Dijo en una ocasión Warren Buffett que sólo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo. La inundación crediticia vivida durante los años de la burbuja invitó a buena parte del sistema financiero español a despojarse de su ropa. Todos los desmanes quedaban cubiertos por esa riada monetaria que lo cubría todo. El pinchazo de la burbuja puso en evidencia que una parte del sistema financiero español iba con sus vergüenzas al aire. Pero un Gobierno encastillado en la negación de cualquier problema económico y un Banco de España altamente politizado pusieron su empeño en encubrir la desnudez del sistema, disfrazándolo del "mejor sistema financiero del mundo". Tras cuatro años tapando a duras penas una insolvencia cada vez más evidente, el Gobierno de España ha decido levantar la mano ante Europa y el mundo, y solicitar un rescate para la banca.
La evidencia de que el Gobierno iba a pedir un rescate era que no hacía más que negarlo. Todo lo que se niega públicamente termina, tarde o temprano, aprobado por un Consejo de Ministros. Y en este caso, el rescate se niega incluso mientras se confirma. Tal fue la pose del Ministro de Economía, Luis de Guindos, al comunicar que los bomberos de Bruselas llegaban con sus mangueras crediticias "para dar apoyo financiero", especificando que "no tiene nada que ver con un rescate". El caso es que Europa sale al rescate de la banca española ante la imposibilidad del Gobierno de taponar la herida dados los problemas que tiene el propio Estado para financiarse. Por tanto, los fondos de rescate europeos, el ESFS y el ESM, ponen a disposición del Gobierno mediante el FROB una línea crediticia de 100.000 millones de euros para la recapitalización del sistema financiero. Ésa es la forma que tiene el salvavidas que generosamente nos lanzan desde Bruselas. Es, finalmente, el contribuyente europeo quien pagará los platos rotos de una crisis financiera de marcados tintes políticos. Y no lo dude: será el contribuyente español quien, a la larga, acabará soportando esta carga.
Una cosa es importante mencionar: no está podrido todo el sistema financiero español. Hay ciertos bancos españoles que están entre las entidades más solventes y más rentables del mundo. Son bancos que han apostado por la internacionalización, por la diversificación y por una estrategia relativamente conservadora. Para estos bancos, el rescate público supone una suerte de competencia desleal que penaliza la mejor gestión de sus riesgos. Sin embargo, por otro lado queda una constelación de entidades, principalmente cajas de ahorros, que funcionan con respiración asistida. Son entidades que han servido, en la mayoría de los casos, de brazo financiero del poder político regional. Y no se ha encontrado mejor solución para tratar de esconder las vergüenzas políticas de estas cajas, que proceder a fusionarlas sin mucho análisis para terminar creando unas manzanas podridas demasiado grandes para quebrar. El problema financiero que vivimos es otra demostración más, en definitiva, de que no hay peor gestor que un político español.
El asunto de fondo es que la intervención financiera europea en España no es otra cosa que dos rescates en uno. Es un rescate por parte del contribuyente a esas entidades politizadas incapaces de permanecer solventes por sí mismas. Pero también es un rescate al propio Gobierno. El hecho de que tenga que intervenir la Unión Europea inyectando dinero al FROB es la manifestación palmaria de que el Estado español, tras cuatro años de estricta política keynesiana y déficit desbocado, está al borde de la bancarrota. La no intervención de Bruselas es probable que hubiera obligado al Gobierno español a rescatar a la banca, y, acto seguido, a pedir ayuda a Europa.
Confirmado el rescate a la banca española, e indirectamente al Estado, por parte del contribuyente europeo, cabe hacerse una incómoda pregunta: ¿existía otra alternativa? Es cierto que en un sistema de banca con reserva fraccionaria, dinero fiduciario y banca central, la quiebra de una entidad financiera de cierto tamaño puede provocar el colapso del sistema de pagos de la economía como por arte de magia. Esto sucede por la naturaleza puramente ilíquida con la que opera la banca de reserva fraccionaria, por la que el dinero corriente de la población está en su mayoría inmovilizado en inversiones y préstamos a determinado plazo y riesgo. Pero, ¿significa esto que no hay otra alternativa que hipotecar al maltrecho e inocente contribuyente? El Instituto Juan de Mariana, a raíz de la nacionalización de Bankia, publicó una nota en la que expone una alternativa de rescate financiero más respetuosa con los contribuyentes, más eficiente y mucho más justa.
Dicha alternativa, denominada recapitalización interna o bail-in, se divide en dos pasos. El primero es que los accionistas, como los de cualquier otra empresa que quiebra, pierden su inversión. Esto es lógico, y necesario, en un sistema capitalista. Al igual que los accionistas son quienes cosechan beneficios cuando las cosas se hacen bien, también tienen que sufrir las pérdidas cuando se hacen mal. De lo contrario, el sistema de incentivos lógico de una economía de mercado quedaría triturado, enviando el mensaje de que lo mejor es asumir cuantos más riesgos, mejor. El segundo paso es la conversión de aquellos pasivos a más largo plazo y a más riesgo, como la deuda subordinada, en fondos propios de la entidad. De esta manera, los acreedores que apostaron por la entidad corriendo más riesgo, y obteniendo más rentabilidad, pasarían a ser los nuevos dueños de la entidad, recapitalizándola totalmente y dejándola solvente y lista para volver a generar beneficios.
Al final, la obsesión política por colocar la carga de todos sus errores sobre los hombros de los contribuyentes ha podido sobre la aplicación de mejores y más eficientes sistemas de recapitalización financiera. Nuestros gobernantes tienden a optan por políticas que penalizan a los ciudadanos, introducen riesgo moral y deterioran la eficiencia de aquello que tocan, hasta llegar a la humillación ciudadana someterse a un rescate internacional. En esas estamos. Que no sirva, al menos, para que la falsa sensación de respiro relaje a las autoridades españolas, y las invite a dejar de hacer las reformas que la economía necesita para estar saneada y ser de nuevo productiva.
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