La responsabilidad en los mercados

La referencia a "los mercados" ha conseguido desplazar incluso al "neoliberalismo", el cual, hasta hace muy poco, era la coletilla intervencionista más utilizada. Al menos goza de más significado que el anodino "los mercados", ya que con "neoliberalismo" se hace alusión a cierta tendencia de pensamiento que recurre vagamente a postulados típicos de la defensa del libre mercado, con el único objetivo de dar una apariencia de eficacia al intervencionismo.

Atribuyendo responsabilidades directas y personales a "los mercados", se reifica hasta convertirlo en un nuevo chivo expiatorio con el que ocultar los desmanes del Estado. Lo cierto es que los mercados no son entes dotados de una personalidad figurada. Los mercados son ámbitos de interacción donde los agentes interaccionan persiguiendo fines particulares a través de acuerdos voluntarios de intercambio, nacidos de la concurrencia de sus valoraciones subjetivas. En el mercado se interactúa, se convive, se produce y se consume, se ofrece y se demanda, se crea, se destruye, se gana y se pierde. No hay responsabilidad atribuible a "los mercados", dado que todas las decisiones proceden de algún agente que sí posee personalidad (sea ésta física o jurídica).

El mercado es un proceso, u orden de reglas y acciones espontáneo e institucional. El Estado, frente al mercado, es un agente que posee una característica que lo convierte en excepcional. El Estado tiene el monopolio del uso de la violencia. Sus decisiones, normas e intereses, de cara al resto de agentes, poseen la prerrogativa del imperio.

El Estado actúa en el mercado, en la mayoría de las ocasiones, tratando de suplantarlo. Mientras que el mercado es un resultado dinámico del proceso de interacción y cooperación voluntaria entre agentes en competencia gracias a reglas institucionalizadas como el Derecho, la moral o el dinero, el Estado dispone sus relaciones con el resto de agentes anulando las anteriores precondiciones, y rehaciendo las reglas en función de sus objetivos y necesidades.

El Estado se ha visto en la obligación de mantener relativamente poco intervenidos determinados ámbitos del mercado para centrarse en la que ha sido su motivo fundamental: dotarse de una función social. Al principio, esta función del Estado ante la sociedad era la de garantizar el orden público y la seguridad, personal y jurídica. En la última época de su desarrollo, el Estado se ha convertido en el gran benefactor redistributivo dentro del esquema moral del Bienestar.

Lo cierto es que "los mercados" no compiten activamente con el Estado en conseguir resultados perfectamente identificables. Es el Estado quien interviene o participa en el mercado. Lo hace dominando, y algunas veces interaccionando con otros agentes, con la clara intención de alcanzar concretos objetivos. El Estado, que sí actúa en su propio nombre mediante una personalidad virtual, adopta decisiones que tienen relevancia política y económica. No todo sucede en el mercado, pero aun en los casos que así sea, es una incorrección atribuirle al mercado responsabilidad alguna sobre los efectos que tiene determinada intervención estatal.

Los resultados que obtiene cada interviniente dependen de su acierto y su suerte. Manipular los "resultados generales" es la meta de quien pretende centralizar las decisiones, y planificar y prever todas las consecuencias de las mismas. Esto es sencillamente imposible, pero aun con todo, por el mero hecho de pretender ciertos objetivos, los Estados deben asumir la responsabilidad que sea consecuencia de sus acciones puestas en práctica contra el mercado, o dentro de él, en forma de agresión contra el resto de partícipes.

Lo que está sucediendo con la deuda pública, y los altos tipos de interés a los que algunos Estados se ven obligados a colocar sus títulos, es un buen ejemplo de lo que aquí se está explicando. El sistema monetario es un claro intento estatista por dominar un ámbito del mercado a través de la brutal intervención que supone el dinero fiduciario, la concesión de la reserva fraccionaria únicamente para los depósitos bancarios, y la constitución de un prestador de última instancia que es el Banco Central. ¿Qué sucede entonces cuando un Estado tiene necesidades financieras y no se atreve a cubrirlas totalmente a través de la monetización de la deuda por miedo a la inflación?

Los Estados se ven forzados a acudir al mercado para atraer el ahorro que otros agentes ofrecen a cambio de una promesa de pago futuro. Si el Estado no es muy de fiar, no tiene expectativas de crecimiento o su estabilidad financiera está en entredicho, parece razonable que el tipo de interés al que le presten esos capitalistas/ahorradores sea relativamente alto.

Que a cierto Estado le cueste mucho colocar su deuda frente a otros agentes, incluidos los Estados que venden sus títulos más fácilmente, es culpa de ese Estado y de nadie más. No son "los mercados", sino el propio Estado quien en su necesidad de financiación se enfrenta con los agentes que ofrecen dinero presente a cambio del pago futuro de la deuda. Sin ellos estaría perdido, si siguiera siendo su voluntad la de incurrir en déficit a toda costa.

¿Qué sucedería si se le pidiera al Banco Central que acudiese al rescate de un Estado, comprando de forma masiva tantos títulos de deuda como pueda éste emitir? Sencillamente, que a través de una decisión de esta naturaleza el Banco Central estaría acudiendo al mercado con la única pretensión de impedir que el resto de agentes particulares logren la máxima rentabilidad posible, que sí se alcanzaría en ausencia de dicha intervención.

Cuando un agente privado actúa en el mercado de manera competitiva, mediando acuerdos voluntarios y asumiendo total responsabilidad por sus errores, tenderá a formarse espontáneamente y con el tiempo un orden institucional de acciones. Sin embargo, cuando la intervención la realice el Estado, directamente o a través del Banco Central, se generarán gravísimas consecuencias no queridas ni esperadas, que a su vez tenderán a paralizar e incluso destruir el ámbito del mercado que se vea más afectado.