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La nueva edad dorada del crimen organizado

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El 29 de noviembre del año pasado The Objective publicó en la red social X un vídeo que me causó una gran conmoción. En él se puede ver a una lancha rápida (también conocidas como narco lanchas) arrojando a inmigrantes al agua, como si de fardos de droga se tratase. Según se informaba en el mismo post, cuatro de estos inmigrantes acabaron ahogándose. Número que podría haber sido superior sin la intervención de los ciudadanos que se encontraban allí y que acudieron a socorrer a los supervivientes.

Pero al drama humano de la escena se sumó algo mucho peor: la noticia pasó sin pena ni gloria entre la sociedad española. A nuestros medios de comunicación, a nuestros intelectuales y a nuestros líderes de opinión, que una embarcación sin identificar arroje por la borda a seres humanos no les parece digno de mención. Curioso en un país donde el desahucio de una persona que no paga el alquiler pudiendo hacerlo ocupa docenas de horas de televisión.

Narcolanchas

No es un caso aislado. Las narcolanchas llevan meses protagonizando escenas espectaculares que solo se reseñan en medios especializados y redes sociales. Llama especialmente la atención que el Reino de España, con sus 66 mil policías nacionales y 77 mil guardias civiles no puedan controlar el tráfico de drogas, no ya en nuestras costas, sino en un río como el Guadalquivir, que no es precisamente el Amazonas. De hecho, según las imágenes que se filtran en las redes, nuestras fuerzas de seguridad no pueden ni evitar que los traficantes fondeen en los puertos del Estado cuando hay temporal marítimo.

Aunque, repito, lo peor no es la situación en sí, sino el silencio sobre ella. Tenemos imágenes que avergüenzan a nuestras fuerzas de seguridad, a asociaciones policiales denunciando situaciones de alto riesgo y personas muriendo. Pero no parece importar.

El control de nuestras aguas territoriales no está en su mejor momento, pero seguramente será la punta del iceberg de la negligencia estatal sobre su presunta lucha contra el narcotráfico. Solo hay que echar un vistazo a las distintas operaciones que se realizan en los puertos españoles para sospechar que la entrada de toneladas de droga debe ser algo habitual. En el puerto de Málaga los escáneres son gestionados directamente por el narco, que sufragan generosamente su coste y mantenimiento. Son una especie de Amancio Ortega, pero sin su espíritu benefactor ni, curiosamente, su mala prensa.

Inoperancia o complicidad

A la vista de estas evidencias, la situación del narcotráfico en España solo tiene dos lecturas posibles: o el Estado es claramente impotente para impedir el crecimiento de la actividad, o directamente partes cada vez más extensas de sus estructuras participan activamente en el negocio. Seguramente la realidad engloba ambas posibilidades.

En México ya hay investigaciones sólidas que apuntan a lo evidente: su presidente fue financiado por el narco. Pero no hace falta cruzar el atlántico para preocuparse. En Suecia y Holanda ya son habituales los artefactos explosivos para ajustar cuentas entre bandas criminales. Mientras que en Grecia o Italia los peces gordos del crimen circulan con fusiles automáticos y coches blindados. Y en la propia España los capos de la droga consiguen algo que solo estaba al alcance de Elvis Presley: fingir su muerte.

La situación es grave y compleja. Cada vez que se dan estos dos factores se cae en el mismo error: plantear soluciones fáciles. Así que no hace falta ser adivino para saber que en cuanto el problema no pueda ser barrido debajo de la alfombra surgirá un movimiento que pedirá lo de siempre: más Estado. Así que aprovechemos que todavía no hemos llegado a este punto para analizar la situación desde otro punto de vista.

«Soy miembro de los Talibán»

Nos situamos ahora en el 3 de julio de 2022. Unos jóvenes británicos se dirigen en avión a España para pasar sus vacaciones. Uno de ellos, de origen indio, decide hacer una broma en un grupo privado de Snapchat donde solo están sus amigos de viaje. Junto a una foto suya entrando en el avión escribe el siguiente texto: De camino a estallar el avión. Soy miembro de los Talibán. No es la broma más original del mundo, pero a su edad seguro que divirtió a sus amigos.

Lo que no sabían en ese momento es que se iba a hacer realidad un famoso meme de la época de Obama, donde en la conversación telefónica entre dos personas siempre estaba el presidente escuchando. En este caso fueron los servicios de inteligencia de Reino Unido los que, de forma desconocida, consiguieron interceptar la comunicación privada de este grupo de amigos, no entendieron la broma y terminaron provocando que el gobierno español movilizase un avión de combate para escoltar al vuelo comercial donde viajaban los chavales.

Gritar «fuego» en un teatro lleno

Seguramente no nos habríamos enterado de todo esto, si no fuera porque la burocracia estatal española fue incapaz de entender que lo mejor era dejarlo correr una vez se vio que era una falsa alarma. En vez de eso, la fiscalía y abogacía del Estado tuvieron la genial idea de acusar al pobre bromista de desórdenes públicos, basándose en el siguiente artículo de nuestro código penal:

Quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento, será castigado con la pena de prisión de tres meses y un día a un año o multa de tres a dieciocho meses.

Hay que ser muy majadero para acusar a alguien de movilizar a los servicios de emergencias por escribir una broma en un grupo privado donde esos servicios de emergencias no deberían tener acceso, reconociendo en el proceso que estos servicios tuvieron acceso a una comunicación privada, que es el único delito que se cometió ese día. Por suerte, el tribunal que juzgó el caso mantuvo la cordura y terminó absolviendo al joven británico, mientras se dejaba en el aire la duda de cómo llegó a las autoridades la broma.

Espionaje y control de la «desinformación»

Dejando a un lado la incompetencia funcionarial española, el caso nos ha hecho un servicio al resto de ciudadanos: conocer que el gobierno británico es capaz de acceder a conversaciones cifradas de extremo a extremo de una popular red social (algo que en teoría debería ser imposible).

Ante este hecho, las palabras de Ursula von der Leyen en el Foro de Davos pidiendo colaboración entre entidades públicas y privadas para poner freno a la desinformación cobran más importancia. ¿Saltarse el cifrado en las comunicaciones privadas de los ciudadanos europeos va a formar parte de esa colaboración?

Pero no vayamos al futuro, el presente ya viene con amenazas de sobra a nuestra privacidad. Hacienda va a obligar a las entidades de pago a informar de todas nuestras transacciones. En paralelo, los medios que escasean en nuestras costas y puertos se dirigen a abastecer al Tesoro nacional con nuestro dinero. Para este fin se utiliza el software más puntero. El Estado escrutará hasta las personas que se hayan refugiado en los cripto activos para castigar cualquier omisión con el fisco si no han tenido la preocupación de ser anónimos en sus operaciones.

A esto hay que sumar la nueva cruzada de nuestro presidente del gobierno: la pornografía. En unos meses, si la incapacidad estatal para echar a andar estas cosas no lo retrasa, todos tendremos que identificarnos para acceder a contenido para adultos. La pantalla de nuestros dispositivos se va a convertir en las televisiones del Gran Hermano de Orwell. Mientras nosotros vemos un contenido delicado, la pantalla nos ve a nosotros, toma nota y deja esa información disponible para aquellos que tengan acceso a ella. Que, dada la seguridad informática de los ministerios, podrá ser cualquiera.

Crimen organizado a ambos lados de la ley

Por último, la madre de todos los peligros para nuestros derechos: las CBDCs. Como ya adelantó Christine Lagarde, este nuevo dinero no va a poder garantizar nuestra privacidad, precisamente, porque hay que ponerle coto al blanqueo de capitales del crimen organizado y la financiación del terrorismo. Curioso, siendo dos sectores que, como hemos visto, crecen al mismo ritmo que la intervención del Estado en nuestras vidas.

Y es que todo apunta a que vamos a ver converger dos hechos aparentemente contradictorios: un Estado con un control social enorme junto con un crimen organizado más poderoso que nunca.

Pero no hay tal contradicción. El propio negocio de la droga lo pone en evidencia. Su ilegalización, o, dicho de otra forma, el empeño estatal en controlar lo que consumen los ciudadanos, ha sido el responsable de regalar un negocio multimillonario a personajes sin escrúpulos. El caudal de dinero es ya tan grande, que las propias estructuras del Estado terminan infiltradas. Y todo con el control de una única mercancía: la droga. ¿Qué poder alcanzaría el crimen organizado si el Estado va dirigiendo a la población al mercado negro en más y más productos y servicios?

Todo apunta a que lo vamos a averiguar en los próximos años.

Ver también

10 razones para legalizar las drogas. (Adolfo D. Lozano).

La droga es lo de menos. (Manuel Llamas).

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