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Las élites integristas iliberales

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James Dominic Rooney. Este artículo fue originalmente publicado en Law & Liberty.

El integrismo es una tradición de pensamiento que, aparte de rechazar la separación liberal de la política y la preocupación por el fin de la vida humana, tiene grandes dificultades para definirse a sí misma. Más allá de este punto, no está nada claro qué significa ser integrista. Esto no quiere decir que los integristas individuales no tengan en mente políticas que defenderían basándose en sus principios integristas. Más bien, la caracterización general del propio integrismo, como nada más que un compromiso con el ideal de que «el gobierno político debe conducir al hombre a su objetivo último», deja el ideal integrista sin definir.

Los integristas tienen algunos compromisos muy genéricos con las afirmaciones de que el Estado debe perseguir el bien común, que no puede aislar las consideraciones religiosas o morales de su búsqueda, y que debe hacerlo de un modo que se ajuste a la doctrina católica. Sin embargo, muchos críticos como yo siguen queriendo aclarar qué es lo que une a los integristas en torno a una teoría política. Los debates sobre el integrismo plantean muchas cuestiones, algunas de las cuales son interesantes en sí mismas. Pero sus ideas sobre la autoridad política son profundamente problemáticas y dificultan o imposibilitan la discusión genial de otros puntos. El integrismo está en profunda tensión con las concepciones tradicionales del derecho natural sobre la autoridad política, y en lo que sigue explicaré por qué es así.

El «integrismo» es bastante nuevo en términos católicos. La identificación política surgió en el siglo XIX como reacción comprensible a los rápidos y desastrosos intentos de abandonar la herencia católica en países como Francia. Un pensador político tan bien fundado como Jacques Maritain participó durante un tiempo. Sin embargo, el movimiento se transformó desde sus raíces en algo más oscuro, sobre todo en lugares como España, donde adquirió rasgos de antisemitismo (Félix Sardà y Salvany), o en Brasil, donde los fundamentalistas fueron aliados del nazismo. La Iglesia se desvinculó del movimiento en diversos momentos. Hoy en día, los fundamentalistas intentan evitar estos aspectos oscuros de su historia, caminando sobre una fina línea entre presentar su teoría como nada más que la enseñanza social católica, y proponer un ideal político sustantivo que pretende remontarse al cristianismo, una «diarquía» en la que Iglesia y Estado son inseparables.

El campo integrista es claro al aceptar los principios morales generales proporcionados por la enseñanza social católica: que la Iglesia debe ser alma del cuerpo político cívico del Estado; que el gobierno debe ajustarse a la ley moral objetiva y reconocer «el origen y el destino del hombre en Dios» y, por tanto, «medir los juicios y las decisiones [políticas] con esta verdad inspirada sobre Dios y el hombre»; que «el gobierno debe también contribuir a crear condiciones favorables para el fomento de la vida religiosa»; que «la libertad que rehusara vincularse a la verdad caería en la arbitrariedad y acabaría sometiéndose a las pasiones más viles, hasta la autodestrucción». Pero estos principios no son en absoluto sustantivos en términos de proporcionar algún programa político para un ideal de cooperación Iglesia-Estado, aparte de descartar algunas versiones del anarquismo o del libertarismo extremo.

A Thomas Pink, profesor del King’s College, le preocupan sobre todo los atentados contra la libertad religiosa en el mundo contemporáneo y el auge de un laicismo hostil. En esencia, cree que un Estado católico confesional es necesario para preservar los derechos de los fieles católicos a practicar su fe. En su opinión, cualquier intento de protección estatal de la libertad religiosa que no reconozca el valor positivo de la verdad religiosa (y se adhiera a una religión en particular) está abocado inevitablemente al fracaso. Y la libertad religiosa, en la doctrina católica, implica el bien sobrenatural que es el más supremamente bueno de todos: la bienaventuranza eterna.

Así, según el análisis de Pink, o se forma un Estado confesional o no se protege el derecho humano más importante. Sin embargo, la libertad de la Iglesia para llevar a cabo su misión es un objetivo importante no sólo para los integristas, sino para todos los católicos en su sano juicio, y para muchos no católicos. Hay otras alternativas a un Estado confesional en el que el derecho canónico incide directamente en el derecho civil (el ideal integrista). Sin embargo, lo más importante es que los derechos son correlativos a los deberes. Aunque la Iglesia tuviera un derecho abstracto a imponer su derecho canónico a la sociedad civil en un régimen confesional, ese derecho estaría limitado por sus deberes de promover el bien sobrenatural de acuerdo con la justicia natural.

Los integristas, sin embargo, se preguntan si existen (o incluso niegan que existan) tales consideraciones derrotistas a la luz de los grandes peligros que plantea el secularismo en el mundo contemporáneo. Desde luego, son reacios a conceder que puedan alcanzarse grandes bienes a través de una sociedad liberal. Lo que los integristas quieren, por tanto, no es simplemente un Estado confesional. Los integristas han propuesto una serie de políticas diferentes, muchas de las cuales son obviamente intentos de control religioso: leyes contra la blasfemia, prohibición de cargos superiores o de la plena participación política (por ejemplo, limitando el derecho de voto o la ciudadanía) para los no católicos, restricción del proselitismo público y de la construcción de sinagogas o templos por miembros de religiones no católicas, censura estatal de discursos o escritos moral o religiosamente erróneos. Pero sus recomendaciones también se extienden a medidas que no tienen nada que ver específicamente con la religión: el aborto y otras cuestiones de la guerra cultural, el sistema financiero, el diseño urbano, el patrocinio del arte clásico, el ecologismo, la reforma de la inmigración, la monarquía constitucional, etc. ¿Qué une a todas estas propuestas?

Los integristas renuncian a cualquier necesidad de ponerse de acuerdo sobre propuestas políticas concretas por una cuestión de prudencia política, pero esto es revelador en cierto modo de los objetivos del movimiento. Aquellos puntos sustantivos de consenso sobre los que todos los integristas están de acuerdo quedan casi totalmente sin especificar cuando se trata de cualquier implicación particular para la acción política. Excepto en una cosa: que el mero hecho de que estas abstracciones sean buenas para nosotros basta por sí mismo para que sea correcto ponerlas en práctica.

La gente confunde a menudo las justificaciones de las políticas basadas en el derecho natural con las propuestas por los integristas. Ambas apelan al bien común como razón última que justifica todo lo que se hace en política. Sin embargo, el integrismo se opone a la justificación política del derecho natural. Los juristas naturales sostienen que el hecho de que una política sea buena para nuestro país basta por sí mismo para que sea razonable que apliquemos esa política, no que esto haga necesariamente que sea correcto hacerlo. La razón de esta diferencia es que el derecho natural sostiene que hay bienes básicos que se pueden conocer naturalmente o que son evidentes por sí mismos, que son universalmente accesibles a todos los ciudadanos y que constituyen las razones básicas por las que cualquier persona hace algo, incluso en política. Por el contrario, el integrismo se basa en hechos que no son naturalmente conocibles de este modo, sino que se basan en la afirmación de que ciertas personas (los católicos) son más capaces que otras de percibir lo que es de interés común.

Teóricos integristas como Edmund Waldstein tienden a subrayar que la prudencia política es un requisito previo necesario para dedicarse a la actividad política, porque sólo los verdaderamente virtuosos son razonadores fiables sobre lo que conviene al interés común de su país: «el político que se ocupa [del bien común] debe ser bueno él mismo, ya que se conduce tanto a sí mismo como a los demás a participar en él. Debe tener verdadera virtud, dirigida a Dios como fin último». Puesto que hay bienes sobrenaturales supremamente valiosos que sólo se sabe que existen por la fe (unión con Dios por la gracia), sólo los que tienen fe podrían estar mínimamente cualificados para percibir y actuar sobre lo que realmente es de interés común. En la teoría de la ley natural, los hechos sobre el bien común se superponen a los hechos sobre los bienes básicos para los seres humanos (que todos pueden conocer), pero el integrista sostiene que sólo los que tienen fe pueden comprender realmente el bien común. Los no católicos simplemente desconocen los hechos sobre lo que es de interés común y son incapaces de actuar en consecuencia en la medida en que es sobrenatural.

Sin embargo, los adornos religiosos son innecesarios, ya que el movimiento básico es bien conocido como una imagen antiliberal de la legitimidad política: sólo un subconjunto de ciudadanos reales son razonadores fiables sobre lo que es de interés común, por lo que sólo ese subconjunto es relevante para la justificación de las políticas públicas. Llamemos a este subconjunto «los expertos». Este principio antiliberal sobre la justificación se confunde fácilmente con la opinión de que algunas personas son administradores públicos o razonadores más capaces que otras.

Nadie discute que algunas personas tienen capacidades que las hacen idóneas para ocupar cargos de responsabilidad. En muchos casos, personas más inteligentes o más capaces deberían ocupar cargos que requieran esas aptitudes. También es evidente que los ciudadanos con más conocimientos están en posesión de hechos inaccesibles para los demás, ya que los expertos conocen hechos que no son fáciles de conocer para otros miembros del público. Lo que diferencia al integrismo es que, desde este punto de vista, los expertos son los únicos cuyas opiniones son relevantes para la justificación de las políticas públicas: el hecho de que los expertos consideren que una política debe hacerse es lo que hace que sea correcto (no sólo razonable) que otros la hagan. Puesto que es correcta, los demás tienen el deber de obedecer y aplicar esa política simplemente porque el experto dice que debe ser así.

Si de hecho es cierto que la autoridad política consiste en ser un experto, los ciudadanos que no son expertos simplemente no son agentes políticos responsables. En consecuencia, como los expertos son los únicos agentes políticos relevantes, pueden y deben actuar por los demás sin su consentimiento, incluso hasta el punto de utilizar leyes o políticas coercitivas en su beneficio, por encima de sus objeciones. Este tipo de expertos pueden coaccionar adecuadamente a los no expertos, del mismo modo que los padres, por el hecho de ser más capaces que sus hijos, están facultados para tomar decisiones por ellos. Cualquier cosa que se interponga en el camino de los expertos para promover el bien común (tal y como ellos lo ven) cuenta como un obstáculo injusto o, al menos, lamentable.

El integrismo genera una imagen familiar del gobierno: un gobierno que sustituye al pueblo, poniendo al mando a expertos que están debidamente ilustrados y actuarán de forma más coherente en beneficio de los más desfavorecidos. A diferencia de los teóricos integristas, que generalmente se quedan en el ámbito de la teoría ideal e identifican la secularidad hostil como su principal objetivo (Pink, Waldstein), los «estrategas» integristas, como Adrian Vermeule, Sohrab Ahmari, Chad Pecknold, Patrick Deneen o Gladden Pappin sacan a relucir las implicaciones antiliberales. Critican la maleabilidad de los ciudadanos democráticos y su tendencia a ser engañados o fácilmente manipulados para que actúen en contra de sus intereses -la política es una corriente ascendente de la cultura– y, en su lugar, justifican las políticas apelando a lo que supuestamente redunda en el interés real de esos ciudadanos, incluso si esos ciudadanos rechazaran esas políticas.

Sugiero, en conclusión, que los debates sobre el integrismo vuelvan a centrarse por completo en la visión antiliberal de la legitimidad política. Los católicos prudentes deben tener claro que no podemos discutir otras facetas del integrismo hasta que la cuestión de la autoridad esté clara. Ningún participante serio en la conversación discute la unión con Dios en gracia como fin de la vida humana. Nadie piensa seriamente que la secularidad hostil sea el estado ideal de gobierno, ni rechaza la pretensión de que la sociedad deba ordenarnos hacia la verdad o el bien. Lo que no podemos hacer, sin embargo, es guiñar el ojo a las afirmaciones autoritarias y antiliberales sobre la autoridad que se hacen implícitamente, o a veces explícitamente, en algunos argumentos integristas. El principio subyacente de legitimidad que presupone implícitamente el integrista es un asunto serio. Y ese principio antiliberal de legitimidad puede despojarse de todo adorno religioso para dejar lo más clara posible su justificación y sus implicaciones para la política gubernamental.

La buena noticia es que la victoria está asegurada. Por mucho que nos aseguren que los expertos actúan por el bien común, desde el momento en que nos dicen (con la voz de la enfermera Ratched): «…y no nos importa lo que pienses al respecto», reconocemos que el verdadero objetivo de las élites es rebajar e infantilizar a los demás. El elitismo iliberal es también profundamente incoherente como teoría en la que se basa la autoridad política para promover el bien común. Reconocer quién es un experto es en sí mismo un problema de coordinación que el razonamiento de grupo pretende resolver. Incluso si todos los ciudadanos relevantes reconocieran espontáneamente a una persona concreta como experta, esto por sí solo no constituiría a esa persona como autorizada para tomar decisiones por el grupo. A menudo hay otros factores que podrían influir en una decisión razonable de seleccionar a otra persona.

Precisamente porque la política es un arte de aplicar la prudencia a una situación, podemos discrepar, con razón y de forma razonable, sobre quién es la persona adecuada para dirigirnos. En ese sentido, es plausible que no exista una única respuesta correcta a priori a la pregunta de a quién se debe elegir como líder político. Incluso si todos los ciudadanos compartieran criterios de evaluación, cada uno de ellos podría dar más importancia a unas cualidades que a otras. La teoría antiliberal nos sitúa, más profundamente, en una regresión infinita para determinar quién cuenta como titular de la autoridad política. Si sólo los expertos pueden reconocer a los expertos, el principio se convierte rápidamente en un «poder hacer el bien» en el que el experto es la persona que empuña el arma. Sólo una ingenuidad asombrosa o algo peor puede justificar el mantenimiento de esta teoría después de los horrores que estas opiniones causaron en el siglo pasado.

El debate sobre el integrismo no es un debate religioso. Las preguntas son muy sencillas: ¿pueden los expertos no equivocarse? Si admitimos que los expertos pueden equivocarse, ¿el resto de los ciudadanos es tan incapaz de actuar con responsabilidad que los expertos deben hacerse cargo?

La respuesta a esta última pregunta admite, sin embargo, una aclaración teológica. El reino triunfante de Cristo será un reino (creemos) en el que no habrá ni gentiles ni judíos, ni hombres ni mujeres, ni discriminación social de ningún tipo, ni expertos. Si Cristo es nuestro rey, tenemos el deber de proteger a nuestros semejantes del abuso de poder (incluso por parte de expertos, reales o supuestos). El rey responderá: «En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis». (Mt. 25:40).

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