vigilar la prudencia de las entidades con las que operan, y los supervisores estatales no tienen ni la información ni los incentivos adecuados para controlar eficazmente la banca.

Un banco con problemas puede intentar refinanciarse atrayendo nuevos depositantes o emitiendo deuda o acciones en los mercados de capitales, los cuales determinan si se trata de un negocio viable o si debe quebrar. Un prestamista estatal de último recurso genera riesgo moral (los bancos asumen más riesgos de los debidos al disponer de garantías implícitas o explícitas de salvamento), politiza la decisión de quién debe sobrevivir (y a qué coste), y socializa las pérdidas del negocio bancario (por los costes que le supone al banco central mantener reservas monetarias o por la inflación a la que debe recurrir en el caso de no disponer de ellas).