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La sociedad desprotegida

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Cada día más personas tienen miedo a que les asalten sus casas, golpeen y saqueen con total impunidad. La gente piensa que el Estado no le protege y que no vive segura. Ante esto, los políticos prometen destinar más recursos a la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, el problema estriba en el tipo de leyes penales que, supuestamente, castigan a los criminales.

Asumamos por un momento que el Estado comienza a destinar un 50% más de presupuesto a la policía. Se asegura de este modo que va a haber patrullas por todo el país. Supongamos también que, gracias a estas medidas, se arrestan a más delincuentes. La pregunta siguiente sería, ¿van a ir todos a la cárcel? ¿Cuánto tiempo van a estar recluidos? Aquí comienzan los problemas. Ni todos acabarán en la cárcel ni estarán el suficiente tiempo como para se desincentive la delincuencia. Si el coste de cometer un delito no es alto, este se disparará al ser más provechoso vulnerar la ley que cumplirla.

El motivo de que suceda esto es que la teoría que sustenta el actual derecho penal es la reinserción. Filosóficamente, es un despropósito porque implica que el delincuente es culpable de sus actos pero no el único. La sociedad también lo es, según el ideario progresista, dado que, al haber marginado al delincuente, éste no tenía otra salida que delinquir. En suma, la izquierda asume siempre que todos somos culpables de los males que nos aquejan. No es de extrañar que, por ejemplo, tras los atentados del 11-S y 11-M, los socialistas dijeran que había que incrementar las ayudas al tercer mundo porque el hambre era la fuente del terrorismo y Occidente era responsable de expoliar a los países más pobres. La lógica es la misma: alimentar la irresponsabilidad para socavar las instituciones tradicionales de las sociedades libres.

De hecho, al considerar que la gente no es responsable y que por eso, es obligación del Estado reinsertarlos de nuevo en la sociedad, el derecho penal prima la irresponsabilidad. Así se convierte, en vez de un mecanismo de represión, en un derecho asistencial. Al introducir fines ajenos al derecho penal en sus mismas entrañas, se produce un cortocircuito y deja de servir a los fines para los cuales fue ideado.

Ante esta situación, el economista Anthony de Jasay ha señalado que “en la mayoría de los países civilizados si un padre de familia descubre a un atracador en su casa y le dispara, va directamente a la cárcel y posiblemente deba defenderse de la demanda civil que le interponga el ladrón. En vez de disparar, lo que debe hacer primero es cerciorarse de sus intenciones, convencerlo para que desista y confiar en que todo salga bien. El atracador apuesta sobre seguro: si no es descubierto, completará la faena, y si es descubierto puede o bien desistir o bien derribar al dueño de la casa y proseguir el saqueo. En ninguno de los casos corre el riesgo de recibir un disparo. El atraco se ha vuelto mucho más seguro”.

De las palabras de Jasay se infiere que estamos ante un despropósito de tal magnitud que hace peligrar nuestro Estado de derecho. No olvidemos que la civilización no es otra cosa que la limitación de la coacción mediante la ley, de forma que cada uno pueda perseguir sus metas sin preocuparse por su integridad física. Por eso, cualquier excepción por motivos “sociales”, distorsiona la paz social.

No existen demasiadas esperanzas de que los gobiernos reaccionen enérgicamente. Máxime porque cuando lo hacen, como fue el caso del PP en lo que al cumplimiento de las penas por terrorismo se refiere, buena parte de la intelectualidad nacional-socialista calificó de fascista tal medida.

La única solución que se antoja razonable es dejar que cada ciudadano se proteja por si mismo, que disponga del derecho a portar armas ya que el Estado no ha cumplido con su principal cometido. Ya lo decía con su usual clarividencia, el presidente de este Instituto, Gabriel Calzada: “no es casualidad que Suiza y EEUU, donde el derecho a la legítima defensa es completo, tengan estados relativamente pequeños en comparación con Europa y que su progreso económico sea muy superior al nuestro. La prosperidad y la paz de las naciones se fundamentan en la seguridad de la vida y la propiedad privada”.

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