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La gripe social

Publicado en Libertad Digital

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Llega la gripe y, como todos los años, las autoridades –políticas– sanitarias nos cuentan que hay dosis de la nueva vacuna para todas aquellas personas que la necesitan. Olvidan que el año pasado lo dijeron y al final no hubo para todos los que creían necesitarla. Sin embargo, ellos siguen pensando que la cantidad de vacunas de las que disponía la SS era óptima. Lo que ocurrió es que los individuos la demandaron de manera irracional por la desinformación –creada por los propios políticos– sobre la gripe aviar.

Irracional o no, lo cierto es que en nuestro país el estado determina quién debe vacunarse y quién no. Y no lo determina en función de que unos puedan coger el virus y otros no, porque lo cierto es que todos podemos contraer la gripe. Lo deciden en base a sopesar el riesgo de contraerlo en función de cada profesión o edad frente al coste de la vacuna.

Esta discriminación se podría llevar a cabo en función de los antecedentes gripales de cada paciente o alguna otra variable más o menos arbitraria. Pero ninguna de las reglas de discriminación puede satisfacer a todos en su condición de ciudadano, paciente y contribuyente. Y es posible que la regla elegida lo logre en menor medida que ninguna otra. El análisis coste-riesgo (o coste-beneficio) sólo lo puede realizar el individuo (y sólo si paga por la vacuna) porque tanto el coste (de financiarlo) como el riesgo (la probabilidad de contraer la gripe en relación a la desutilidad del padecimiento) son netamente subjetivos.

La administración gratuita de vacunas hace que la demanda supere la oferta y que el aparato estatal busque formas arbitrarias de simular un análisis coste-beneficio y así poder discriminar y racionar a gusto. Los estatistas dirán que los contagios son problemas de salud social, estatal o pública y no individual. Su propagación afecta al resto de la sociedad. Vamos, que estar vacunados tiene externalidades positivas. En fin, lo mismo ocurre con la cortesía o con la higiene y afortunadamente nadie defiende hoy en día que el Estado nos tenga que limpiar el culo. Es curioso observar cómo primero eliminan el precio de mercado y luego se ponen a discriminar al tiempo que dicen que hay para todos.

A quienes llevan las riendas del estado les molesta tremendamente que sean los individuos quienes decidan quién se vacuna y tratan de forzar las cosas al límite. Pero no queda ahí el intento de control social. Tampoco les gusta que haya gente, pueblos o comunidades que se vacunen de cosas que no se dan gratis en el resto del sistema de la SS. Ejemplos familiares para quienes sean padres son la vacuna de la varicela o el famoso Prevenar. Los seguros privados médicos las recomiendan mientras que la SS repite una y otra vez que el riesgo no justifica el desembolso. Seguro que a más de un político y a muchos burócratas les gustaría prohibirlas (a estos últimos les salva que son los únicos que pueden elegir entre sanidad pública o privada y eligen en un 85% la que no produce el Estado para el que trabajan), pero tampoco es cuestión de enseñar los colmillos no sea que el paciente vaya a ver que detrás de la bata de bondadosos médicos sin fronteras se esconde el lobo feroz.

Tengo más de un amigo que confió en las recomendaciones vacunales de la SS y –¡Dios mío!– qué mal lo han pasado hasta que los chiquillos pasaron la varicela. ¿Quién es el Estado para decidir que los 70 euros que puede costar cualquiera de estas vacunas es mucho o poco en comparación con una semana de lloros, gritos, dolores, picores o fiebre?

Ahora la Comunidad de Madrid ha decidido ampliar las vacunas que ofrece a sus ciudadanos. La decisión es tan arbitraria como la de no hacerlo, pero los efectos que ha provocado tienen su gracia. "Qué insolencia", parecen exclamar alarmados los consejeros de sanidad de las demás comunidades y la propia ministra, que sí han dicho en medio de su indignación que "todo el Estado ha de trabajar por consenso". Les falta explicar el gran "daño" que causará la decisión: mostrará a los madrileños que con un pinchacito más (que cuesta menos de 100 euros) puedes ahorrarte un mal trago y que sus políticos no eran tan benefactores como pensaban. Después de todo, los ciudadanos pagan obligados una SS que es un robo y sus dirigentes ni te pagan la vacuna ni te dejan que las compañías que las fabrican te informen sobre las ventajas de inyectártelas. Puede ser que en esta ocasión la competencia política no vaya a reducir el gasto público pero al menos parece que sí ayudará a desenmascarar las mentiras y mostrar a las claras por qué no quieren que nos podamos informar en el campo de los medicamentos. Con suerte, algún día superaremos la gran gripe social de nuestro tiempo: el estatismo.

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