En junio de 2019, se convertía en presidente de El Salvador, Nayib Bukele, alcalde de San Salvador, capital de la nación centroamericana con tan sólo 38 años. Bukele ganaba dichas elecciones con la promesa de acabar con la inseguridad y la corrupción, ambos fenómenos rampantes en el país. Logró ganar imponiéndose a los partidos tradicionales Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), quienes habían gobernado el país desde el final de una sangrienta guerra civil bajo el marco de la Guerra Fría.
El joven político llegaba prometiendo lo que resultaba ya un fenómeno cacofónico para el pueblo salvadoreño: acabar con su problema medular, el de la seguridad. Y es que, como es ampliamente conocido, El Salvador ha sido uno de los principales exponentes de una nación tomada totalmente por estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas, extorsión, prostitución y lo que sea menester para amedrentar a una población con amplios niveles de pobreza y desigualdad. Las comúnmente conocidas maras, habían llegado a penetrar todas las estructuras de poder y a convertirse en un estado paralelo donde la seguridad de los ciudadanos estaba a merced de caciques pandilleros y no de un cuerpo de seguridad tradicional.
Los orígenes de la violencia
Este problema tiene sus orígenes en los años 90, con una emigración masiva de jóvenes salvadoreños radicados en Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Los Ángeles. Una mezcla de falta de recursos y una agresiva política por parte de la administración Clinton para deportar a estos jóvenes, concluyó con la vuelta de miles de salvadoreños a su país de origen. No sin antes haber pasado por las aulas callejeras de la delincuencia angelina. De vuelta en casa y bajo las narices de distintos gobiernos de turno, los pandilleros se fueron fortaleciendo, dando sentido de pertenencia y dinero a miles de hombres y mujeres que no sentían que su país, devastado por la guerra, fuera un lugar donde poder prosperar.
Delincuencia y crimen organizado se convirtieron en el pan de cada día de los salvadoreños, y ninguna promesa de mano dura o lucha contra la delincuencia parecía funcionar. Esto hacía que muchos llamasen a El Salvador, como también al resto del triángulo norte centroamericano, un “estado fallido”. Definición acertada si se toma en cuenta que la fundación de los estados modernos, remontada por lo menos al Pacto de Westfalia, toma como piedra angular el hecho de que un estado provea seguridad física y jurídica a sus ciudadanos a cambio de una renuncia de libertades totales por parte de los mismos. Claramente, en El Salvador, los ciudadanos sacrificaban libertad, pero no recibían seguridad, y sólo replicando un contrato nada tácito con sus amos de la calle, podían vivir con un poco menos de temor, aunque nada cómodos.
La impronta de la presidencia de Nayib Bukele
Este escenario ha sido cambiado radicalmente por el presidente Bukele por medio de agresivas políticas de arresto a pandilleros evitando largos procesos judiciales, la construcción de mega cárceles capaces de albergar a miles de privados de libertad y una constante purga en distintos mandos de los cuerpos de seguridad (policía y ejército) para evitar el sempiterno fenómeno de la compra de agentes por parte del crimen organizado. Los resultados son favorables: en 2023, el número de homicidios se redujo en un 68.8%, obteniendo una tasa de homicidios de 2.4 por cada 100 000 habitantes, la menor del continente americano, exceptuando Canadá.
Paralelamente al combate de la delincuencia, Bukele ha emprendido una campaña contra distintas instituciones del Estado, destituyendo a la Corte Suprema de Justicia, rodeando al Congreso con policías armados y obteniendo cada vez más poder bajo el mando presidencial. Esta realidad junto con la disminución en las garantías del proceso judicial para las personas encauzadas por el crimen de “pandillero”, han hecho que el presidente salvadoreño se haya convertido en el blanco constante de críticas que lo acusan de ser “autoritario”, “dictador” y “violador de derechos humanos”. Esto, sin embargo, pareciera distar mucho de la opinión del pueblo salvadoreño, que en este año le brindó el 85% de su apoyo al actual presidente.
Críticas al presidente
Las críticas, sin embargo, no están exentas de razón. Para lograr los cambios drásticos en la seguridad del país, Bukele ha recurrido a medidas que nadie había utilizado antes, como es el uso permanente de un estado de excepción. Así, el presidente logró frenar una nueva ola de violencia desatada al inicio de su gestión. Esta medida implica la suspensión de garantías civiles, detenciones administrativas extendidas y una fuerte vigilancia sobre el contenido que los ciudadanos puedan compartir por redes sociales y hasta decir en la calle. Es decir, se logra mejorar la seguridad, pero se coartan todas las libertades a los que un ciudadano de una democracia liberal puede estar acostumbrado, como son dar una opinión personal o caminar libremente por la calle. Tampoco queda nadie exento de la posibilidad de arrestos arbitrarios o asesinatos sin explicación aparente.
¿Son los salvadoreños gente rara que ama el autoritarismo? No. A pesar de que han vivido gran parte de su historia bajo esa realidad; lo que ocurre, es que cuando un gobierno logra devolver el derecho más básico a sus ciudadanos (i.e., seguridad física), la gente lo agradece. Pero esta realidad debe servir también como advertencia a aquellos países que disfrutan de mayor seguridad y estabilidad institucional.
Riesgo para la libertad
Dicen que la libertad siempre está a una generación de perderse, y el caso de El Salvador es un buen ejemplo sobre el precio que a veces hay que pagar para recuperar unos mínimos para la convivencia en sociedad. Situaciones como la arremetida del crimen organizado en países como Bélgica o Francia o el asesinato de dos guardias civiles en España a manos del narcotráfico deben servir como recordatorios de que el fino equilibrio entre libertad y seguridad puede verse alterado fácilmente, si se baja la guardia y abre paso a la impunidad en cualquier nivel.
Por ahora, la nación centroamericana respira más tranquila, pues es menos probable que el hijo de una familia de ese país acabe preso por el poder de las maras, pero no por ello debe olvidarse lo que están sacrificando, y lo que podrían tener que sacrificar otros si se hace la vista gorda frente a las principales obligaciones de un estado y una sociedad libre.
Fuentes
El Salvador cierra 2023 como el año más seguro de su historia moderna (2024). El Economista.
Exigen derogación del régimen de excepción en El Salvador por miles de denuncias y muertes (2024). ABC.
Ver también
El anhelo de un Bukele en Colombia. (Santiago Dussan).
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