Mamá, ¡quiero ser político!

En la actualidad, desempeñar la actividad política, más allá de ocupar un alto cargo de responsabilidad, se ha convertido en un auténtico chollo. No sólo por la percepción de elevados ingresos, sino por el hecho de contar con una serie de privilegios ajenos a cualquier otra profesión que se desempeñe en el ámbito privado.

Con sospechosa frecuencia, políticos de toda índole y condición se defienden argumentando que el desarrollo de la actividad pública ha de ser entendida como un sacrificio puesto que, en general, el desarrollo de una carrera profesional en el ámbito de la empresa privada les reportaría, incluso, mayores ingresos económicos. ¿En serio? De ser realmente así, ¿no resultaría del todo absurdo optar por una profesión menos ventajosa en caso de poder elegir libremente entre ambas ocupaciones, una pública y otra privada?

Más allá del poder y de la influencia que implica ostentar un cargo de esta índole, ya sea como mero diputado raso, ministro, alcalde o director general, la profesión política reporta cuantiosas ventajas. Así, por ejemplo, los miembros del parlamento nacional cobran de media algo más de 3.100 euros al mes. Sin embargo, dicho montante se ve incrementado de modo sustancial en función de los cargos complementarios que la mayoría de ellos desarrollan como miembros de las diversas comisiones y mesas parlamentarias.

Así, por ejemplo el presidente de la Cámara dispone de un complemento mensual de 3.605 euros, más una cuantía, también mensual, nada desdeñable, de 3.915 euros para gastos de representación, y otros 3.210 en concepto de gastos de libre disposición (es decir, para lo que guste). Hagan ustedes las cuentas.

Por su parte, los vicepresidentes, secretarios, portavoces y portavoces adjuntos de Mesa parlamentaria perciben, a su vez, de una a tres pagas extra que oscilan entre los 700 y 1.400 euros mensuales. Mientras, los presidentes de Comisión disponen de casi 1.600 euros al mes para "gastos de representación". Una cifra algo inferior en caso de ocupar simplemente el cargo de secretario o portavoz de esa misma Comisión parlamentaria.

Pero, no se engañen, que la cosa no queda ahí. Según el reglamento de la Cámara, además de las percepciones individuales correspondientes a la asignación constitucional, los diputados tienen derecho a "las ayudas, franquicias e indemnizaciones por gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función". Así, todos los diputados de circunscripciones distintas a Madrid cobran 1.823 euros al mes para afrontar los "gastos de alojamiento y manutención en la capital que origine la actividad de la Cámara". En el caso de los diputados por Madrid, esta cantidad se reduce a 870 euros extra al mes.

A ello hay que añadir, por supuesto, todos los gastos de transporte de sus señorías, cuya tributación está además exenta, siempre y cuando no cuenten con un chófer oficial. Algo que, por cierto, ocurre en la mayoría de los casos. "A partir del 1 de enero de 2006, la cuantía de las dietas devengadas por los desplazamientos que los Diputados realizan en misión oficial se cifran en 150 euros por día en el supuesto de desplazamientos al extranjero, y 120 euros diarios en el de viajes dentro del territorio nacional". Es decir, y hablando en plata, no sólo los contribuyentes sufragamos la vuelta a casa de sus señorías, fin de semana sí y fin de semana también, sino que tan sólo es necesario argumentar la celebración de algún acto institucional o político en su ciudad de origen para que, encima, perciban 120 euros extra al día.

Ordenador portátil, teléfono móvil, despacho propio en el Congreso y asistente personal son algunos de los privilegios añadidos que poseen los políticos españoles por el mero hecho de ser un "diputado raso", tal y como lo denominan. No está nada mal si se tiene en cuenta que su horario laboral se extiende, en la mayoría de los casos, únicamente hasta el jueves por la mañana. Aunque, en realidad, muchos de los residentes fuera de Madrid (la mayoría) ya abandonan el hemiciclo el miércoles por la tarde, tras la sesión de control al Gobierno.

Y eso en cuanto a las retribuciones visibles y, hasta cierto punto, transparentes. El tema de los alcaldes y concejales de los ayuntamientos españoles es cosa aparte y de sobra conocida por todos. Sirva como ejemplo que ciertos directores generales de algunos municipios medianos (de más de 100.000 habitantes) de la geografía nacional cobran más de 60.000 euros al año.

En el caso de los eurodiputados, el salario medio mensual asciende a cerca de 9.000 euros, dietas y complementos aparte. Es decir, los políticos perciben ingresos económicos que en nada tienen que envidiar a las retribuciones medias de los altos ejecutivos de la mayoría de empresas privadas. Aunque éstos carecen, sin duda, de la influencia y poder que ostentan sus señorías. No obstante, son los encargados de articular las leyes y decidir lo que está o no permitido en el ámbito privado. Qué mayor poder que ése, ¿no creen?

Por último, tan sólo recordar que la mayoría de los cargos políticos no han desarrollado prácticamente actividad alguna en la empresa privada. Muchos de ellos son funcionarios o han ido ascendiendo poco a poco en el escalafón jerárquico del partido hasta ocupar su ansiado sillón en el Congreso, organismo oficial o ayuntamiento de turno. Es decir, más allá de su carrera pública, dudo mucho de que cualquiera de ellos, con su formación académica, lograran un cargo de similares características a nivel retributivo en el mundo de la empresa privada. Así que, por favor, déjense ya de milongas.