No hace falta estar indignado

Colocar los sentimientos en el centro de la política, algo que tiene perversos antecedentes, cortocircuita el uso de la razón. Los sentimientos desatan la acción que, con un ánimo más sereno, se deja guiar por las normas de la moral y la razón. Sería en extremo chocante que un movimiento que se coloca el cartel de la indignación no derivara en una violencia abierta. Tenuemente amenazadora, en sus primeras horas, y creciente a medida que sus acciones cubren con impunidad el vacío dejado por la respuesta del Estado. Es un ejemplo de cómo la proscripción de la violencia ampara y fomenta la violencia.

A pesar de las asambleas sin fin y de los debates en Internet, los indignados parecen adolecer de una falta de claridad de ideas. No es ya por qué se indignan o al menos por qué protestan. La confusión se da también en cuáles deben ser los medios para encauzar esa protesta. El grito más repetido, y el que tiene más coherencia con sus acciones, es el de «no nos representan», proferido ante los políticos electos y acompañado de violencia. Pero sus fines, que exigen más control de la vida ciudadana por la política, son contradictorios con el discurso antipolítico. Muestran cierta violencia, pero no la suficiente para una revolución. Piensan en cambiar las cosas por medio de la opinión pública, pero su mensaje es confuso y contradictorio. Es una rebelión estéril.

Pero hay una alternativa. Por lo que se refiere a los fines, la rebelión puede buscar que los políticos nos dejen en paz. Que nos dejen, como trabajadores, llegar a un acuerdo con los empresarios en los términos que a ambos nos compensan. Que nos permitan como padres elegir el tipo de educación que queremos para nuestros hijos, o que nos permitan educarnos a nosotros con plena libertad. Que nuestro consumo dependa de la libre oferta de los productores, nuestras preferencias y nuestra disponibilidad económica, sin las prohibiciones y regulaciones impuestas por el Estado. Que podamos disfrutar de los frutos de nuestro trabajo sin que nos lo quite el Estado. Que nos dejen disponer de nuestro sueldo para elegir la forma de proveernos de capital para el futuro. Que no se violen nuestras libertades con la excusa de la lucha contra el crimen. Que no se cercene nuestra libertad de expresión o la de aquellos medios que nos gustan. Los ejemplos, por desgracia, son innúmeros.

Por lo que se refiere a los medios, no hay que recurrir a la violencia. Basta recordar nuestro derecho a la desobediencia civil. El Estado nos impone normas que invaden nuestros derechos, cercenan nuestras libertades y nos roban nuestro tiempo y nuestro dinero. Son injustas. Somos dueños de nuestros derechos y podemos ejercerlos, contra tales leyes. Como dice Thoreau, el gobierno «no tiene la vitalidad y fuerza de un solo hombre: porque un solo hombre puede doblegarlo a su antojo». No hace falta recurrir a la violencia, basta con la resistencia pacífica. El poder del Estado se basa en la violencia. Pero tiende, entre la violencia y el cumplimiento de sus objetivos, un manto de legitimidad que en la mayoría de los casos es falso. Descubrámoslo con la desobediencia; pacífica, esto es. Tenemos el derecho a ignorar al Estado, si no es un instrumento de nuestra conveniencia. Muchos ya lo hacen.

Además, los indignados tienen un problema de representación y legitimidad. Ellos no aceptan a los políticos como representantes suyos. Y no tienen por qué, el derecho a sentirse representado es enteramente suyo. Claro, que lo mismo ocurre con sus asambleas y sus portavoces. En una rebelión de verdad, basada en la desobediencia pacífica, este problema se disuelve. Cada uno se representa a sí mismo, que es quien se niega a cumplir las leyes.

Aunque para todo ello no hace falta estar indignado. Pero sí es necesario tener una idea clara de cuáles son nuestros derechos, de cómo los viola sistemáticamente el Estado y de cómo éste se interpone constantemente en la consecución de nuestros fines.