La santa indignación encabezada editorialmente por El País llevó al Gobierno a hacer como si defendiera a los consumidores aprobando una ley que obligara tanto a las empresas de telefonía móvil como a los parking a que sus tarifas se midan por unidades de tiempo más pequeñas, consideradas arbitrariamente como más aceptables. Los resultados no se han hecho esperar, y aunque las empresas hayan obedecido la ley, como no podía ser de otra manera, los precios –o más bien la percepción que tenemos de ellos– han aumentado.
La reclamación de que las llamadas de móviles se cobrasen por segundos o las estancias en los parking por minutos tomaba como excusa, a priori razonable, el hecho de que los usuarios tuvieran que pagar por algo que no consumían. Sin embargo, como argumentaba Josu Mezo, es una situación que se da en innumerables ocasiones. Sin ir más lejos, el propio diario El País obliga a los lectores a comprar el periódico del domingo con los suplementos incluidos, y Canal Satélite Digital, empresa perteneciente al Grupo Prisa, obliga a adquirir los canales en "paquetes" en los que entran varios. Las tarifas planas de conexión a la red por las que los internautas hicieron hasta huelgas tampoco cumplen ese supuesto principio de que sólo se paga lo que se consume. ¿Y los buffets libres y menús del día? ¿Acaso no tratan por igual a quienes consumen poco y de viandas baratas que a los demás?
Es más, han sido las propias asociaciones de consumidores que reclamaron la nueva ley las que han demostrado con sus nuevas protestas que la unidad de tiempo con la que se elaboraran las tarifas les importaba más bien poco: lo que querían era que bajaran los precios. Ya impulsaron un "día sin móvil" después de que las operadoras modificaran sus tarifas tras la obligación de hacerlo por segundos, como forma de protesta, pese a que lo que reclamaban era que se cobrara por segundos, y eso lo habían conseguido. Igualmente, ahora que desde el 1 de junio los parking privados (los públicos tienen de plazo hasta el 1 septiembre, con todo el morro) han de cobrar por minuto, la UCE denuncia que todos los parking privados de España violan el "espíritu de la ley" poniéndose de acuerdo para fijar una cuota de acceso. Eso de la colusión podría colar con sólo tres operadores, pero resulta mucho más difícil de creer con miles de empresarios distintos.
Los precios son un indicador que logra reducir a una simple cifra realidades muy complejas, facilitando la coordinación entre los distintos agentes de una sociedad, ya sean empresas o individuos. Tanto los múltiples costes que afronta el empresario para ofrecer un bien o un servicio como las preferencias de los consumidores tienen su peso en ese número; si los clientes no están dispuestos a pagar más de lo que al empresario le cuesta, éste tendrá que reducir costes, ofrecer algún valor añadido o echar el cierre. Cuando la ley obliga a cambiar los precios está introduciendo un palo en las ruedas del negocio; la coordinación empeorará y empresarios y consumidores tendrán más difícil llegar a acuerdos mutuamente beneficiosos entre ellos.
En realidad no está demasiado claro si los parking están subiendo en la práctica los precios como no lo estaba en el caso de las empresas de telefonía móvil. La CMT concluyó que Movistar y Orange habían subido y Vodafone bajado, pero es muy posible que otro estudio honesto llegara a conclusiones distintas. Hay un motivo mucho más sencillo para que los parking cobren el acceso: que un coche entre y estacione les produce un coste que antes diluían cobrando por bloques de media hora o una hora. En Granada, por ejemplo, un aparcamiento que cobra por minutos desde 2005 también cobraba desde entonces el acceso, y no tenía entonces nadie con quien ponerse de acuerdo para hacerlo. Otros prefieren diluir ese coste en el precio por minuto normal. En resumidas cuentas, hacen lo que creen conveniente; las quejas de las asociaciones de consumidores sólo tienen una base: no quieren pagar. Lo cual me parece muy natural, pero difícilmente defendible.
Aún no hay comentarios, ¡añada su voz abajo!