Este mes de diciembre se ha abierto más caliente de lo esperado. En España, la baja laboral por enfermedad masiva y sincronizada de los controladores aéreos, que han dejado en la estacada a muchos miles de pasajeros españoles y extranjeros, ha degenerado en un caos inesperado para muchos.
La cronología de los hechos y de las consecuencias son sabidas porque se han descrito exhaustivamente en los últimos días. Pero lo que me llama la atención es la impunidad (aparente) con la que miran al tendido estos gobernantes cuestionados, ni más ni menos, que por tomar medidas ilegales. Que reaccionaran a sabiendas, que fuera todo tardío y mal organizado no es novedad. Pero que el Ejército armado se ocupe de amedrentar a población desarmada es muy revelador. En primer lugar, dice mucho de la incapacidad del gobierno para dialogar. En segundo lugar, describe la arbitrariedad de nuestros representantes, elegidos por 11 millones de españoles, a la hora de decidir qué funciones son las atribuibles al Ejército español. En tercer lugar, habla de la hipocresía de la izquierda, que se le tiró al cuello a Esperanza Aguirre cuando despidió a los huelguistas del Metro de Madrid. Y sobre todo, es indignante la ilegalidad del "estado de alarma". Lo resume perfectamente Almudena Negro en su blog Es la libertad de expresión, idiotas. No tengo nada que añadir.
Pero este tipo de acciones no es exclusiva de nuestro país. En esta misma semana se ha producido un hecho con connotaciones semejantes en Buenos Aires, Argentina. Un numeroso grupo de narcos bolivianos y paraguayos se instala en un parque donde acuden vecinos a pasear, e intenta ocupar las casas por la fuerza. Ante el desorden, una juez ordena la actuación de las fuerzas del orden. Se producen tumultos y dos muertos. Pero sigue la ocupación ilegal y las protestas de los vecinos. De nuevo, un juez ordena la actuación de las fuerzas del orden. Pero, hete aquí que la presidente decide que de eso nada. Que es mejor que ellos solucionen sus cosas. Macri, alcalde de Buenos Aires, pedía a la presidente del Gobierno "que se aplique la ley, la orden de los jueces y que se despeje la zona". Y también pidió "a los vecinos de Lugano y Soldati para que no hagan justicia por mano propia". ¿Y por qué no dio el la orden a la Policía Metropolitana que depende de él? Se fue a hablar con presidencia y así sancionó la barbaridad. Cristina Kirchner no le recibió. Pero sí otros miembros del gobierno. Aun así, no hubo acuerdo. Pero la regidora argentina finalmente ordenó que la Policía Federal rodeara el parque, a petición de los invasores, que vieron que los vecinos estaban dispuestos a tomarse la justicia por su mano, ya que el gobierno no les amparaba.
Y ese es el tema. ¿Qué pasa cuando quienes detentan el monopolio de la fuerza no cumplen su misión? Sea mandando al ejército a ocuparse de algo que se les escapó de las manos por su incompetencia como en España, sea saltándose a la torera una decisión judicial ante una invasión violenta de la propiedad privada como en Argentina. Porque por más que la situación de los inmigrantes ilegales paraguayos y bolivianos fuera miserable, en un país en el que rige el imperio de la ley y existe una democracia "real", ¿cabe la invasión de la propiedad privada? Si la solución de Kirchner es darles subvenciones o una vivienda, el mensaje es "inmigrantes ilegales del mundo, venid a mi país, que utilizaré todos los medios que los argentinos me han dado para que ocupéis sus propiedades". Y así, la ley no será igual para todos y los argentinos verán su derecho a la propiedad privada reducida, a expensas de que aparezcan más inmigrantes organizados y violentos dispuestos a echar un pulso a la presidencia del gobierno.
Del mismo modo que los sindicalistas más privilegiados de España ya saben que solamente tienen que echar un órdago al gobierno para sacarle de sus casillas, y encima salir a hombros de ciudadanos muy confusos.
La una reclamando amor para solucionar una violación de los derechos de propiedad y los otros reclamando amor para quienes llevan años mintiendo, maquillando datos para cobrar más y extorsionando a quienes, por ocio o por trabajo, tienen que tomar un avión en una fecha señalada.
El amor no tiene que ver con la política. El orden sí. Y para ello, el cumplimiento de la ley es imprescindible. Si los gobiernos no sirven para defender a sus ciudadanos, sinceramente, que nos devuelvan la responsabilidad de la defensa. Que desaparezcan los jueces si sus sentencias no sirven y se interpretan en clave de amor versus xenofobia, que se utilice al Ejército también para asegurarse de que los terroristas están fuera de las instituciones españolas, ya que ese manoseado "diálogo" no funciona…
En mi opinión, esta perversión de la política tan peligrosa no se debe exclusivamente al argumento "amoroso" para no cumplir la ley. Es un mensaje a la ciudadanía, una muestra de poder, un decir "Pa chulo, chulo, mi pirulo" de puertas adentro y de puertas afuera. Cristina dice que no es Luis XIV, pero actúa como si lo fuera. Y lo mismo es aplicable a Zapatero.
Sea como fuere, el deterioro de nuestras instituciones, fruto de la actuación de los representantes elegidos por tantos millones, debería hacer reflexionar a esos votantes respecto al futuro. De lo contrario, sin instituciones y con una ciudadanía adormecida, la democracia está en serio peligro de desaparición. Pero no importa. Será un crimen por amor.
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