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Lo que se ve (y lo que no se ve) de las políticas de identidad

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En la actualidad se ha impuesto un concepto de la identidad vinculado con las ideas de pluralidad, flexibilidad, cambio, restitución y reconocimiento. Hablamos de identidad cuando tratamos cuestiones vinculadas con la cultura, el género, la orientación sexual, la religión, etc.

Es en el contexto de Mayo del 68 en el que esta forma de entender la identidad se populariza. Los llamados filósofos de la diferencia (Derrida, Deleuze o Foucault, entre otros), criticaban que el concepto de identidad que había predominado hasta entonces era un concepto estático, que delimitaba lo que podía ser a partir de un modelo hegemónico que empujaba las diferencias en la marginalidad.

La identidad, como propone Manuel Castells (sí, el ministro) en La era de la información, es un producto de construcción de sentido que realiza una persona «atendiendo a un atributo cultural, o un conjunto relacionado de atributos culturales, al que se da prioridad sobre el resto de las fuentes de sentido «[1]. Al fin y al cabo, la identidad sirve como punto de arraigo, y da sentido personal a la posición como se ocupa en el mundo. Esta no sólo es útil para los individuos, también lo es por los grupos, pues genera personas «ordenadas» que se alinean con los intereses del grupo y contribuyen a su mantenimiento.

Los seres humanos somos seres complejos y nos definimos en base a multitud de etiquetas diferentes. Es por este motivo que en el seno de una misma persona pueden coexistir una pluralidad de identidades. Además, el proceso de construcción y revisión de estas está en constante cambio.

Existen varias reivindicaciones a la política contemporánea que giran en torno a la demanda de reconocimiento de grupos que han sido tradicionalmente despreciados: las personas LGBTI o las minorías étnicas o culturales son ejemplos. Esta demanda de reconocimiento está ligada sobre todo a la dimensión externa de la identidad, es decir, a cómo nos conciben los otros y en qué medida nos reconocen tal como nos definimos. Nuestra identidad, como defiende Charles Taylor, está modelada, en parte, por el reconocimiento (o su ausencia) de los otros [2]. Tanto es así que el otro día un diputado de VOX en la asamblea de Madrid se dirigía en masculino a una diputada trans del PSOE, provocando un manifiesto un malestar y una protesta en esta dirigida al presidente de la cámara.

Mientras que en las sociedades liberales las diferencias habían acomodado mediante la neutralidad política, es decir, la inacción ante reclamos de reconocimiento o compensación; es precisamente como insatisfacción con esta forma de hacer, que surgen las llamadas «políticas de identidad». Estas políticas, que exigen algún tipo de acción positiva por parte del Estado, parten de la premisa de que la identidad no es un aspecto únicamente privado. Como la sociedad, a través de las instituciones formales del Estado y las informales generadas bottom-up, ha tenido mucho que ver en el proceso de construcción individual y colectiva de la identidad, tendría el deber de revertir situaciones en las que esta construcción ha sido el resultado de la coacción, la presión o la negación de los recursos necesarios.

Si bien algunas de estas demandas pueden ser justas y legítimas, puede que aquellas personas que apoyan no hayan evaluado debidamente los posibles efectos no deseados que pueden generar. A continuación voy a explicar aquellos que más me preocupan.

En primer lugar, aunque la definición que realizan los grupos sobre cómo son o serán sus miembros y la lealtad que muchas veces les exigen, da seguridad, certeza y homogeneidad identitaria, también es una fuente de posible discriminación y exclusión. Los grupos más «exitosos» (que tienen más probabilidades de sobrevivir como grupo) suelen ser aquellos más cerrados y excluyentes y que exigen mayores «contribuciones» a sus miembros. Estas contribuciones actúan como señales honestas costosas [3], que son difíciles de «falsificar», para minimizar así la posibilidad de que entren free-riders que se aprovechen los beneficios de la pertenencia al grupo sin contribuir en su generación. Sin embargo, estas cuestiones pueden suponer la anulación de la individualidad de sus miembros y acabar disminuyendo su autonomía. Una prueba de ello es que mientras grupos como los los judíos ultraortodoxos o algunas comunidades indígenas piden autonomía para regular las conductas de sus miembros de forma paralela a la legislación ordinaria mantener, ambos son grupos en los que la opción de salida tiene unos costes muy elevados por sus miembros.

En segundo lugar, este tipo de políticas, que benefician a algunos grupos en detrimento de otros, pueden generar un agravio comparativo entre estos, a través de la institucionalización de privilegios que pueden ser considerados como injustos por una parte de la sociedad Esto, lejos permitir acomodar de forma pacífica las diferencias, puede ser un foco de conflicto. Un ejemplo muy claro es la llamada «discriminación positiva» [4].

Finalmente, en estas políticas suele haber un análisis implícito, a mi juicio erróneo. Por un lado, la asunción de que todas las personas que comparten un atributo determinado (ser mujer, por ejemplo) tienen los mismos intereses y, por otra parte, que los colectivos que de un representar sus intereses son los interlocutores legítimos. Esto no sólo es reduccionista, pues supone reducir la identidad de una persona a una característica concreta y hacer de ella una característica definitoria, sino también muy peligroso. Como comentaba en un inicio, las personas podemos sentirnos identificadas con varias etiquetas, además, tenemos que ser nosotros mismos, y no los otros, los que decidimos a qué damos más importancia. Sin embargo, estos grupos que se atribuyen el derecho a representar intereses ajenos, no tienen forma de demostrar que efectivamente representan una mayoría de las personas que comparten este tributo. Así, la identidad colectiva termina por apoderarse de la identidad individual y la sustituye.

Notas

[1] Castells, M. (2001) La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Volumen II: el poder de la identidad. Siglo veintiuno editores, pp. 28.

[2] Taylor, C .; Appiah, A .; Habermas, J .; Rockefeller, S. C .; Walzer, M. & Wolf, S. (1994). Multiculturalism. Examining the politics of recognition. Princeton University Press.

[3] Dawkins, R. & Krebs, J. R. (1978). Animal signals: information or manipulation? (282-309). En Behavioural Ecology: an evolutionary approach. Blackwell y Zahavi, A. & Zahavi, A. (1997). The Handicap Principle. Oxford University Press.

[4] España. Ley Orgánica 3/2007, de 22 marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115.

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