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Ley del Suelo insoluble

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La próxima Ley del Suelo (LS) sobreabunda en intervencionismo respecto de una materia de por sí tan regulada como es la planificación urbanística. La nueva Ley, elaborada por el Ministerio de Vivienda, derriba el principio de la norma anterior de que todos los solares podían ser urbanizados salvo excepciones claramente tasadas e introduce deficiencias en el sistema de valoración del suelo.

La LS tiene múltiples puntos negros en su contra. Es probable que el más importante de ellos sea que la LS encarecerá el precio de las viviendas libres tras la reserva obligatoria de un 25% de suelo para vivienda protegida. Es previsible que por esta medida se reduzca la valiosa aportación de suelo original en el mercado por parte de los oferentes. Es la arrogancia fatal de siempre: se establece un peaje arbitrario por el que se pretende que circulen inexcusablemente todos los actores implicados en un asunto aunque se desprecien las últimas consecuencias de la imposición. A numerosos usuarios les va a salir caro el porcentaje forzoso en VPO: si la oferta disminuye, crecerán los precios.

Incluso en ambientes gubernamentales la LS convence poco. Por ejemplo, las organizaciones oficialistas de consumidores señalan el carácter irreal de las valoraciones del suelo (poco explicitadas a los contribuyentes, por cierto) que pretenden suplantar la ley de oferta y demanda. El mayor consuelo o justificación del proyecto para los consejeros autonómicos socialistas de ordenación del territorio es que no aniquila por completo su carrera política.

Además la LS, por causa de la nueva valoración, fomenta el oligopolio al expulsar a las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la gestión del suelo, debido a una mayor dificultad de éstas para acceder a la financiación de sus actividades. El proyecto de ley insiste en el entrometido agente urbanizador; no acorta los plazos de transformación del suelo que acaben con la dependencia económica que los municipios tienen del urbanismo; es el enésimo parche de la sempiterna indolencia legislativa en España.

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