La Ley del Cine avanza irremisiblemente hasta aparecer próximamente en el BOE, generando, en medio de su tramitación, críticas por todos los lados. Los amigos de la extorsión al contribuyente, los del séptimo arte español que sólo se refieren a su país para mantener el negocio del subsidio se quejan porque no cumple con sus expectativas. Mientras tanto, las salas de cine se lanzan a la huelga como muestra de su negativa a aceptar lo inaceptable: exponer películas españolas por decreto.
Con una frase propia de dictadorzuelo de república bananera, la Ministra Clavo explicó que no tendría que promulgar esta Ley si los españoles fuéramos "a ver nuestro cine". De nuevo, un Gobierno impone lo que se debe ver, como antes hizo con el tabaco, al prohibirnos fumar porque no sabemos ser libres.
Además del cinismo moral de gobernar por nuestro bien y obligarnos a que veamos cine que no queremos ver (ni, por cierto, pagar con nuestros impuestos), lo que esconde esta decisión es un atentado al derecho de propiedad. Mejor dicho, otro más en la larga e interminable sucesión de políticas que vulneran este derecho.
A casi nadie parece chocarle que se impongan cuotas al cine español porque la cultura está por encima de cualquier cosa; como sucediera antaño la religión, funciona como justificación última para cualquier atropello a la libertad. Sin embargo, a todos les repugnaría si el Gobierno les dijera con quien deben emparejarse, casarse o relacionarse. Al fin y al cabo, en su cuerpo manda cada cual, ¿o no?
Siendo coherentes, si somos dueños de nuestras vidas, también lo somos de lo que pensamos, por eso, la ministra lucha denodadamente contra los piratas informáticos que vulneran la propiedad intelectual. Pero la pregunta siguiente es por qué lo "intelectual" tiene validez jurídica mientras que lo material, una sala de cine, no.
La lógica no entiende de políticas o, más bien, no es de izquierdas, porque si lo fuera no haría prevalecer un derecho de propiedad sobre otro, vulnerándolo flagrantemente. Los dueños de las salas de cine deberían proyectar lo que les viniera en gana y los cineastas españoles, producir lo que decidieran pero sin que lo pagáramos los ciudadanos bajo coacción. La obsesión por fijar cuotas es propia de un Gobierno que ama tanto la libertad como los cineastas españoles el libre mercado. Lo uno no se entiende sin lo otro.
En cualquier caso, lo que está claro es que la inquisición cultural ha vuelto a resurgir. Tenemos un Gobierno reaccionario al que hemos de dar gracias por retornar a prácticas tradicionales sacrosantas y claramente higiénicas para la salud mental del país. ¿Para cuándo un nuevo NODO?
Sólo imaginarse a la Calvo, a ZP y a sus ministros hablando del país de las maravillas, debería colmarnos de alegría. Un país donde el cine se ve, porque así lo quiere el Gobierno, en contra del sentir popular, que no sabe sentir nada de lo que debe sentir, como debería cualquier pueblo progre. En ese país multicultural, reinaría la felicidad… ¿Por qué entonces, tanto ruido? ¡Alabemos la Ley del Cine y nada de The end sino Fin, que ya vale de tanta americanada!
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