España cuenta, sin duda, con una de las legislaciones laborales más rígidas y arcaicas del mundo desarrollado. De ahí, precisamente, que la tasa de paro supere ya de largo el 20%, la más elevada de la Unión Europea. Pese a ello, los sindicatos no se apartan de su meta: condenar a millones de trabajadores al desempleo masivo y, por tanto, a la miseria.
CCOO y UGT, los sindicatos mayoritarios en España, aprovechándose del poder que les otorga la Constitución bajo la falaz etiqueta jurídica de "agentes sociales", acaban de registrar en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular con el único fin de tumbar la reciente e insuficiente reforma laboral. Su particular Proposición de Ley para un "empleo estable y con derechos" pretende anclar las rigideces impuestas durante la dictadura franquista. Y es que, la clave de su propuesta, entre otras muchas sandeces, consiste, cómo no, en fortalecer hasta el extremo los convenios colectivos, impidiendo por todos los medios que las empresas puedan descolgarse libremente de los mismos.
La figura del convenio es la soga, la mordaza, la cadena que estrangula e impide la necesaria flexibilidad que precisa España para para volver a generar empleo. Que sindicatos y patronal impongan las condiciones salariales y laborales a millones de trabajadores y empresarios con independencia de sus necesidades específicas supone una completa aberración jurídica y económica, aparte de una injusticia moral. Esta especie de molde colectivo, ideado en favor de los intereses de los sindicatos obreros y empresariales, supone un corsé que, según se apriete más o menos, acaba por ahogar el ya de por sí escaso libre mercado que opera en el ámbito laboral.
El resultado es más que evidente. España cuenta con una tasa de desempleo próxima al 21% y, lo que es aún peor, millones de personas siguen engrosando las filas de "parados de larga duración", síntoma de las dificultades existentes para reintegrarse en el mercado laboral. El problema es que, de mantenerse esta situación en el tiempo, el principal problema en las encuestas ya no será el paro sino la marginación y la pobreza.
Los convenios impiden dos ajustes básicos. Por un lado, dificultan en gran medida la necesaria reducción de salarios. Los sindicatos siguen impulsando el aumento salarial pese a la actual coyuntura económica, arguyendo que un mayor poder adquisitivo impulsará de nuevo la demanda agregada y, por tanto, las ventas, iniciándose así un particular bucle de reactivación económica. Pero, en realidad, sucede todo lo contrario. España no necesita que algunos ganen más, sino que los millones de desempleados encuentren trabajo para obtener así unos ingresos regulares. El empleo no es más que otro factor de producción. Y si éste se encarece en un momento en el que los puestos escasean es evidente que la imposición de alzas salariales impedirá el necesario ajuste (más paro).
Pero la clave radica, sobre todo, en la engañosa utilización de términos tales como "demanda y oferta agregada". La economía es una materia mucho más compleja y sofisticada que tales conceptos y, por supuesto, nada tiene que ver con los modelos estáticos propios de la ciencia económica dominante.
Así, tal y como explica Hayek en Sindicatos, ¿para qué?, "si bien la posibilidad de vender cantidades diferentes de una sola mercancía depende, naturalmente, de la magnitud de su demanda, la posibilidad de vender un conjunto de gran variedad de diferentes mercancías no tiene relación sencilla con la suma de las demandas de todas ellas juntas. Si la composición o distribución de la demanda de los diversos productos es muy distinta de la composición o distribución de la oferta, ninguna magnitud de demanda total asegurará que el mercado se liquide. Cuanto mayor sea la diferencia entre la composición de la demanda y la composición de la oferta, tanto menos podrá conseguirse una correspondencia entre el conjunto de la demanda y el conjunto de la oferta a no ser mediante un cambio en las cantidades relativas, lo cual, a su vez, sólo podrá lograrse mediante un cambio en los precios relativos de los diferentes productos y servicios, comprendidos los salarios".
Es decir, la tasa general de empleo dependerá del grado de correspondencia entre la distribución de la demanda y de la oferta. Y es, precisamente, la distribución de la oferta la que deberá adaptarse a la distribución de la demanda. Pero dicho ajuste en la estructura productiva dependerá, a su vez, de la flexibilidad de los precios relativos, ya que son éstos, y particularmente los salarios, los únicos capaces de producir ese cambio continuo de la distribución de la oferta para adaptarse a la distribución de la demanda. "Es esta incesante adaptación de los salarios relativos a las magnitudes siempre variables, en las cuales la demanda igualará a la oferta en cada sector, lo que se han empeñado en impedir los sindicatos", Hayek dixit.
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