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La regulación en la telefonía móvil: las licencias

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Al menos en Occidente y parece que de momento, la época de las nacionalizaciones de ciertos sectores económicos ha concluido. De hecho, un buen puñado de empresas de capital público acometen procesos de privatización, aunque estos sean en no pocos casos oscuras operaciones donde más de un amigo del poder público se ve beneficiado. Sin embargo, esta circunstancia no es problema para que el Estado idee ingeniosas formas de controlarlos. Precisamente el epíteto clave o estratégico suele ir acompañado de numerosas regulaciones no exentas de declaraciones asegurando defender al consumidor. Resulta entrañable ver como nuestros gobernantes se preocupan tanto por nosotros.

Uno de esos sectores estratégicos es el de la telefonía móvil hasta el punto de que en unos pocos años es cada vez más demandada por los españoles en detrimento de la fija. Lo que empezó como un servicio para ricos y snobs se ha convertido en una herramienta primordial, esencial para el 82,45% de los españoles. Los que empezaron siendo departamentos dentro de las grandes operadoras han terminado transformándose en filiales y en algunos casos, empresas dedicadas única y exclusivamente a este tipo de servicio. La facturación se dobla año a año y tal poder de crecimiento no podía pasar desapercibido a nuestros legisladores.

Tres son las empresas que actualmente prestan servicios en España, Telefónica Móviles, Vodafone y Amena que hace unos meses fue adquirida por France Telecom. y podría cambiar su nombre por Orange, la marca de la francesa. Xfera es la cuarta operadora y sólo puede ofrecer telefonía UMTS o de tercera generación. Lleva ya varios años desde que la concedieron su licencia pero sin dar ningún tipo de servicio pues el mercado de los servicios 3G no se ha desarrollado realmente hasta 2005. A la espera de que algún socio tecnológico se quiera introducir en su accionariado, el Gobierno presiona para que empiece a prestar sus servicios en primavera, incluso amenazando con la retirada de la licencia.

Esta es sin duda la primera clave de la regulación, que cualquier empresa que quiera dar servicios de telefonía móvil se le debe conceder una licencia. Al considerarse que el espacio radioeléctrico es un bien común, el Estado lo toma en propiedad y establece cuántas licencias se pueden dar de forma que nosotros, ciudadanos y consumidores, estamos sujetos a la arbitrariedad de unos políticos. La razón de tal comportamiento se me antoja poco contundente ya que se aduce que si el Estado no regulara este espacio, una empresa podría apropiarse de él y acaparar así todas las comunicaciones. Curiosamente esto es lo que han hecho los poderes estatales con la excusa de representar a todos y con esa misma excusa, han montado subastas multimillonarias por un puñado de licencias que han generado jugosos ingresos en las arcas públicas y no pocos apuros financieros e incluso quiebras en operadoras cuyos desembolsos han sido totalmente exagerados.

Dichas licencias suelen conllevar condiciones que incluyen inversiones y coberturas nacionales a realizar en un determinado tiempo. El problema es que muchas de esas empresas empiezan de cero o no son capaces de prever los costes que terminan suponiendo o incluso la tecnología de sus servicios no ha sido comercialmente desarrollada (tal es el caso de Xfera hasta hace unos meses) y luego los ingresos no se corresponden a los previstos por lo que les cuesta entrar en beneficios a la vez que cumplen las condiciones. La misma Telefónica Móviles ha tenido un problema en Italia cuando su licencia UMTS no ha terminado de arrancar y todavía no está muy claro cómo va a deshacerse de ella pues la venta requiere, como no, permiso estatal.

En un mercado libre esto no hubiera ocurrido. Primero porque el número de operadoras hubiera sido determinado a larga por los clientes, de hecho ese número sería variable y dependería de la calidad del servicio, su cobertura y sus precios. En segundo lugar su cobertura, alcance y desembolso inicial formarían parte de una estrategia a largo plazo y salvo una gestión empresarial lamentable desde un principio, estarían acordes con sus posibilidades financieras, lo mismo que su crecimiento. Tercero, porque las diferentes tecnologías supondrían ventajas competitivas entre ellas pero voluntarias y no una obligación administrativa. Por otra parte, buena parte de esa situación financiera viene determinada por los ingresos de sus servicios; ésta es la segunda regulación que quiero analizar, pero eso será en otro comentario.

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