La verdad sobre la austeridad española

A medida que la crisis económica en España se profundiza y el rendimiento de los bonos alcanza niveles récord, algunos afirman que la austeridad ha fracasado y que ahora es momento de recurrir a políticas de crecimiento basadas en un estímulo fiscal. Dos años de profundos recortes en el gasto solo han llevado a España a una nueva y severa recesión, con una caída estimada del PIB de 1,8% en 2012, según la edición de abril de la publicación Perspectivas de la Economía Mundial del FMI. Los keynesianos señalan a la espiral contractiva que constituye el recorte del gasto, que conduce a una menor demanda y, a su vez, a una caída del PIB y del empleo.

El presidente del gobierno Mariano Rajoy acudió recientemente a Europa por ayuda, tras asegurar al parlamento que su gobierno había hecho todo lo posible para recuperar la confianza de los inversores.

El problema es que tanto las objeciones keynesianas como los intentos de Rajoy de pintar el rescate como una victoria, pasan por alto un hecho vital. La austeridad no ha fracasado porque esta no se ha intentado realmente, a menos que "austeridad" signifique realizar modestos recortes de gasto mientras se aumentan significativamente los impuestos, como ha hecho España. El término "austeridad" es ambiguo, pero no parece apropiado llamar a un gobierno "austero" cuando trata de solucionar el déficit mediante la extracción de más recursos del contribuyente.

Aclaremos que el déficit actual de las finanzas públicas se debe principalmente a un gasto excesivo. ¿Cómo es posible eso, teniendo en cuenta que las administraciones públicas españolas mantuvieron un superávit presupuestario del 2% en 2006 y 2007? La respuesta está en el crecimiento extraordinariamente alto e insostenible de los ingresos en ese momento, gracias a la burbuja inmobiliaria inducida por el crédito.

Durante el boom, el gobierno asumió nuevos y grandes compromisos de gasto a largo plazo en áreas como prestaciones sociales, infraestructura pública y salarios del sector público. Pero esto fue financiado principalmente por ingresos temporales y a corto plazo. No debería sorprender que el déficit se disparara cuando la burbuja se derrumbó.

Mientras que el gasto público ha caído de su nivel máximo de 2009, consideremos un horizonte temporal mayor con los siguientes datos —que provienen de un reciente estudio comparativo de las políticas fiscales durante la Gran Recesión, publicado por el Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana de España:

• En 2011, el gasto total del sector público en España fue un 13% más alto que en 2007 y casi el doble de lo que era en el año 2000.
• Entre 2007 y 2009, el saldo presupuestario se deterioró en 13,1 puntos porcentuales del PIB (comparado con 10,3 puntos porcentuales en EE.UU. y 4,3 en Alemania), como resultado tanto de un aumento en el gasto y una caída en los ingresos. Desde entonces, la llamada consolidación fiscal solo ha mejorado el balance público en 2,3 puntos porcentuales (frente a 3,5 puntos porcentuales en EE.UU.).
• De 2007 a 2011, el gasto público como porcentaje del PIB ha aumentado en 4,4 puntos porcentuales en España, más del doble del equivalente en Alemania (2,1 puntos porcentuales).
• La relación deuda pública a PIB en España ha aumentado en un 90% desde 2007, en comparación a 50% en EE.UU. y solo 25% en Alemania.

En los debates actuales sobre la política fiscal en España —falazmente enmarcados como un conflicto entre la austeridad y el crecimiento— a menudo se olvida que durante 2008 y 2009 el entonces gobierno socialista implementó uno de los mayores paquetes de estímulo de todos los países desarrollados, comparable solo a los niveles de estímulo estadounidenses.

En el mejor de los casos, estas políticas fueron ineficaces. Ni EE.UU. ni España lograron evitar las fuertes pérdidas de empleo en el sector privado, y en su lugar aumentó el número de empleos del sector público. En cambio, con políticas fiscales mucho menos expansivas, el mercado laboral de Alemania apenas ha sufrido. Si bien es cierto que Alemania no experimentó una burbuja similar a las que inflaron los mercados inmobiliarios en EE.UU. y España durante la década pasada, también es cierto que en 2009 Alemania experimentó una caída del PIB mayor que la de España o EE.UU., causada por el colapso de sus exportaciones.

Pero la peor consecuencia de los paquetes de estímulo fiscal es el aumento subsiguiente de la carga de la deuda nacional y otros costes relacionados. En primer lugar, incentivan el creciente deterioro de las finanzas públicas al desplazar el crédito bancario del sector privado y ponen frenos al proceso de desapalancamiento saludable de la economía en su conjunto, lo que reduciría la necesidad de financiación externa.

En segundo lugar, el gasto de estímulo, tanto en España como en EE.UU., ha sostenido artificialmente sectores hipertrofiados de la economía, tales como la industria inmobiliaria y la automotriz, que fueron sobrealimentadas por políticas de crédito fácil durante la etapa del boom. De este modo, ha detenido el ajuste necesario de la estructura de producción de la economía, mediante el cual las industrias infladas deben reducirse y liberar recursos para su uso en sectores más rentables y eficientes.

Tratar de resolver una crisis causada por un exceso de (mala) deuda con más deuda ha sido contraproducente. El problema fundamental de la fase recesiva del ciclo no es la necesidad de estabilizar la demanda agregada. Las circunstancias actuales requieren, en cambio, que reajustemos la oferta inadecuada para satisfacer la demanda real, y para mejorar las deterioradas posiciones financieras de los agentes económicos reduciendo la deuda y aumentando el ahorro o el capital.

Sin embargo, la austeridad fiscal tampoco es una panacea. Debe acompañarse con un conjunto de políticas pro crecimiento para crear un ambiente institucional favorable para la recuperación del sector privado —mediante, por ejemplo, reformas más profundas del mercado laboral y la eliminación de las barreras al emprendimiento. Por otra parte, se debe alcanzar una solución razonable para el sistema bancario, como la que propuso anteriormente en estas páginas Juan Ramón Rallo.

Podría darse el caso de que aún con la aplicación de recortes de gasto grandes y bien orientados, acompañados con reformas favorables al libre mercado, los inversores siguieran sin la suficiente confianza como para invertir, manteniendo a la economía española en recesión. Pero el señor Rajoy al menos tendría mayor derecho a decir que hizo todo lo posible por solucionar la situación. Y la alternativa promete ser mucho peor.