Los incendios de Los Ángeles: la historia de un fracaso político

Por Mathew Kilkoyne. El artículo Los incendios de Los Ángeles: la historia de un fracaso político fue publicado originalmente en CapX.

Mientras Los Ángeles arde, con diez muertos y más de 10.000 viviendas destruidas, surge una historia más profunda sobre cómo la burocracia bienintencionada ha convertido un desastre natural en una catástrofe normativa. Los incendios que asolan Pacific Palisades y otras zonas no sólo revelan la vulnerabilidad física de las comunidades de las laderas de California, sino que ponen de manifiesto la debilidad fundamental de intentar sustituir el control político por mecanismos de mercado en la gestión del riesgo.

Las raíces de esta crisis se remontan a 1988, cuando los votantes californianos aprobaron la Proposición 103, una medida electoral superficialmente atractiva que obligaba a las aseguradoras a solicitar la aprobación, mediante audiencias públicas, de cualquier subida de tarifas. Parecía una medida clásica de protección del consumidor: ¿por qué no obligar a las aseguradoras a justificar sus precios? Pero, como nos enseñó Friedrich Hayek, los precios no son sólo números: son señales de información que coordinan comportamientos humanos complejos. Cuando se impide que los precios se ajusten a la realidad, no sólo se modifica el coste de algo, sino que se distorsiona todo el sistema de incentivos e información que ayuda a la sociedad a gestionar el riesgo.

Si los precios no se ajustan a la realidad, la realidad se ajusta a los precios

Esto es exactamente lo que ha ocurrido en California. No sólo se impidió a las compañías de seguros subir los precios, sino que se les impidió utilizar modelos modernos de riesgos catastróficos para evaluar los peligros futuros. En un mundo de riesgos climáticos cambiantes, las aseguradoras se vieron obligadas a navegar mirando por el retrovisor, utilizando datos históricos que se volvían cada vez más irrelevantes con cada año que pasaba.

¿El resultado previsible? Siete de las doce mayores aseguradoras de California simplemente dejaron de suscribir nuevas pólizas. No se puede obligar a las empresas privadas a perder dinero indefinidamente, y si no pueden cobrar precios que reflejen los riesgos reales, abandonarán el mercado por completo. No se trata de codicia, sino de supervivencia económica.

La naturaleza aborrece el vacío, y la política también. Ante la huida de las aseguradoras privadas, California amplió su «aseguradora de último recurso», el Plan FAIR. Las cifras son asombrosas: 458.000 millones de dólares de exposición respaldados por sólo 385 millones en fondos no reservados y 2.500 millones en reaseguro. No se trata tanto de un seguro como de un pensamiento mágico, que pretende que los mandatos políticos pueden sustituir de algún modo a la capacidad financiera real.

Las consecuencias son ahora brutalmente evidentes. El San Francisco Chronicle informa de que sólo la exposición del Plan FAIR en los códigos postales de la zona de incendios de Los Ángeles podría alcanzar los 24.000 millones de dólares, casi diez veces sus recursos totales. Esto no es sólo una brecha; es un abismo. Y es uno que cada californiano en última instancia tendrá que ayudar a llenar.

¿No querías seguros caros? Toma dos tazas (o más)

Consumer Watchdog -irónicamente, la misma organización que defendió la normativa de 1988- calcula ahora que cubrir las pérdidas del Plan FAIR podría requerir recargos de entre 1.000 y 3.700 dólares en cada póliza de seguro de California. El intento de proteger a los consumidores del encarecimiento de los seguros acabará obligándoles a pagar mucho más de lo que habrían pagado en un sistema de mercado. Kim-Mai Cutler tiene un hilo fantástico sobre cómo su ley ha creado un sistema que les beneficia a ellos, mientras que genera pérdidas para el resto de Estados Unidos.

Pero las distorsiones van más allá de los precios de los seguros. Al suprimir las señales de precios sobre el riesgo, el régimen regulador de California fomentó el desarrollo en zonas propensas a los incendios, reduciendo al mismo tiempo los incentivos para la prevención de incendios. Cuando se puede obtener un seguro subvencionado independientemente del riesgo, ¿para qué gastar dinero extra en materiales resistentes al fuego o en desbrozar? Cuando los propietarios no asumen el coste total de sus decisiones de ubicación, naturalmente asumen más riesgos de los que asumirían en un mercado libre.

La reconstrucción que se avecina revelará otro nivel de fracaso de la normativa. La incapacidad de valorar el riesgo adecuadamente significa que muchos propietarios descubrirán que su cobertura del Plan FAIR es inadecuada para la reconstrucción. Es posible que los bancos se muestren reacios a conceder préstamos en zonas donde es difícil obtener un seguro. Es probable que el valor de las propiedades disminuya, reduciendo la base impositiva precisamente cuando más se necesitan los recursos públicos. Así es como se agravan los fallos regulatorios: cada intervención crea nuevos problemas que parecen requerir aún más intervención.

Volver al mercado

Hay aquí una profunda lección sobre los límites del control político sobre la realidad económica. El puesto de comisionado de seguros de California se ha convertido en lo que los observadores políticos llaman un «cementerio», porque es imposible conciliar la demanda política de tarifas de seguros bajas con la realidad económica del creciente riesgo de incendios. Esto es lo que ocurre cuando se intenta regular hechos económicos básicos: la realidad siempre acaba ganando, pero el coste del retraso hace que el ajuste de cuentas final sea mucho peor de lo necesario. Uno sospecha, eso sí, que la próxima elección para este cargo bien podría ser caliente.

La solución no es complicada, pero requiere coraje político: California debe restablecer mecanismos de mercado que puedan fijar precios y gestionar riesgos adecuadamente. No va a ser fácil tras un incendio que ha arrasado hogares y vidas, pero es lo que hay que hacer. Significará permitir que las aseguradoras utilicen herramientas modernas de evaluación de riesgos, permitir la fijación de precios basada en el mercado y desarrollar ayudas específicas para las poblaciones verdaderamente vulnerables en lugar de intentar contener los precios para todos.

A medida que las cenizas se asientan, la sombría alternativa ya está quedando clara: un sistema en el que muchos californianos se encontrarán sin seguro, sin cobertura en absoluto o con costes muy superiores a los que habrían pagado en un sistema basado en el mercado, incluyendo la sombría perspectiva de hogares quemados y la dependencia de la buena voluntad y la amabilidad de extraños para recoger los pedazos de sus vidas. Esta es la cruel ironía de las políticas intervencionistas: al intentar proteger a los consumidores de los precios del mercado, acaban exponiéndolos a riesgos y costes mucho mayores.

Los riesgos de anular al mercado

A medida que Los Ángeles inicia su recuperación, el Estado se enfrenta a una disyuntiva: continuar por la senda de la supresión del mercado y ver cómo su sistema de seguros se derrumba por completo, o adoptar reformas que permitan a los mercados fijar el precio del riesgo adecuadamente. Los incendios han dejado devastadoramente claro el coste de elegir mal.

Esto es más que una simple historia de California: es una advertencia sobre los peligros de permitir que los imperativos políticos anulen los mecanismos del mercado. Cuando impedimos que los precios digan la verdad sobre el riesgo y la escasez, no eliminamos la realidad subyacente. Sólo nos aseguramos de que, cuando finalmente irrumpa, las consecuencias serán mucho peores de lo que tenían que ser.

Sin embargo, la crisis de los seguros no es más que la manifestación más visible de una esclerosis normativa más profunda que ha dejado a una de las regiones más ricas del mundo sorprendentemente vulnerable a amenazas totalmente previsibles. El PIB de California la convertiría en la quinta economía mundial si fuera una nación independiente, alberga las principales empresas tecnológicas del mundo y se asienta junto al mayor océano de la Tierra. Sin embargo, no puede suministrar agua a presión a las bocas de incendios ni desplegar tecnología moderna para combatirlos. ¿Cómo hemos llegado a esta absurda situación?

California, rendida ante el ecologismo

Pensemos en las infraestructuras hídricas. California no ha construido un gran embalse nuevo desde 1992, a pesar de haber sumado 10 millones de habitantes. Las normativas medioambientales, sobre todo las que protegen a las poblaciones de eperlano del Delta, han reducido activamente la disponibilidad de agua para el sur de California. El Estado ha dado prioridad a la conservación frente a la ampliación de la capacidad, forzando de hecho un juego de suma cero en el que cada nuevo residente reduce la seguridad hídrica de los ya existentes. Mientras tanto, los proyectos de desalinización se enfrentan a años de revisiones medioambientales y desafíos normativos: la planta de Carlsbad tardó 14 años en aprobarse y construirse, a pesar de utilizar tecnología probada (y eso es una interpretación liberal, el esquema desde la concepción de la idea tardó 24 años en completarse).

Esta parálisis de las infraestructuras sería en cierto modo comprensible si California careciera de recursos. Pero este es un estado que alberga empresas a la vanguardia de la inteligencia artificial, la robótica y los sistemas autónomos. Sin embargo, mientras Silicon Valley desarrolla coches autónomos y robots capaces de realizar operaciones quirúrgicas, los bomberos siguen dependiendo principalmente de helicópteros y aviones pilotados por humanos para suministrar agua a los incendios forestales, igual que hace cincuenta años. ¿Dónde están los enjambres de drones autónomos que podrían suministrar agua de forma continua y precisa? ¿Por qué no utilizamos sistemas basados en inteligencia artificial para optimizar la respuesta a los incendios y predecir su propagación en tiempo real?

La carga de la regulación

La respuesta está en lo que el historiador económico Joel Mokyr denomina «la carga del conocimiento», salvo que en el caso de California no es la carga de adquirir nuevos conocimientos lo que les frena, sino la carga de unos marcos reguladores que hacen casi imposible desplegar nuevos conocimientos. La misma mentalidad reguladora que ha paralizado el mercado de los seguros también ha congelado la innovación en seguridad pública e infraestructuras.

Pensemos en lo que costaría desplegar una red de drones autónomos de extinción de incendios en el condado de Los Ángeles. Probablemente, se necesitarían aprobaciones de la FAA, las autoridades estatales y locales, evaluaciones de impacto ambiental, casi con toda seguridad, audiencias públicas sobre el ruido y la privacidad, estudios sobre el impacto en la fauna y un sinfín de obstáculos normativos. Eso, antes de que necesiten su propio seguro de flota, licencias y tengan que conseguir financiación para financiar la iniciativa. Cada agencia tendría poder de veto efectivo, y ninguna tendría un gran incentivo para decir que sí. Mientras tanto, los incendios no esperan a que concluyan los procesos burocráticos. La gente de ideas empezaría un proyecto y seguiría adelante. Las soluciones se pierden, como lágrimas en la lluvia.

Freno al avance tecnológico

Esto apunta a una idea crucial sobre la relación entre regulación e innovación: el coste de los seguros no es independiente de nuestra capacidad para prevenir y combatir los incendios con eficacia. Si los sistemas autónomos pudieran responder a los incendios con mayor rapidez y eficacia que los equipos humanos, si las infraestructuras inteligentes pudieran mantener la presión del agua precisamente donde se necesita, si la IA pudiera optimizar las rutas de evacuación en tiempo real… entonces las primas de los seguros podrían seguir siendo asequibles aunque aumentaran los riesgos climáticos. Pero para lograrlo hay que permitir que la innovación en seguridad pública avance a la velocidad de la tecnología, no de la burocracia.

En cambio, California ha creado un entorno normativo que impide simultáneamente a las compañías de seguros cobrar las tarifas del mercado e impide el despliegue de tecnologías que podrían reducir los riesgos que impulsan esas tarifas. Este doble vínculo garantiza que el sistema se vuelva más frágil con el tiempo, a medida que aumentan los riesgos, mientras nuestra capacidad para gestionarlos permanece congelada en ámbar.

La trágica ironía es que el régimen regulador de California, aparentemente diseñado para proteger el interés público, en realidad ha impedido el desarrollo de protecciones públicas más eficaces. El mismo estado que es pionero en la circulación de vehículos autónomos por sus carreteras no puede aprobar sistemas autónomos para luchar contra los incendios. La misma región que lidera el mundo en el desarrollo de la IA sigue luchando contra los incendios, principalmente con herramientas y técnicas que serían familiares para los bomberos de hace cincuenta años.

Regulación e innovación

Esto apunta a una verdad más amplia sobre la regulación y la innovación: no basta con generar nuevas tecnologías, se necesita un entorno regulador que permita que esas tecnologías se desplieguen de manera que resuelvan problemas reales. California ha creado un sistema que destaca en lo primero, al tiempo que impide activamente lo segundo.

El camino a seguir requiere no sólo reformar la normativa sobre seguros, sino replantearse fundamentalmente cómo regulamos la innovación en seguridad pública e infraestructuras. Deben existir marcos que permitan evaluar y aprobar rápidamente las nuevas tecnologías sin dejar de garantizar la seguridad, algo más parecido a cómo regulamos el software que a cómo regulamos los puentes. Cada nuevo enfoque debe dejar de verse como una amenaza que hay que contener y la innovación debe considerarse esencial para la seguridad pública.

Porque, en última instancia, la elección no está entre la regulación y el caos, sino entre las normativas que fomentan la innovación y las que la impiden. La crisis actual de California demuestra el coste de elegir mal. Un enfoque verdaderamente progresista de la seguridad pública aprovecharía las extraordinarias capacidades tecnológicas del estado para proteger a sus ciudadanos, en lugar de permitir que la esclerosis normativa mantenga esas capacidades encerradas en los laboratorios de investigación y en la imaginación de la gente mientras Los Ángeles arde.

Ver también

California en la oscuridad. (José Ignacio del Castillo).

La distancia que hay del Camp Nou a California. (Domingo Soriano).

Ocupen su localidad. (José Carlos Rodríguez).