Skip to content

La responsabilidad estatal en los incendios forestales

Compartir

Compartir en facebook
Compartir en linkedin
Compartir en twitter
Compartir en pinterest
Compartir en email

En poco más de una semana, en Galicia se ha quemado una superficie que varía desde las 71.828 hectáreas que asegura el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) a las 180.000 que denuncia el Partido Popular, pasando por las 77.000 que dice la Xunta de Galicia, las 86.000 de la Unión Europea o las 92.000 del CSIC, organismo de naturaleza pública que se dedica a la investigación. Hasta la fecha y según el MMA, el fuego ha arrasado en España algo más de 123.000 hectáreas, lejos de las casi 96.500 del año pasado, de las 75.500 de 2004 e incluso por encima de las 109.592 de 2003, peor año de la última década hasta este.

España es un país proclive a los incendios forestales. Fundamentalmente de clima mediterráneo, también tienen cabida el atlántico, en la Cornisa Cantábrica y en Galicia, el subtropical en las Islas Canarias, el de alta montaña en diferentes cordilleras que atraviesan los territorios españoles e incluso el semidesértico, en ciertas zonas de la costa mediterránea y del interior. Tal variedad ha propiciado una gran cantidad de ecosistemas y una biodiversidad nada desdeñable. Precisamente, la sequedad de los veranos y las altas temperaturas incrementan el riesgo de incendio y la tendencia aumenta por la actividad humana que ha sustituido en muchos casos variedades más adaptadas al fuego por otras más cercanas a sus necesidades y deseos.

En estas circunstancias es deseable un buen sistema de prevención y extinción que, en virtud de lo acaecido en las últimas semanas, esta claro que no tenemos. Vaya por delante que no estoy poniendo en duda la profesionalidad de los que se juegan su vida por apagar un incendio forestal sino que pongo en duda la viabilidad del sistema que existe en la actualidad, sistema que es creado y gestionado en última instancia por las Administraciones Públicas y que demuestra continuamente su tremenda vulnerabilidad, su naturaleza pública.

Para los gallegos que lo hayan perdido todo, este baile de cifras es cuanto menos de mal gusto pero es un buen ejemplo de una de las razones de la ineficacia del sistema, las rivalidades políticas entre partidos o incluso entre Administraciones, algunas de ellas gobernadas por el mismo grupo político. La cercanía de las elecciones municipales y autonómicas –se celebrarán en primavera del próximo año– conlleva una carga política muy elevada lo que supone dos comportamientos, la minimización de los efectos de cualquier catástrofe desde el poder y la denuncia desaforada y en algunos casos lejana a la realidad por parte de la oposición política. Se vio en el hundimiento del Prestige y se ha visto en los grandes fuegos forestales. En julio del año pasado en el incendio de Guadalajara, la Comunidad de Castilla-La Mancha rechazó ayuda de otras Comunidades Autónomas, entre ellas la de Madrid y la de la Comunidad Valenciana, ambas gobernadas por sus rivales políticos del PP. El resultado, más de 12.000 hectáreas arrasadas y 11 muertos, es un ejemplo extremo de las consecuencias de este enfrentamiento institucional.

Una de las primeras denuncias que se formularon, ante la magnitud de la catástrofe, fue la del PP, ahora en la oposición. Según este partido, el nuevo gobierno de PSOE y BNG, partido nacionalista e independentista gallego, habría desmantelado el anterior equipo técnico pero sin tomar la precaución de organizar otro. Además, entre las peticiones nacionalistas se incluía la demostración, a través del certificado público correspondiente, del conocimiento del gallego, lo que dejó sin contrato temporal a multitud de trabajadores que en temporadas anteriores habían trabajado en estas labores y que en la mayoría de los casos poseían conocimientos más que aceptables del idioma. Todo ello, aunque desmentido por los acusados, tiene pinta de verosimilitud. El sacrificio de la eficacia ante el dios de la burocracia se practica más de lo deseable, sobre todo si este responde a políticas más o menos utópicas, en este caso nacionalistas.

Varios colectivos han acusado a la Administración de no haber hecho nada para salvar sus pertenencias, de no tener los medios necesarios para apagar los fuegos y lo cierto es que aunque ha habido momentos donde la magnitud de la catástrofe ha desbordado todo lo desplazado a la zona, lo cierto es que en muchos casos las llamas han sido combatidas exclusivamente por los vecinos, que han tenido que convertirse en bomberos heroicos, pagándolo en algún caso con su propia vida.

El Estado, en este caso en forma de Comunidad Autónoma, garante único y exclusivo de la seguridad del monte, ni ha podido ni ha querido ni ha sabido cumplir con sus obligaciones y ahora pretende delegar sus propias responsabilidades en forma de tramas virtuales, conspiraciones inimaginables y fotos que pretenden dar la falsa sensación de que se está haciendo algo, de que se ha hecho algo. Y lo cierto es que las condiciones que se dan en España son muy propicias para que las empresas acometan la extinción y sobre todo la prevención de incendios a través de la contratación directa de las mismas, o mediante seguros que cubran estos riesgos. Sin embargo, es la Administración la que desincentiva esta actividad empresarial, no tanto porque la prohíba sino porque asume un servicio que es incapaz de dar, o que lo hace de manera ineficaz. A ello contribuye la visión, muy española, de que el medio ambiente es un asunto que sólo se trabaja desde la iniciativa pública, nunca desde la iniciativa privada y nunca desde la responsabilidad personal de cuidar nuestras pertenencias. Y de esos polvos, estos lodos.

Aún no hay comentarios, ¡añada su voz abajo!


Añadir un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Más artículos

El Fouché hispano

Fernando Grande-Marlaska se ha convertido en el ministro del interior que más tiempo ha estado en el cargo, un total de 2.085 días hasta hoy. Ha adelantado a José Barrionuevo, ministro de la época de los Gal, que acabó condenado a pena de prisión, con un récord de 2.048 días.