Pacto de Marrakech para la inmigración, ¿oportunidad o peligro?

El documento riega de derechos, la mayoría de ellos pseudoderechos, la figura del emigrante.

La ONU ha promovido un acuerdo en materia migratoria que han suscrito 164 países. El objetivo declarado del mismo es favorecer el movimiento migratorio, y que se haga de forma más ordenada y segura. El libre movimiento de personas entre países es beneficioso, en general, tanto para el emigrante como para la sociedad de acogida; es una muestra más de cómo la interacción voluntaria entre personas es beneficiosa. El acuerdo entre Estados promovido por la ONU, ¿nos acerca a que prevalezca una sociedad más abierta y libre?

Un documento con 23 objetivos declarados, cada uno desglosado en varias medidas específicas, acordado y dirigido a los Estados miembros de la ONU no parece el contexto más prometedor, pero tiene elementos positivos y negativos; y es inimaginable que fuera de otro modo.

El quinto objetivo, por ejemplo, prevé “facilitar la movilidad laboral dentro de las regiones”, por medio de “regímenes de libre circulación” o liberalización de visados, aunque dentro de “las prioridades nacionales” y demás concesiones a la planificación económica. El documento reconoce y fomenta la idea de una planificación económica, y de hecho habla de “promover una correspondencia efectiva entre la oferta y la demanda”, como si fuera una tarea gubernamental, y no de los mercados.

El 18, por su parte, prevé “el reconocimiento mutuo de aptitudes, cualificaciones y competencias”, lo que eliminaría algunas barreras en el mercado laboral global. También contempla “promover transferencias de remesas más rápidas, seguras y económicas”, aunque de nuevo esa es labor del mercado.

Pero el acuerdo tiene muchos elementos que ponen en peligro que esta fuerza social, que puede acercarnos a una sociedad más libre, nos aleje un poco de ella. Algunos son indirectos y no muy intuitivos. Por ejemplo, el documento no distingue entre emigración legal e ilegal. Este es un elemento conflictivo, porque la legalidad puede ser muy restrictiva, y suponer un ataque al derecho individual de establecerse en cualquier parte del mundo en el que le acojan y se pueda valer por sí mismo, que es de lo que hablamos. Pero las corrientes migratorias suelen ser de países con Estados de derecho fallidos a otros en los que son más robustos. Y esta negativa de la ONU de distinguir entre migración legal e ilegal puede contribuir a socavar la prevalencia del Estado de derecho en los países de acogida.

El documento riega de derechos la figura del emigrante; la mayoría de ellos son pseudoderechos: los concedidos por los políticos, y que no están enraizados en el derecho sobre la propia persona y sobre los frutos de su acción económica. Ahora iremos a ello, pero lo interesante en este momento es que parece concederle también el derecho de cruzar una frontera independientemente de las leyes del país de acogida, lo cual creo que es defendible pero también puede contribuir a minar los Estados de derecho.

El emigrante es portador de nuevos derechos “positivos”, concedidos o “creados” por la ONU, pero no hace referencia a que tenga deber alguno respecto de la sociedad de acogida, como la de respetar la cultura y los usos del lugar, o algo tan obvio como no cometer crímenes.

No se puede entender el fenómeno de las migraciones desde un punto de vista liberal si no lo miramos desde el individuo. Y entiendo que al igual que tiene el derecho a cruzar cualquier frontera e instalarse donde pueda sostenerse por sí mismo y encuentre un acomodo, es decir, donde se integre en la sociedad, tiene que cumplir con las obligaciones que serían propias de una sociedad libre. Y que si no lo hace es legítimo expulsarle. El documento de la ONU no hace mención ni de los comportamientos que se deben exigir a los inmigrantes, ni las condiciones en las que se les puede expulsar. Como si su solo deseo de emigrar les otorgara un derecho exorbitante.

Y se lo otorga, según la ONU, que también convierte al emigrante en un sujeto de “derechos positivos”. Su presencia en tierra extraña le convierte en sujeto de derecho de la sanidad y la educación del país, con plenitud y sin restricciones. Como si la escasez no existiera. Y sin exigir a los inmigrantes una contrapartida, una aportación a la sociedad.

Todo ello, más el pegajoso lenguaje de la ONU y sus implicaciones (perspectiva de género y demás), y el hecho de que en ocasiones parece haberse inspirado en el Apocalipsis al dirigirse a las siete Iglesias, resulta muy problemático. Pero aún hay otros elementos potencialmente muy peligrosos.

Nadie esperará de una institución como esta un ápice de honradez intelectual. Pero es llamativamente burda su contradicción. Por un lado (y esto de nuevo creo que es positivo), prevé mejorar los datos sobre el fenómeno de las migraciones, su comparación entre regiones y su estudio. Como creo que la realidad social tiende a refrendar la concepción liberal de la sociedad, contribuir a su conocimiento no puede ser malo para la libertad.

Pero la ONU no necesita ninguna investigación, ya que tiene su propia concepción de cómo es la inmigración, un fenómeno nunca negativo, siempre positivo. Y, como si supiera que su discurso es falso, el documento otorga instrumentos y respaldo a la censura de las visiones distintas a la suya sobre el mismo. No distingue entre las muestras de odio hacia los extranjeros y la expresión de los problemas de la inmigración sobre el mantenimiento del Estado de derecho o del estado de bienestar. Se puede llegar al absurdo de que exigir que la inmigración sea por cauces legales sea condenable.

Y aún hay más, pues prevé la creación de nuevas instituciones públicas que velarán por el cumplimiento de estos objetivos; más funcionarios dedicados a ampliar la visión de los políticos y, al final, a cercenar la libertad de los ciudadanos. De modo que el pacto para la inmigración firmado en Marrakech tiene más peligro para la libertad del que puede parecer.