Cuando por diversos motivos bajan los precios de determinados bienes o servicios, se suelen oír voces que aconsejan proteger a los productores de los mismos. Asociaciones patronales se ponen en marcha para destacar la singularidad de su actividad, la situación especial por la que pasan y reivindican a la autoridad gubernamental la adopción de medidas extraordinarias que les permitan seguir obteniendo el beneficio que cosechaban hasta aquel entonces.
Una de las medidas extraordinarias que en ocasiones suelen demandarse es la adopción de normas que impida la entrada de productos extranjeros. Las excusas a las que suelen acogerse quienes piden este tipo de medidas son de lo más variado, pero al final siempre se basan en el mismo argumento, y es la inmoralidad de su forma de elaboración ya que sus costes son menores a los que tienen los productores nacionales. Suelen aducir que si sus costes son más bajos es porque tienen algún tipo de comportamiento anómalo y reprobable, ya que ellos no son capaces de igualarlos. Con frecuencia se señala a unos menores costes salariales como culpables de dicha situación, demonizando a los competidores extranjeros ya que «explotan» a sus trabajadores.
Tristemente, muchos miembros de la prensa y los llamados movimientos «sociales» suelen comulgar con estos argumentos, sin pensar en el daño que realmente están causando.
Si cualquier individuo realiza un análisis de su vida descubrirá que, a lo largo de la misma, debido a las distintas decisiones que ha ido tomando, se ha estado especializando en determinados conocimientos, lo que a su vez ha motivado el que tenga una mayor habilidad en ciertas áreas laborales y personales. Esto le da una ventaja competitiva frente a otras personas a la hora de desarrollarse laboralmente en dicho campo, y explica que al final esté trabajando en el área en que lo hace en la actualidad. Esta situación personal también se puede aplicar a determinadas áreas geográficas. Las condiciones naturales de determinadas regiones, conjuntamente con las inversiones realizadas por los habitantes de los mismos y las habilidades personales de sus ciudadanos, explican que determinadas regiones se hayan especializado en la producción de determinados bienes.
Todo esto motiva que en determinadas zonas geográficas se produzcan bienes con ciertas ventajas. En ciertas ocasiones lo determinante será las inversiones realizadas, en otras los costes salariales, en otras los conocimientos especializados de sus habitantes, y en la mayoría, una combinación de diversos factores.
Cuando se deja fluir libremente las mercancías de una zona a otra, los habitantes de ambas zonas se ven beneficiados ya que los habitantes de cada zona se especializan en realizar actividades para las que están especialmente cualificados, dejando de emplear su tiempo en aquellas en las que su rendimiento es menor. Como consecuencia de ello los costes disminuyen, y las funcionalidades de los bienes y servicios ofertados aumentan. El comprador adquiere un bien mejor de lo que lo hacía antes y a un precio inferior, y el vendedor dedica su tiempo a aquello a lo que está más cualificado, incrementando sus ventas y por tanto su beneficio.
El problema se plantea en aquellos vendedores que anteriormente producían bienes con una serie de características y que en la actualidad han dejado de ser percibidos como útiles por los compradores, ya que hay quien realiza dicha labor de manera más eficaz. Los productores cuyos bienes y servicios han dejado de gustar al público son los que demandan la intervención del Estado para proteger su antigua situación. No obstante, para volver a la que tenían antaño es necesario que los compradores paguen más por una serie de bienes y servicios de los que ahora pueden disfrutar por menor precio y que incluso tengan mejores características. A fin de retornar al pasado se suelen reclamar medidas de carácter arancelario e incluso a la prohibición absoluta de entrada en el mercado nacional de los bienes extranjeros.
Este tipo de medidas perjudica a todo el mundo, ya que de un lado, los compradores obtienen peores bienes a mayores precios. De otro lado los vendedores que producen aquellos bienes o servicios más demandados son penalizados por su eficacia, obteniendo menores beneficios e incluso teniendo que dedicar su tiempo a otra serie de actividades para la que están menos cualificados.
Pese a ello hay quien defiende este tipo de medidas a fin de proteger a los países y ciudadanos pobres, cuando lo que ocurre es lo opuesto, los únicos que se benefician de las medidas proteccionistas son las oligarquías más cercanas al poder político. En una situación de libre comercio el comprador ve aumentar su renta disponible para otros menesteres, ya que, como hemos visto, adquiere los bienes a menor precio. El vendedor por otro lado se dedica a las actividades que mayor beneficio le proporcionan, por lo que también ve incrementada su renta. No obstante, quien pide la adopción de medidas proteccionistas no sólo está impidiendo el desarrollo de estas personas, sino que intenta obtener un beneficio de una actividad en la que no es el más cualificado, apelando a la intervención gubernamental. A fin de poder reclamar estas medidas, el productor tiene que ser una persona o grupo con gran capacidad de movilización y grandes contactos en las distintas administraciones públicas, actividad para la que están especialmente preparadas las oligarquías locales de cada país, que no suelen ser las personas con menor renta.
Si los distintos movimientos sociales y políticos están preocupados por el bienestar de sus compatriotas y de las personas más pobres de otros países equivocan su diana al clamar contra el libre comercio, que es precisamente la herramienta que más puede contribuir al desarrollo humano.
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